Medio centenar de bares de Alicante, a juicio por piratear partidos de LaLiga

La Fiscalía ha pedido llevar al banquillo a medio centenar de bares de la ciudad de Alicante por piratear la señal de las retransmisiones de LaLiga de Fútbol española, según ha confirmado este diario en fuentes judiciales. Se les acusa de un delito contra la propiedad intelectual y se reclama para cada uno de ellos un año de cárcel y el pago de una multa. Encuentros deportivos ofrecidos a la clientela de sus locales y con los que los locales se garantizaron tener un buen aforo cuando no había restricciones y el virus no había entrado a formar parte de la vida cotidiana. LaLiga Nacional de Fútbol tenía la exclusividad para su difusión audiovisual y ahora reclama a los propietarios de los locales por las pérdidas que les ha causó estas emisiones públicas. En todas estas causas, LaLiga está personada como acusación particular en todos los procedimientos abiertos.

Esta batería de acusaciones es consecuencia de operaciones desplegadas por toda la geografía nacional y tras una denuncia de LaLiga Profesional de fútbol. Durante varios fines de semana, un gran dispositivo se presentaba de manera simultánea en locales donde se estaban produciendo las infracciones para cesar las emisiones fraudulentas. Buena parte de las actuaciones llevadas a cabo en Alicante se corresponden a los meses diciembre de 2018 y 2019, este último mientras se estaba disputando el encuentro entre el F. C. Barcelona y el Alavés.

Dispositivo especial

Cuando todavía la hostelería está asfixiada por las restricciones de la pandemia, la instrucción de estas causas ha acabado y se están enviando a distintos juzgados de lo Penal de toda la provincia. En Alicante la mayoría de estas denuncias acabaron concentradas en dos macrocausas en los juzgados de Instrucción número cinco y ocho, coincidiendo con los días en los que se llevaron a cabo los dispositivos. Cada local donde se localizó la infracción está siendo llevado a juicio por separado. En el resto de la provincia, la cifra podría ser similar, ya que en su día se hicieron actuaciones similares en Benidorm, Alcoy , Elche y Torrevieja. Asuntos que podrían haberse enviado a juicio, ya que el criterio de la Fiscalía es el de pedir a estos locales que se los lleve a juicio. En España ya se han celebrado alguno de estos juicios, que han terminado con sentencias condenatorias.

Fuentes de la Fiscalía precisaron que se han dividido las denuncias en dos grandes bloques: por un lado, los que usaban descodificadores ilegales para poder ofrecer estos partidos a sus clientes sin pagar; y por otro aquellos que se servían de suscripciones particulares a las distinta plataformas, para hacer una difusión pública. En algunos de los locales inspeccionados, los partidos que se estaban ofreciendo correspondían a las ligas extranjeras, en los que no había un propietario de los derechos audiovisuales para la difusión en España, motivo por los que la Fiscalía ha acabado pidiendo el archivo, han indicado las mismas fuentes.

Los dispositivos se iniciaron a raíz de que en el año 2018 LaLiga encargara a sus inspectores una auditoría que destapó más de 4.000 emisiones ilegales en otros tantos establecimientos. LaLiga les advirtió por carta de que habían sido descubiertos poco después del verano de ese año. En la misiva, se les invitaba a subsanar la irregularidad -contratando legalmente la emisión pública de los partidos de fútbol- y se les advertía que, de lo contrario, se actuaría contra ellos.

Alrededor de 1.900 bares y casas de apuestas persistieron en las emisiones piratas, lo que provocó la denuncia ante la Brigada Central de Ciberdelincuencia (BCC) de la Policía Nacional en Madrid. Tras elaborar un listado de «sospechosos», los ciberagentes de la brigada central diseñaron una operación conjunta en toda España en un primer dispositivo, para que los agentes desplegados actuaran en plena emisión de los partidos de la Champions League y de la Europa League.

Criterios diferentes

LaLiga cifraba en cerca de 500 millones de euros las pérdidas que les causaban estas emisiones piratas en toda España. Esos clientes que veían el fútbol en el bar, eran espectadores en potencia que no pagaban por ver un partido en el que tenían interés.

Hay diferencias de criterio entre la Fiscalía de Alicante y los abogados de LaLiga sobre cuál es el perjuicio económico causado. Mientras que el Ministerio Público únicamente reclama una indemnización de 260 euros por el perjuicio económico causado a los titulares de los derechos; LaLiga de Fútbol les pide 1.235 euros por considerar que se trató de una situación que se prolongó durante cinco meses y no solo el día en el que se llevó a cabo la operación por el partido. Por este motivo van a presentar en los juicios a sus propios peritos para argumentar sus conclusiones. También les piden dos años y tres meses de prisión por el delito.

Operación Themis, a la caza del descodificador

Los operativos se llevaron de manera simultánea en locales de toda la geografía nacional. Dispositivos en los que no hubo detenciones, aunque los responsables de los locales fueron citados en calidad de investigados. En muchos de estos registros, la Policía se incautó de los descodificadores ilegales que permitían a los locales el pirateo de la señal. En otros casos, se detectó que la tarifa pagada no era la que tenía contratada el establecimiento.

Suscríbete para seguir leyendo