Varios policías testificaron ayer en el juicio que la red del sirio nacionalizado holandés Ammar T. envió entre 2013 y 2015 desde su empresa de Crevillent material para yihadistas que combatían en Siria y que encontraron en 2016 en unas naves suyas ropa militar empaquetada en balas.

La Audiencia Nacional reanudó ayer el juicio a Ammar T. y a otros seis acusados de integrar una organización que supuestamente envió en dicho periodo desde España a Siria e Irak material para los grupos terroristas Daesh y Jabhat al Nusra, sobre todo uniformes militares, pero también armas, explosivos, equipos electrónicos y de transmisiones y dinero.

Uno de los agentes que testificaron ayer explicó que Ammar T. realizaba los envíos utilizando la empresa de exportación que había constituido en la provincia de Alicante camuflados en mercancías de ropa usada dentro de contenedores desde puertos españoles, como el de València, hasta el turco de Mersin. Añadió que posteriormente trasladaban el material hasta zonas de conflicto de Siria, especialmente en las que estaba asentada Jabhat al Nusra, como Idlib y Alepo.

Este policía relató que descubrieron el perfil de Facebook de Ammar T., donde comprobaron en 2013 sus vínculos con grupos armados de Idlib, adonde solía viajar, y que publicó fotos con armas de guerra, además de posicionarse en sus comentarios en árabe a favor de los grupos yihadistas insurgentes. Este y otra agente que participaron en el registro de las naves de Ammar T. en Crevillent recordaron que duró mucho tiempo pues tuvieron que abrir las cientos de balas de ropa usada que se encontraba almacenada y que descubrieron escondidas más de una decena de color rojo llenas de uniformes militares.

El primer testigo relató que en ocasiones era difícil realizar la vigilancia a Ammar T. porque conducía su vehículo a gran velocidad, incluso a 180 kilómetros por hora, y era habitual que realizara viajes a países como Siria, Turquía, Marruecos y Reino Unido.

Agregó que en su teléfono móvil encontraron contactos internacionales que les hizo sospechar que también gestionaban el envío de mercancías desde otros países con el material militar que le reclamaban desde Siria.

El fiscal pide en sus conclusiones provisionales penas de entre 13 y 28 años de prisión para los acusados como presuntos autores de delitos de pertenencia y financiación de organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo, tenencia de armas de fuego y blanqueo de capitales. El juicio sigue hoy en la Audiencia Nacional.