La Audiencia de Alicante ha condenado a un vecino de Orihuela a dos años de prisión por estafar más de 35.000 euros en la venta ficticia de vehículos a precios económicos a cuatro personas, familiares y amigos de quien fuese su compañera sentimental, con quienes había conseguido entablar una relación de confianza.
La sentencia, dictada por un tribunal de la Sección Tercera tras el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía, establece que el procesado, de 44 años y residente en Orihuela, se hizo pasar por propietario de cuatro empresas vinculadas al sector de la automoción para plantearles a esos cuatro conocidos la venta de vehículos nuevos o seminuevos de la marca Nissan a precios reducidos y competitivos.
De este modo, los cuatro allegados de su expareja contrataron de manera verbal la compra de esos coches y fueron realizando distintas entregas sobre el precio total de los coches que habían encargado entre los años 2014 y 2017. Todo, con la confianza en la credibilidad que habían depositado en el acusado.
Esas cantidades fueron ingresadas en cuentas bancarias del propio procesado, además de en otras en las que figuraban como titulares su madre, su actual pareja sentimental o incluso un compañero de trabajo.
Según la sentencia, ninguna de esas personas tuvo participación en los hechos y desconocían "la trama engañosa" que había articulado el acusado para apropiarse del dinero que le habían entregado a cambio de los coches.
A la postre, no entregó los vehículos, ni devolvió las entregas efectuadas a cuenta, pese a los requerimientos formulados por los compradores por el tiempo transcurrido desde que realizaron sus ingresos.
En su conjunto, los cuatro perjudicados hicieron entrega de una suma total de 35.604 euros, por la que decidieron emprender acciones legales para reclamar su restitución.
El procesado consignó la devolución de los primeros 3.000 euros en la cuenta del tribunal tres días antes de la celebración del juicio. Además, en virtud del acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía, se comprometió a reintegrar el importe restante a los perjudicados en un plazo de 4 años, mediante pagos mensuales de 679 euros.
En ese pacto de conformidad, la Fiscalía aplicó la atenuante de reparación del daño, así como la de dilaciones indebidas en la celebración del juicio por causas no imputables al acusado. Además, planteó la suspensión de la pena privativa de libertad con la condición de que el condenado no delinca en un plazo de cuatro años.
