Los juzgados de la provincia de Alicante están investigando o tienen pendientes de enjuiciar asuntos por presunto fraude fiscal de hasta 300 millones de euros. De las investigaciones abiertas, un total de 60 causas superan la cantidad de 360.000 euros defraudadas. Uno de los servicios de la Abogacía del Estado es precisamente el tratar de recuperar para las arcas públicas este dinero, ejerciendo la acusación particular en estas causas. Se trata de un cuerpo de élite y altamente especializado dentro de la Administración de Justicia destinado a defender los intereses del Gobierno Central en los procesos judiciales donde éste tenga interés. A pesar de la importancia y el papel de la provincia en la lucha contra el fraude fiscal, este cuerpo ha estado bajo mínimos en la provincia de Alicante durante los últimos años.
En la actualidad, con la llegada después del pasado verano de dos nuevas letradas recién incorporadas tras sacar la oposición, son tres los profesionales con los que cuenta la Abogacía del Estado en la provincia y que se deben de repartir los cerca de 3.000 pleitos al año en los que intervienen de distintas materias. Con el actual volumen de trabajo con el que saldrían a cerca de un millar de asuntos al año por cabeza. Sin embargo, la preparación para un juicio por fraude fiscal no es la misma que la que requiere un recurso en materia de Extranjería, multas o cualquiera de los asuntos en los que interviene la Abogacía estatal. Tanto para prepararse el juicio o como para presentar los escritos de acusación, que suelen superar el centenar de folios. En los últimos años han llegado a contar con solo dos y durante algunos meses hasta un solo letrado. Tradicionalmente siempre había cuatro abogados representado los intereses del Gobierno en los tribunales en la provincia.
De todos estos asuntos en los que intervienen, las causas de fraude fiscal se llevan mucha parte del trabajo de preparación. Hasta tres semanas para estudiar causas con miles de folios para poder intentar acreditar delitos contra verdaderas tramas de ingeniería financiera urdidas para tratar de ocultar a la Administración Pública los ingresos ilícitos.
Tanto en la Audiencia Provincial como en los juzgados se encuentran atascadas macrocausas con multitud de investigados, empresas pantalla y fraudes millonarios, cuyo volumen hace complicado encontrar hueco en las ya colapsadas agendas de los tribunales porque son necesarias semanas de vista oral para poder dejarlos vistos para sentencia. La falta de abogados del Estado ha venido lastrando la celebración de estos juicios, ya que a veces no tenían capacidad ni para asistir o preparar escritos de acusación.
Próximos grandes procesos
Entre las macrocausas a la espera de ser juzgadas, se encuentra el presunto fraude fiscal de ocho millones de euros por la mercantil Autosalón en la importación de coches de lujo. Tras haberla suspendido hasta en cinco ocasiones, se ha señalado en enero y sentará en el banquillo a seis acusados. Otro macroproceso suspendido en varias ocasiones y previsto para el próximo 2022 es otro fraude que sentará en el banquillo a treinta personas por un presunto fraude de hasta 16 millones en la importación de calzado asiático a la provincia de Alicante. Asimismo, hay una segunda causa a los presuntos cabecillas de esta misma red y que sentará en el banquillo a medio centenar de procesados más y cuya instrucción está a punto de finalizar en un juzgado de Alicante. Recientemente en la Audiencia también ha quedado visto para sentencia el recurso contra la absolución al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, dictada por un juzgado de lo Penal por haber defraudado a Hacienda hasta 682.000 euros. La Abogacía del Estado y el fiscal piden anular el primer juicio al exregidor.
Las marchas del personal a otros destinos, la defunción de algún compañero y las dificultades para cubrir bajas habían llegado a dejar al cuerpo con dos y hasta tan solo un letrado en la provincia de Alicante en los últimos años. Los meses de parón judicial en el estado de alarma sirvieron para ir ganando tiempo en una situación que ya era asfixiante. Los años de las políticas de recortes y la dificultad de los exámenes para cubrir las plazas no hacían que esta situación pudiera solventarse con cierta agilidad. Durante las últimas oposiciones celebradas en España el pasado julio, solo veinte letrados lograron aprobar el examen, quedándose cinco de las plazas sin cubrir. Dos de ellas son las recién incorporadas en la provincia.
Hilda Pérez vuelve tres años después de su marcha
La que fuera responsable de la Abogacía del Estado en la provincia de Alicante, Hilda Pérez Guardiola, ha regresado prácticamente a los tres años de haberse trasladado a Madrid. Sin embargo, no ha vuelto para ejercer como abogada del Estado sino para suceder a otro veterano del cuerpo Víctor Murcia, tras su jubilación como jefe jurídico de la Agencia Tributaria de Alicante. Las actuales restricciones a causa de la pandemia han provocado que su marcha no haya podido contar con las despedidas multitudinarias que suelen a acompañar a la de los veteranos.
