Unas escuchas telefónicas autorizadas inicialmente en el año 2012 por un juzgado de San Vicente del Raspeig pusieron al descubierto una red de presuntos narcos dedicada a la producción y el cultivo de marihuana indoor en viviendas en distintas localidades de la provincia, como Alicante, Monforte del Cid, Busot, así como en Molina de Segura (Murcia) y en Córdoba. Ninguno de los diecisiete acusados investigados en esta causa tendrá que ingresar en prisión tras la conformidad alcanzada en la Audiencia Provincial, nueve años después del inicio de la investigación. Una causa voluminosa, que ha obligado a desplazarse a una sección de la Audiencia a la otra punta de la ciudad para tener unas dependencias adecuadas al aforo que iba a haber en la sala y que era carne de cañón para el plan de conformidades de la Fiscalía, que busca desatascar los tribunales colapsados por todas las vistas que se han tenido que suspender a causa de la pandemia.
La situación de los acusados no es la misma que en la que se encontraban cuando tuvieron lugar los registros años atrás autorizados por un juzgado de Alicante. La Fiscalía entiende que hay una atenuante por dilaciones indebidas y en algunos casos, considera probado que muchos de los acusados actuaron por su dependencia de las sustancias tóxicas. Las penas que se reclamaban antes del acuerdo oscilaban entre uno y cuatro años de cárcel. Solo con los retrasos que acumulaba esta causa la pena que fuera a imponer se tenía que rebajar por las dilaciones indebidas, señalaron fuentes judiciales. El volumen de implicados y las dificultades para encajar en la agenda un juicio que tenía cinco sesiones previstas de duración.
En total se desmantelaron seis plantaciones durante ocho registros, donde se intervinieron un total de 4.147 plantas. La plantación donde más droga se encontró tenía 1.286 ejemplares en una de las viviendas registradas en Molina del Segura. Algunos de esos cultivos se abastecían ilegalmente de la red de alumbrado público.
Todos los acusados se encontraban en libertad por estos hechos. Solo uno de estaba en prisión por su implicación en otras causas, aunque había otros dos procesados en rebeldía que no pudieron ser localizados para el juicio. De todos los encausados, solo hubo uno que se negó a cerrar un acuerdo, defendido por Rafael Mira Zaplana, al sostener que no tenía ninguna vinculación con el narcotráfico y que su única participación en los hechos fue vender aparatos de aire acondicionado a otros implicados, sin saber que éstos iban a ser reutilizados en algunas de las plantaciones desmanteladas.
La sesión de este miércoles en principio solo iba a reservarse para que las partes plantearan las cuestiones previas, pero sobre la mesa y antes de empezar se puso sobre la mesa la posibilidad de rebajas sustanciales en las condenas a los acusados si se declaraban culpables. Entre los abogados que han negociado el acuerdo se encuentran Joaquín de Lacy, Aitor Esteban Gallastegui y Agustín Ribera. Buena parte de la mañana se dedicó a ir negociando los términos del acuerdo y al final hacia las 13.00 horas se levantaba la sesión, tras la renuncia de las partes a la declaración de los testigos que estaban citados para las próximas semanas.
La Sección Segunda cerraba así un largo juicio en el que había tenido que reservar el salón de actos de los juzgados de Pardo Gimeno, por lo que se habían tenido que desplazar a la otra punta de la ciudad para poder celebrar la vista oral. Este espacio era la mejor opción para celebrar juicios con un gran número de acusados en el banquillo, dado que no tiene salas con capacidad para albergar a tantas personas. Cada procesado va acompañado de su abogado y en tiempos de covid las aglomeraciones no son aconsejables.
