Todo estaba preparado para que este viernes pudiera comenzar en la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante un juicio por estafa en el que se sentaba en el banquillo el que fuera presidente del Colegio de Graduados Sociales, Francisco Javier Méndez. El jueves a las dos de la tarde en la oficina judicial se recibió un parte de baja del acusado durante doce días por problemas de mareos y vértigos. No es la primera vez que el día antes del juicio, la sala recibe un parte médico que obliga a la suspensión de la vista. Ya era la cuarta que se aplazaba y dos plantas más abajo, en otra sección hay otro proceso pendiente que se ha tenido que posponer en otras tres ocasiones. El juicio se ha vuelto a señalar para el 18 de junio pero el presidente del tribunal hizo una advertencia a la defensa: «Es la última vez».
En esta causa, Méndez está acusado de haberse apropiado de 12.000 euros de una indemnización del Fogasa por el despido de un cliente y que fue abonada en marzo de 2016. El procesado, que además de graduado social es abogado, representó a la víctima en una reclamación a una empresa de manufactura de calzado, en la que el empleado trabajaba como peón. La Fiscalía reclama cinco años de prisión por un delito de apropiación indebida.
La primera vez que este juicio estuvo señalado fue el covid el que obligó a la suspensión poco después de que terminara el verano de 2020. El procesado adujo que había estado en contacto con un positivo y que debía guardar una estricta cuarentena ante el riesgo de que pudiera contagiar a otras personas. Dada la situación epidemiológica, la sala dio por bueno este motivo y procedió a buscar nueva fecha. Cuando meses más tarde se volvió a señalar otra fecha fueron problemas de hipertensión los que motivaron que el juicio se tuviera se aplazar. La sala dejó unos días de margen para comprobar si la situación médica se clarificaba, pero tras un nuevo señalamiento, comunicó que los médicos le han pedido reposo y que no haga esfuerzos. Ayer era la cuarta que se intentaba.
Otros aplazamientos
En la Sección Primera se han suspendido otras tres veces juicios para este mismo acusado. En aquella causa, se le acusa de apropiarse del dinero de las indemnizaciones por despido de cinco trabajadores del sector del mármol y que ascienden a un total de 75.000 euros. En una de las suspensiones no fue él sino su abogado el que tuvo que someterse a cuarentena por haber estado en contacto con un enfermo de covid. La sala hizo un intento de celebrar el juicio la semana pasada, aunque esta vez el aplazamiento se debió a causas totalmente ajenas a problemas médicos: un cambio de representación entre las aseguradoras para las que se pide el pago de las responsabilidad civil. Se le reclaman otros cuatro años de prisión.
Todavía está pendiente de señalar otra de las principales causas contra él, la querella que presentó contra él el Colegio de Graduados Sociales de Alicante, la entidad que presidió, y que le acusa de haberse apropiado de cerca de medio millón de euros durante los años 2015 y 2016. Le acusan de haberse aprovechado de su cargo y de la confianza que tenían en él los miembros de las junta para quedarse con dinero del colegio para gastos personales. La institución le reclama seis años de cárcel.
