Epifanio nació en una familia pobre. Amparo, también. Pobres crecieron, pobres viven y pobres han formado una familia con dos críos pequeños (Luis y Antonio) que heredarán la pobreza de sus padres casi con toda certeza. Viven juntos en el tercer piso de una finca en ruinas, en una vivienda que se quemó y que ellos, con infinita paciencia y litros de agua, han adecentado en el Cabanyal, en Valencia. Un espacio de unos 40 metros cuadrados divididos en dos salas y un baño. Una cama de matrimonio, un ventilador, algunos juguetes y algo de ropa. Esas son sus pertenencias. Ni cocina ni muebles tiene la vivienda. "Con el hornillo nos apañamos, aunque tengo que montar la cocina", explica Epi. Y ese techo es lo único que tienen. Pero no es suyo, es de un banco que aunque lo tenía vacío lo reclama en pandemia. Por eso, esta mañana, Amparo y los niños no salieron de la vivienda mientras Epi le pedía a los Servicios Sociales que enviaran al juzgado el informe de vulnerabilidad que llevaba una semana pendiente y que era la única herramienta para paralizar el desahucio de esta familia vulnerable, gracias al decreto estatal que impide desalojar a familias humildes y sin alternativa habitacional hasta el 8 de agosto.

Amparo estaba en el piso, Epi en los Servicios Sociales pero el portal 29 de la calle San Juan de Dios, donde empieza la Malvarrosa, se llenó desde primera hora de la mañana de dos colores: el azul de las camisetas de los integrantes del Sindicat del barri Cabanyal y del verde de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). Jóvenes y no tan jóvenes unidos en la defensa de una vivienda digna para Epi y para tantas otras familias del barrio. Personas que dejan sus quehaceres a un lado para defender el techo de otros. Una lucha que grita "ni gente sin casa ni casa sin gente" y que esta mañana ha conseguido paralizar el desahucio un mes. "En el juzgado nos dicen que no les ha llegado el informe de vulnerabilidad y que por eso se paraliza solo un mes, pero esperamos que el juez revise la documentación y cumpla con el decreto estatal que impide desahucios para familias como esta hasta el 8 de agosto", explican desde PAH Valencia.

El Sindicat del barrio del Cabanyal asegura que hay "demasiadas" familias vulnerables "que pueden perder su vivienda aunque exista un decreto que las ampare porque no saben qué hacer ni cuáles son sus herramientas. Son familias sin recursos que necesitan un techo y tienen derecho a una vivienda digna. Por eso estamos aquí. Las familias del barrio ya conocen el sindicato y se acercan para pedir ayuda. No se puede desahuciar a familias sin ningún tipo de recursos, pero así funciona el sistema. El sistema inmobiliario los expulsa en silencio y es una realidad que vemos a diario y que no cesa. Nosotros ayudamos en lo que podemos y por eso la gente acude a nosotros", explican desde la entidad social. Eso fue lo que hizo Epi. Hace una semana se acercó al Sindicat del barri Cabayal y la maquinaria se puso en marcha. "Hemos tenido dificultades para parar el lanzamiento porque era la tercera vez que el juez lo notificaba a 'ignorados ocupantes'. Cuando eso es así significa que en el juzgado no sabe a quién está desahuciando. Este es el primer aviso para Epi y Amparo", explica Arturo Peiró, desde PAH Valencia.

Y es que Epi y Amapro viven en este piso desde hace poco más de un año y medio, cuando se enteraron de que estaba vacío tras haber sufrido un incendio que lo había dejado inhabitable y decidieron marcharse de la casa del hermano de él, en el barrio de Orriols. Adecentaron el piso y lo han convertido en un hogar en pandemia, en un techo donde estar juntos. Viven de la chatarra y de "alguna que otra mudanza".

La misma semana que Epi y Amparo le pidieron a los servicios sociales que enviaran al juzgado el informe de vulnerabilidad, les tramitaron también la solicitud para cobrar la Renta Valenciana de Inclusión. Jesús Saiz, presidente de la asociación sociocultural evangélica de Barona, no dudó en respaldar a una familia a la que conoce bien y explica el "temor" que le tienen los más vulnerables a los Servicios Sociales. "Es desconocimiento, porque les tienen miedo y deben entender que están para ayudar y solucionar problemas. Pero es que ni se acercan por Servicios Sociales, ni piden ayudas ni nada por miedo y desconocimiento", explica.

Al final, Epi y Amparo han conseguido un mes de prórroga. Ni tan siquiera los tres meses que marca el decreto. Es más, las entidades sociales auguran un "verdadero drama habitacional" cuando caiga el escudo de protección y se reanuden los desahucios a los más vulnerables.