Funcionarios de los centros penitenciarios de Alicante y Villena se han concentrado esta mañana en la puerta de la prisión de Fontcalent para quejarse de su situación con motivo de la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la Unidad de Madres "Irene Villa". La protesta ha sido convocada por la asociación de trabajadores penitenciarios "Tu abandono me puede matar" (TAMPM), que ha intentado trasladarle directamente al ministro las carencias que sufre el colectivo.
Bajo un amplio dispositivo de la Policía Nacional, los funcionarios de prisiones han protestado por su situación de abandono y han afirmado que esperaban que Marlaska cumpliese las promesas de mejora para el colectivo que lanzó al inicio de la legislatura.
Además de Marlaska, han acudido hoy a la prisión de Fontcalent el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y la presidenta de Infraestructuras de Seguridad del Estado, Mercedes Gallizo. El sindicato CSIF afirma que ha trasladado al secretario general de Instituciones Penitenciarias el malestar por la apertura de la Unidad de Madres sin incrementar la plantilla y le ha exigido que se cubran las vacantes en las plantillas de las cárceles de la Comunidad Valenciana.
Según TAMPM, "los trabajadores se sienten más abandonados y traicionados que nunca, reclaman mejoras en sus condiciones de seguridad, cubrir las más de 3000 vacantes existentes, ser agentes de la autoridad, tener una formación y una carrera profesional reales y lograr la equiparación salarial con sus homólogos catalanes".
Sobre la Unidad de Madres que ha visitado el ministro del Interior la asociación que denunciaron ante el Defensor del Pueblo que, tras estar ocho años cerrada, se puso en marcha hace siete meses sin incrementar la plantilla, "poniendo en peligro la seguridad y el tratamiento de los menores de tres años que estuviesen internos en la misma y de sus madres".
A TAMPM le sorprende que el ministro "busque hoy una foto en un centro en el que la problemática de personal sigue sin resolverse; no se entendería que acudiese o un colegio o a un hospital abiertos sin
profesores o médicos".
Los trabajadores penitenciarios "esperan que la sociedad española sea consciente de su necesaria aportación a la seguridad de los ciudadanos, al custodiar a aquellos que la han puesto en peligro y reeducarlos para su futura reinserción", afirma la asociación en un comunicado. TAMPM lleva tres años de lucha por mejorar sus condiciones laborales y se quejan de falta de medios materiales y personales.
Por su parte, el sindicato CSIF ha exigido hoy al secretario general de Instituciones Penitenciarias la cobertura urgente de las vacantes existentes en las prisiones de la Comunidad Valenciana. La central sindical le ha transmitido esta reivindicación durante su visita a la cárcel de Fontcalent, en la que también le ha mostrado su malestar por la apertura de la Unidad de Madres en esta prisión sin reforzar la plantilla.
Según un comunicado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, los centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana sufren una carencia de personal por la falta de reemplazo de jubilaciones. "Esta situación provoca que haya módulos supervisados por dos o incluso un único funcionario, con lo que se multiplica el riesgo", afirma el sindicato.
CSIF afirma que esta situación de escasez de plantilla se ha agravado en la prisión de Fontcalent con la reciente apertura de la Unidad de Madres "sin haber realizado antes una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y, por tanto, sin haber reforzado el personal para atender de la forma adecuada este nuevo servicio. En la práctica, el problema de falta de personal se ha agudizado al incrementarse la labor que asume el mismo número de profesionales, ya de por sí escaso". Por ello, el sindicato reclama una modificación de la RPT para adaptarla a las nuevas necesidades.
La central sindical también ha aprovechado la visita del secretario general de Instituciones Penitenciarias para pedirle que el Gobierno dé un impulso a la ley de cuerpos de prisiones, que se está dilatando y, con su retraso en la tramitación, paralizando las mejoras de condiciones en los puestos de trabajo del colectivo de funcionarios de prisiones.
