El exguerrillero colombiano detenido en Benissa el pasado febrero no quiere ser extraditado a su país. Luis Jhon Castro Ramírez, «El Zarco», un desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional (ELZ) colombiano, señaló este jueves ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no acepta ser extraditado a su país de origen porque, asegura, no ha asesinado a nadie sino que fue el denunciante por el que la Justicia del país supo de determinados hechos. «Y a mi me quieren crucificar, por lo que no acepto la extradición, porque a mi me callarían, hoy en día tanto la guerrilla como el ejército me buscan», apuntó.
Este jueves se celebró la vista de extradición de «El Zarco», detenido en febrero en Benissa, después de que fuera reclamado por Colombia por dos procedimientos diferentes, al tener pendiente una condena de 40 años de prisión por homicidios de personas protegidas y concierto para delinquir agravado.
A «El Zarco» se le imputan hechos como la captación y posterior entrega de 14 jóvenes a unidades militares en el Valle del Cauca y Tolima, que posteriormente fueron asesinados y presentados como bajas de combate.
Su reclamación internacional se remonta a 2007, cuando el prófugo participó en el asesinato de cuatro personas. También fue el responsable de la muerte de otras seis en el municipio de Coyaima, donde miembros del ELZ las ejecutaron para hacerlas pasar por víctimas.
Pero este jueves ante el tribunal Castro Ramírez negó la mayor y defendió que ni recibió dinero ni mató a nadie, y apuntó que tuvo que huir de su país junto a su familia después de confiar en la Fiscalía de su país porque le quisieron asesinar hasta en dos ocasiones. «Mi casa me la ametrallaron después de que declarara en 2000 ante la fiscal, por eso no regresé a Colombia, porque me quieren asesinar», incidió al inicio de la vista.
Pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene lo defendido en su informe, e interesa la extradición de «El Zarco». Entienden que se cumplen los requisitos de legalidad, audiencia y doble incriminación que fija el convenio extradicional, ya que los hechos por los que se le reclama están castigados tanto en España como en Colombia a penas superiores a un año, y además no han prescrito.
Añaden que las razones por las que se reclama a «El Zarco» no son de carácter político ni puede aventurarse que el detenido sufra persecución injusta por motivos religiosos, raciales o políticos en su país de origen, por lo que no hay razones que impidan su entrega, que se ha visto retrasada por motivo del covid-19.
Defensa
Pero la defensa de «El Zarco» se opuso a que fuera entregado a Colombia porque en el conflicto armado colombiano se dieron violaciones de los derechos humanos y «el estado no ha quedado al margen». En este sentido, indicó que Castro Ramírez estuvo a punto de ser «un falso positivo más» y que lo que hizo fue convertirse en denunciante.
Indicaron que no se cumple con el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho a un juicio justo dado que el presidente colombiano, Iván Duque, declaró recientemente sobre Castro que era un bandido de alta peligrosidad que debía ser extraditado para responder en Colombia por sus crímenes. «No se puede permitir la extradición porque ya ha sido condenado sin juicio previo», ha indicado la defensa para preguntarse luego «dónde queda la presunción de inocencia».
