Si hay una persona que hizo todo lo humanamente posible para evitar la muerte de Ixchel y Amiel -de cinco meses y tres años y medio- en marzo de 2019 en Godella, esa es Noemí, la abuela materna de los niños, quien emprendió una cruzada contrarreloj para proteger a los menores, en la que nadie parecía querer escucharla. La mujer describe con pesar toda una concatenación de fallos, por un lado de los policías locales que fueron tres días antes de la tragedia a la casa alertados por ella tras recibir un mensaje de despedida de su hija: "Me voy con el Creador", quienes tras entrevistarse con el ahora declarado culpable de los crímenes, cerraron el aviso con un simple "conflicto relacional". La funcionaria del juzgado de guardia de València que no le quería coger la denuncia, "porque me decía que no estaba denunciando un delito" o el juez que no adoptó medida cautelar alguna, y al remitir el mandamiento a la comisaría de Burjassot "no se le puso un sello de urgencia y lógicamente la policía lo dejó en un montón", reconoce.

Pero más allá de todos ellos, la abuela de los pequeños responsabiliza de lo ocurrido a la psiquiatra del centro de salud de Godella que exploró un mes antes de los crímenes a María, declarada ahora inimputable por un jurado popular que ha considerado probado que tanto ella -sin ser consciente de sus actos por el trastorno de esquizofrenia paranoide que padece- como el padre de los menores acabaron a golpes con la vida de los pequeños. Noemí tiene grabado a fuego la respuesta que le dio la especialista: "Llevo veinte años viendo enfermos y sé muy bien quien está enfermo y quien no", le dijo cerrando su diagnóstico como la "ansiedad de una madre estresada".

"Somos humanos y puedes errar en un diagnóstico", admite Noemí, pero a lo que jamás podrá encontrar justificación posible es que después de que otro compañero psiquiatra del centro convocara una reunión de urgencia para abordar el caso tras el incidente tres días antes de las muertes, la especialista "sabiendo lo que estaba pasando negó una actuación que habría evitado la muerte de mis nietos, los condenó al no actuar a tiempo". De hecho, Noemí reconoce que viendo que la salud mental de su hija había empeorado y ante el riesgo que corrían ella y los niños, acudió desesperada a Psiquiatría porque era la solución más rápida, "ellos tienen la potestad de poder llevarse a un enfermo mental sin necesidad de orden judicial".

Ahora la mayor preocupación de Noemí es que su hija pueda seguir su evolución en un centro de tratamiento médico adecuado a su enfermedad, como así solicita el fiscal, pero tiene claro que un centro psiquiátrico penitenciario no es el lugar idóneo. "Foncalent no es el centro que necesita María si realmente quieren que se recupere", remarca la abuela de los niños. "Han estado casi seis meses sin psiquiatra y en este momento hay uno para unos 400 presos psiquiátricos", apunta la mujer. Además recuerda que la recomendación es que el centro donde se ingrese a personas con patologías mentales no esté a más de veinte kilómetros de su entorno. "Para ella sería muy negativo, la separarían de sus amistades, que apenas podrían ir a visitarla y la están ayudando en su recuperación", argumenta.

Con el veredicto de culpabilidad, que reconoce la autoría de Gabriel en la muerte de los niños, espera poner fin a la pesadilla vivida a lo largo de estos dos años, en los que la madre de María asegura haber sufrido el acoso de los medios de comunicación y el dolor de la estigmatización de la enfermedad mental. "Algunos la calificaban como ‘la loca’ que mató a sus hijos", lamenta Noemí pidiendo respeto y que se la trate como lo que es, una persona enferma.