Una fiscal de Alicante ha reclamado penas de prisión para un indigente que estaba pidiendo dinero a los viandantes en la puerta de un supermercado durante el confinamiento domiciliario al inicio de la pandemia. Las reiteradas órdenes de la Policía advirtiéndole que no podía estar allí fueron incumplidas y al tercer requerimiento acabó siendo denunciado por un delito de desobediencia a agentes de la autoridad. Aunque no hubo ningún enfrentamiento ni agresión a los agentes, «la rebeldía» del acusado a las advertencias policiales es el motivo por el que la representante del Ministerio Público considera que debe imponerse al acusado la pena de ocho meses de cárcel.
Mientras este martes han comenzado las deliberaciones en el pleno del Tribunal Constitucional sobre la legalidad o no de las medidas que se aplicaron durante el primer estado de alarma, algunas de las infracciones que se cometieron en aquellos días siguen llegando a juicio. Algunos jueces cuestionaron la proporcionalidad de las denuncias y algunas llegaron a ser archivadas. Otras sí han terminado en condena y ésta en concreto acaba de llegar a un juzgado de lo Penal de Alicante para que se celebre la vista oral, a pesar de que la instrucción judicial acabó en agosto del año pasado.
Los hechos ocurrieron el 28 de abril de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia y cuando solo se podía salir a la calle por motivos muy justificados. El acusado se encontraba en la puerta de un supermercado sito en la calle Pintor Gastón Castelló de Alicante pidiendo dinero a las personas que pasaban por allí. Agentes de la Policía Nacional le advirtieron y le sancionaron en distintos momentos por encontrarse en la vía pública. Primero a las 15.30 y después sobre las 16.00 horas. En ambas ocasiones le advirtieron que solo se podía salir de casa por las causas establecidas en el decreto del estado de alarma. A la tercera fue la vencida, cuando los agentes se lo encontraron nuevamente en el mismo sitio a las 16.30. Esta vez, el hombre salió corriendo y fue interceptado por un coche policial en el Pasaje Cooperación. El acusado adujo que estaba comprando, pero la reiteración de denuncias motivó que se le imputara un delito de desobediencia por «su clara rebeldía a las advertencias» de los policías, según relata el escrito de acusación, en el que no se dice nada de que el procesado agrediera o insultara a los funcionarios.
El asunto deberá ser enjuiciado por un juzgado de lo Penal, aunque todavía no hay fecha.
Resistencia pasiva
Por otro lado, la Audiencia Provincial ha confirmado la condena a un hombre por desobediencia grave que se negó a ponerse la mascarilla como le requerían los policías. La defensa planteaba que, como fueron los agentes quienes al final le colocaron la mascarilla y el acusado no se la quitó, se trataría de una desobediencia pasiva no grave y por lo tanto no debería ser un delito, sino una infracción administrativa.
Los hechos ocurrieron el 17 de noviembre de 2020 cuando agentes de la Policía Local emplazaron a un hombre que transitaba por la calle Santa Ana a que se pusiera la mascarilla. El acusado se negó motivo por el que tuvo que ser detenido y persistió en su actitud chulesca negándose a ponérsela aun en el coche patrulla. Un juzgado de lo Penal le impuso seis meses de multa a seis euros diarios (1.080 euros). y el acusado apeló a la Audiencia. Un tribunal ha confirmado la resolución, al valorar que el acusado tuvo una actitud de rebeldía, negándose a identificarse y llegando a amenazar a los funcionarios.
