María Luisa Calabuig, titular del juzgado de Instrucción 2 de Dénia, ha abierto diligencias para investigar la vacunación contra el covid de los alcaldes socialistas de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, en un centro de salud de la primera localidad el pasado 8 de enero.
La magistrada abre la investigación después de que la Fiscalía de Alicante presentara una denuncia contra ambos regidores por la presunta comisión de un delito de cohecho pasivo impropio. Una actuación que se une a la de otro juzgado de La Vila Joiosa donde se va a instruir la causa por la presunta vacunación irregular de otro alcalde, el popular Bernabé Cano, de La Nucía, quien está citado a declarar el próximo 7 de julio.
El matrimonio formado por los regidores Coll y Vives no tienen que comparecer de momento. La instructora acuerda en el auto, entre otras diligencias, requerir diversa documentación e información a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública pero no la citación por ahora de los denunciados.
El juzgado solicita al Departamento de Salud de Dénia que le aporte el protocolo de vacunación que debía seguirse en el centro de salud de El Verger aquel 8 de enero, así como que identifique tanto a los profesionales sanitarios como a otras personas que se vacunaron el mismo día que los alcaldes. La Fiscalía ha presentado denuncia contra los tres políticos por un delito de cohecho al entender que recibieron la primera dosis «por la especial posición y poder que el cargo les otorgaba, siendo éste lo único que les dio acceso a la vacuna».
En el caso de Vives y Coll, ambos alegaron que se les llamó porque sobraban dosis. Los dos políticos socialistas, suspendidos cautelarmente de militancia, se vacunaron en su centro de salud junto al jefe de la Policía Local de El Verger y a otros cuatro policías y guardias civiles, según confirmó en su momento el propio Coll. La inmunización de Bernabé Cano se produjo por las mismas fechas, al inicio el proceso, en una residencia de mayores cuyo acceso estaba restringido. La Fiscalía archivo las diligencias para otros denunciados, entre los que se encontraban más políticos y el obispo de Orihuela-Alicante.
