El juicio a la manada de Callosa d’En Sarrià por la presunta violación de una chica podría cerrarse con una conformidad. Las defensas de los cuatro acusados llevan dos semanas de intensas negociaciones con la Fiscalía y con la acusación particular para tratar de llegar a un acuerdo antes del juicio por esta agresión sexual en grupo ocurrida en este municipio de la Marina Baixa durante el día de Año Nuevo de 2019, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.
Un pacto que pasa porque los procesados se declaran culpables e indemnicen a la víctima a cambio de una condena más reducida. A los cuatro acusados se les reclaman penas que suman cerca de 200 años de prisión, un promedio de 50 años para cada uno. En los términos en los que se está planteando la conformidad, el presunto cabecilla de la manada Joffre G. T. B. sería condenado a 18 años de cárcel; mientras que a cada uno de los otros tres acusados se les impondrían quince. Las familias de los cuatro acusados ya han ingresado en una cuenta del juzgado 60.000 euros para resarcir a la víctima.
En el caso de la manada de Pamplona por la violación a una joven durante las fiestas de San Fermín de 2016 las penas impuestas por el Tribunal Supremo fueron de 15 años de prisión para cada uno. Por lo que en el caso de Callosa la condena sería superior.
Durante las últimas semanas, las negociaciones se han llevado a cabo entre el abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la víctima, el letrado Francisco González, así como las defensas, que habían dejado el peso de las conversaciones en José Luis Sánchez Calvo. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que las defensas celebraron este jueves una reunión con la Fiscalía en Benidorm y todo apunta a que este viernes la acusación particular pudiera dar el visto bueno ante el Ministerio Público. El próximo lunes está previsto que arranque el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante. Una vista oral para la que hay cinco días fijados y ante la que hay una gran expectación mediática.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la reducción de las penas pasaría por la aplicación de atenuantes por reconocer que todos ellos estaban afectados por el consumo de alcohol y drogas así como haber colaborado con la Justicia, confesar los hechos y haber resarcido a la víctima.
Las indemnizaciones que se piden son de 80.000 euros por parte de la Fiscalía y de 160.000 por la acusación particular. Los acusados son jóvenes de entre 19 y 24 años procedentes de familias trabajadoras que habrían tenido que pedir un crédito para poder hacer frente a la indemnización. Fuentes cercanas al caso señalaron que estas tres atenuantes son objetivas y tendrían que ser aplicadas en el caso de haber condena.
Violación en Nochevieja
Los hechos arrancaron durante la noche del 31 de diciembre de 2018. La joven contaba con 19 años y estaba de fiesta de fin año en Benidorm, primero con unos familiares y luego con una amiga. A las seis de la madrugada, cuando ya se iba de retirada, coincidió con los acusados, además de con un quinta persona que no ha podido ser identificada. La víctima accedió a irse con ellos a una vivienda próxima a tomar algo y que luego la llevarían a casa. Sobre las tres de la tarde, según los escritos de acusación, habrían intentado propasarse con ella. El dueño del piso les echó al oír los gritos y se quedó con la víctima. Pero ella insistió en marcharse también. Los acusados estaban esperándola en la calle y allí el considerado cabecilla le ofreció un chupito.
La joven cree que en ese momento le debieron dar alguna sustancia inhibidora de la voluntad, ya que a partir de ahí sus recuerdos son difusos. Los cuatro acusados la llevaron a casa de uno de ellos y en el sótano fue donde habría ocurrido la violación entre todos. Una agresión sexual que fue grabada con teléfonos móviles por dos de los acusados.
La madre de uno de ellos fue la que llamó a la Policía Local, momento que derivó en las detenciones y el proceso judicial que arranca este lunes.
Medidas para proteger a la víctima y a los testigos
La Audiencia de Alicante ha adoptado en los últimos días medidas para proteger tanto la intimidad de la víctima, como de los testigos que van a tener que declarar en el juicio. En un auto dictado esta semana, la sala establece la prohibición de la difusión de imágenes o de información personal tanto de la perjudicada como de las personas que van a declarar. De todos modos, fuentes cercanas al caso señalaron que la víctima no había querido declarar por videoconferencia y que iba a comparecer en sala, aunque sin tener contacto visual con ninguno de los acusados.
