Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El plan judicial de conformidades llega hasta los procesos con jurado popular

Los juicios con acuerdo entre las partes superan en esta sala a los que no, pero no evitan que haya que constituir el tribunal popular

Entrada de la Audiencia provincial |

Entrada de la Audiencia provincial | JOSE NAVARRO

El plan de conformidades llegando a acuerdos antes del juicio para desatascar la Justicia ha llegado hasta a los juicios con jurado popular. La Audiencia Provincial ya ha llegado a cerrar más juicios que son competencia del jurado con acuerdo entre las partes en lo que va de año que aquellos en los que se han resuelto sin posibilidad de acuerdo. La sala de jurado atraviesa un momento complicado porque arrastraba los juicios que hubo que suspender a causa de la pandemia, más los que siguieron llegando cuando se recuperó la actividad. Muchos de ellos son urgentes, ya que los asesinatos son competencia de los jurados populares y las causas con preso son preferentes en la Administración de Justicia.

A pesar de todas las restricciones por el covid y las vistas suspendidas, la Audiencia de Alicante ha podido celebrar hasta trece juicios con jurado popular durante esta primera mitad de año. Nueve de ellas fueron una conformidad, mientras que en otros cuatro no fue posible el acuerdo y se tuvo que ir a juicio, según la estadística que se maneja en la Audiencia Provincial. De aquí a final de año todavía están pendientes otros ocho casos más, de los cuales tres son susceptibles de cerrarse con un acuerdo. Estos datos arrojan una cifra de hasta veinte juicios con jurado popular a lo largo de este año. Unas cifras muy superiores a los ocho casos juzgados en 2020, el año de la pandemia; diez en 2019 y siete en 2018.

El plan de conformidades está pendiente de que el Ministerio de Justicia apruebe el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal que se elaboró para tratar de agilizar la Administración de Justicia ante los meses de parón que supuso la pandemia. Entre otras medidas se contempla el que se puedan cerrar conformidades en casos en los que las penas de prisión que se piden a los acusados sean superiores a los seis años de prisión. Mientras no esté vigente, a pesar de que haya un acuerdo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo obliga a celebrar el juicio y a constituir el jurado popular, a pesar de que el acusado ha confesado los hechos, no hay duda sobre su culpabilidad; y todas las partes se han puesto de acuerdo sobre qué atenuantes se deben de aplicar.

Más de una ocasión, la Audiencia ha tenido que constituir el jurado y pagar dietas, a pesar de que había acuerdos. Es lo que ocurrió en el caso de dos ciudadanos lituanos que mataron a cuchilladas a su compañero de piso en El Campello el 9 de octubre de 2017 en una vivienda frente de la playa de Muchavista. De los 22 años que se pedían, se les quedó la condena en doce años. También ocurrió algo parecido en la sala de la Audiencia desplazada a Elche donde un acusado de matar a golpes a su madre en Torrevieja con un bate de béisbol aceptó una condena de 18 años tras confesar el crimen, confesión que le sirvió para eludir la prisión permanente revisable. A pesar de las confesiones, hubo que constituir al jurado popular y reservar varios días de sesiones de juicio, en los que además se tenía que pagar las dietas correspondientes al tribunal popular. Otro procesado se conformó con 22 meses de cárcel por la muerte de una amiga en Elda que cayó al vacío tras un empujón en una casa en ruinas.

En otros juicios donde se pedían penas más reducidas, el acuerdo fue posible sin necesidad de tener que convocar al jurado. Fue el caso del exedil de Benidorm Leopoldo Bernabeu que se declaró culpable de un delito de cohecho.

Tribunales populares enjuiciaron al hombre que mató a sus padres y a su hermano en el barrio alicantino de Juan XXIII y condenado a prisión permanente revisable; y absolvieron al peluquero acusado de matar a golpes a un octogenario en San Blas.

Una reforma para la eficiencia de la Justicia que no termina de llegar

La norma que pretendía desatascar los tribunales está a la espera de que el Gobierno la retome

El anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal fue una de las reformas que puso en marcha el anterior ministro de Justicia Juan Carlos Campo y que trataba de introducir medidas que engrasaran la maquinaria de la Justicia, ya colapsada de por sí y agravada por la incidencia de la pandemia. La salida de Campo del Gobierno tras la remodelación del Ejecutivo hizo temer a muchos jueces por la continuidad de este proyecto, pero su sucesora Pilar Llop ya les ha trasladado su compromiso por continuar con estas reformas que se quedaron pendientes. En ellas se apuesta por otras vías alternativas a la administración de Justicia, potenciando la política de la mediación y del acuerdo. El anteproyecto permitía la posibilidad de los acuerdos y las conformidades en asuntos donde las condenas en juego superan los seis años de prisión y que en muchas ocasiones suelen ser los más complicados para la Administración de Justicia. La futura norma regula una audiencia antes del juicio, a la que se citará únicamente al fiscal, a las partes y a los acusados para tantear el acuerdo y prescindir de la citación de todos los testigos y peritos, así como depurar aquellas cuestiones que pudieran suponer la suspensión del juicio oral o plantear posibles nulidades.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats