La Policía ha implicado a una red de pateras que operaba en la provincia de Alicante la muerte de once inmigrantes, que perdieron la vida ahogados frente a la costa de Almería al naufragar su embarcación el pasado mes de febrero. Como ya publicó este diario, la Policía Nacional ha desmantelado en Alicante, Murcia y Almería una organización dedicada al tráfico ilegal de personas a la península desde Argelia. La operación se ha saldado con 21 detenidos, ocho en Almería, seis en Alicante y siete en Murcia.
La Policía estima que la red intervino en al menos 21 episodios migratorios con destino a España, habiéndose contabilizado más de 40 pateras con una media de 15 inmigrantes por embarcación. Se estima que habrían introducido clandestinamente en territorio nacional a más de 500 personas, a cada uno de los cuales les cobraba entre 4.000 y 7.500 euros, que variaba en función del servicio prestado. Se estima que la organización ha podido obtener cerca de 2,5 millones de euros de beneficios con el tráfico de inmigrantes. Unas cantidades que la Policía considera desorbitadas y con las que se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de los migrantes.
El grueso de la organización operaba en Almería, donde se llevaban a cabo la mayoría de los desembarcos. La red tenía un profundo conocimiento de la costa y de las cuevas y grutas donde esconderse después del desembarco. Los detenidos en Alicante tenían como cometido el apoyar y ofrecer financiación a los miembros de la red a través de un sistema de transferencia de dinero tradicional alternativo e informal que recibe el nombre de Hawala, en el que trabajadores inmigrantes remiten fondos a sus países de origen.
Por su parte, en Murcia otro grupo estaba dedicado a realizar traslados vía terrestre de marroquíes hasta Argelia y captar en España a familiares de potenciales migrantes que se encontrarían en Marruecos. Además de desembarcar inmigrantes se dedicaban a ayudar a escapar a fugitivos reclamados por la Justicia europea, llevándoles de regreso a Argelia.
La red se encargaba del traslado de inmigrantes de Argelia y Marruecos a España por vía marítima desde el primer país usando embarcaciones rápidas tipo zodiac. La red disponía de una importante flota de «taxistas piratas» para los desplazamientos y contaban con pisos de seguridad donde alojar temporalmente a los pilotos de las embarcaciones, en el caso de que surgiera cualquier incidencia.
Sin medidas de seguridad
Estos viajes se hacían sin disponer de ningún tipo de medidas de seguridad que salvaguardase la integridad física de las personas que viajaban a bordo, como chalecos salvavidas, bengalas, ni siquiera comida y bebida. Hecho que considera la Policía un abusivo desprecio por las vidas de quienes trasladaban clandestinamente. Por este motivo se les imputa un delito de homicidio por imprudencia, por el naufragio que costó la vida en febrero a once inmigrantes en Almería, además de los delitos de inmigración ilegal, organización criminal y delitos contra la salud pública, ya que en estos viajes también se aprovechaba para introducir cargamentos de droga en territorio nacional.
