El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja, Miguel Ángel González Felipe, dictó ayer orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el agente de la Guardia Civil implicado en la operación antidroga que se lleva a cabo en la localidad extremeña de Mérida.
Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ocho de los detenidos en la operación, entre ellos este agente, pasaron ayer a disposición del titular del Juzgado. Para dos de ellos se acordó la libertad provisional con medidas cautelares de retirada de pasaporte, comparecencia mensual en sede judicial y prohibición de salir del territorio nacional. Para los otros seis, entre ellos el guardia civil, el juez ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza. La operación sigue abierta y está bajo secreto de sumario, según las citadas fuentes citadas por la Agencia Efe, que han señalado que el juzgado de Torrevieja lleva diligencias sobre esta operación, aunque sin concretar si las dirige.
Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para cuatro de los cinco policías nacionales, del grupo de estupefacientes de Mérida, detenidos en la operación antidroga llevada a cabo esta semana en varias localidades extremeñas. En esta operación, de carácter nacional, que aún sigue abierta, han sido detenidas hasta el momento 22 personas, entre ellas cinco policías nacionales y el guardia civil para el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja (Alicante) ha dictado orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Ante el juzgado emeritense, según el TSJEX, han pasado a disposición diez de los detenidos en esta actuación policial, que solo ha decretado prisión provisional para cuatro de los cinco policías nacionales detenidos, mientras que el resto de personas que declararon ante el juez han quedado en libertad con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante la autoridad judicial.
A los enviados a prisión, el juez les atribuye, entre otros, un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de perseguir los delitos.
