Dos meses después de que la Audiencia le absolviera en el caso del Plan General de Alicante, el empresario ilicitano Ramón Salvador ha reclamado al tribunal la devolución del dinero que pagó como fianza en su día tras haberse declarado culpable en la conformidad que negoció con la Fiscalía. El promotor fue finalmente absuelto pese al acuerdo con las acusaciones tras no declarar probado la sala que hubiera amaños en el planeamiento urbanístico de la ciudad.
Águeda se conformó a una pena de tres meses con de prisión sustituible por una multa de 3.500 euros por un delito de corrupción de funcionarios públicos y se blindaba su responsabilidad civil en 14.500 euros. De esta manera, Ramón Salvador se suma a lo que ya hizo el empresario Enrique Ortiz al reclamar la devolución de la fianza que tuvo que pagar antes de la vista. En el caso de Ortiz, el dinero aportado ascendía a 1,3 millones de euros y reclama la devolución después de que solo haya sido condenado al pago de una multa por un regalo a la exalcaldesa Sonia Castedo, mientras que ha quedado absuelto del resto de delitos que se le imputaban.
Ortiz también llegó a cerrar una conformidad antes del juicio, pero al inicio de la vista se desdijo y rechazó el acuerdo para declararse inocente. Una rectificación que se produjo después de que la sección desplazada a Elche de la Audiencia anulara las escuchas que dieron inicio al caso Brugal, del que parte la pieza separada del PGOU de Alicante.
La Audiencia ha aplazado su respuesta sobre la devolución del dinero hasta el momento en que finalice el plazo para recurrir.
Absoluciones
La sentencia del caso del Plan General absolvía a los nueve acusados de haber amañado el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad. Entre los absueltos de todos los cargos se encuentra Sonia Castedo. El fallo solo ha condenado a penas de multa a Alperi y a Ortiz por cohecho. Al exregidor, por haber aceptado un viaje a Creta en jet privado; mientras que a Ortiz por el regalo de una chaqueta a Sonia Castedo. La multa para Alperi era de 6.000 euros, mientras que para el promotor ascendía a 18.000 euros.
El empresario ilicitano Ramón Salvador cerró una conformidad con la Fiscalía en febrero de 2020, cuatro meses antes del inicio del juicio, en la que se declaraba culpable de haber pagado 116.000 euros para que le recalificara unos terrenos en el Plan General bajo sospecha en esta causa. El promotor recurrió al despacho que regentaban los letrados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la entonces alcaldesa de Alicante, y el exedil socialista Javier Gutiérrez para que plantearan las alegaciones durante la revisión del planeamiento que llevaba a cabo el arquitecto Jesús Quesada.
Recalificación
Ese suelo estaba declarado no urbano en la revisión que llevaba a cabo el redactor del PGOU. La parcela se encontraba en el Pla Xirau, cerca de la Rambla del Rambuchar, y se consideraba urbano en el planeamiento de 1987. Las alegaciones presentadas por el despacho fueron estimadas. El propio promotor había asegurado que tanto Castedo como Alperi le presionaron para que pagara comisiones. También fue uno de los primeros investigados que durante la instrucción de la causa validó conversaciones procedentes de los pinchazos, en las cuales Ortiz le admitía que tenía los planos del futuro PGOU.
Sin embargo, la sala anuló esta conformidad en la sentencia del PGOU. El tribunal consideró que al suelo de Águeda se le dio la misma consideración que al resto del sector y que los pagos al bufete Salvetti, que tramitó la alegación, procedían de otros servicios prestados por el despacho. De hecho, la sentencia desliza que el turno de última palabra al final del juicio, el promotor daba a entender que se arrepentía del acuerdo.
La acusación particular costó 40.000 euros
El Ayuntamiento de Alicante pagó 40.280,90 euros al abogado externo a los servicios jurídicos municipales que durante cinco años y medio ejerció la acusación particular en su nombre como parte perjudicada en el caso del PGOU, según informa Efe. El gasto figura en el expediente municipal referido a la elección en 2016 del abogado José María López Coig donde se documentan tres pagos que totalizan los referidos 40.280,90 euros (IVA incluido) en concepto de «minuta de honorarios» a favor del letrado. El primero de ellos se eleva a 15.004 euros y fue abonado por el Ayuntamiento en marzo de 2016, el segundo es de 15.246 y corresponde a abril de 2018, y el tercero y último asciende a 10.030,90 euros.
Un letrado externo representó al Ayuntamiento en el proceso penal durante cinco años y medio
En éste último pago se incluyen varios conceptos, entre ellos las 29 sesiones del juicio celebrado en la Audiencia de Alicante a razón de 200 euros por jornada, tal y como está fijado en las tablas de honorarios del Colegio de la Abogacía de Alicante aprobadas por el Consejo General de la Abogacía Valenciana y ha sido abonado en julio de 2021.
En el expediente figura un informe firmado por el letrado-jefe del consistorio, Manuel Cordón, en el que avala que López Coig haya sido contratado de forma directa para representar al Ayuntamiento a partir de las diligencias previas ante el juzgado de Instrucción número 5.
