No hay nada que aclarar. Esto es lo que han trasladado las defensas de los acusados en el caso del Plan General de Alicante a la petición de aclaraciones planteada por la Fiscalía Anticorrupción en la sentencia que exoneraba al empresario Enrique Ortiz y a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi de supuestos amaños en el planeamiento urbanístico de la ciudad. El fallo solo imponía penas de multa por cohecho a Ortiz y a Alperi. Al primero por el regalo de una chaqueta de Carolina Herrera a Castedo y al segundo por un viaje en jet privado a Cuenca. El Ministerio Público había pedido a la sala una batería de aclaraciones porque consideraba que la resolución omitía datos que consideraba esenciales para sustanciar el recurso al Supremo. La casación ante el Alto Tribunal está a expensas de qué conteste la sala.
«Los hechos probados de la sentencia son claros y terminantes», asegura el abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, en el escrito presentado ante la Audiencia, que añade que «no precisa de complemento alguno. Basta con leerla completa». En la misma línea, el letrado de Alperi, Vicente Grima, esgrime que «el tribunal no está obligado a hacer un pronunciamiento expreso sobre todos y cada uno de los extremos de su escrito de conclusiones, de más de 400 folios, sino solo a hacerlo respecto de los hechos relevantes», y la sentencia absolutoria, a su criterio, se ha pronunciado ya sobre todos los delitos que se imputaban a las acusados.
Por su parte, Ignacio Gally, abogado de Castedo, sostiene que «lo que en realidad subyace en esta petición de aclaraciones es una pretensión de la Fiscalía para modificar la sentencia con arreglo a sus argumentos». «La petición no deja de ser sorprendente y original, pero carente de todo fundamento jurídico», añade.
Otro de los letrados que pide al tribunal que rechace las aclaraciones pedidas por el fiscal es Bernardo del Rosal, que defiende a los letrados del bufete Salvetti (Javier Gutiérrez y José Luis Castedo) considerando que su escrito de acusación era «confuso, artificial e innecesariamente extenso e inconcreto». El letrado añade que «la sala ha recogido de forma impecable los hechos que ha considerado probados, justificando por qué no los ve constitutivos de delito».
La conformidad fallida
El Ministerio Público también reprochaba al tribunal de que en la resolución nada se decía sobre la conformidad firmada con las acusaciones por Enrique Ortiz en la que se declaraba culpable de los delitos y de la que luego se retractó en el inicio del juicio. Las magistradas permitieron que el promotor renunciara al acuerdo, pero este incidente no aparece en la resolución judicial.
Un extremo sobre el que Ruiz Marco entiende que no procede tampoco aclarar nada. El abogado de Ortiz señala que dicho acuerdo no cumplió con los requisitos de validez regulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «No existió jurídicamente conformidad alguna», recalca. El abogado de Castedo esgrime argumentos similares al recalcar que «la sentencia no puede recoger algo que legalmente no se ha producido». Para Vicente Grima tampoco procede esta pretensión, porque «la Sala se pronunció oralmente durante el trámite de cuestiones previas. La ley no exige que las resoluciones sobre tales cuestiones sean escritas ni que deban incorporarse a la sentencia».
Viaje a Creta
La Fiscalía pedía también explicaciones de por qué la sala no había deducido testimonio al empresario Ricardo Fuster si consideraban que mintió. La sentencia ponía en duda a este testigo recalcando que consiguió eludir su imputación al vincular a Ortiz con el pago del viaje a Creta de Alperi. Ruiz Marco rechaza también que el tribunal tenga que aclarar nada porque «ninguna de las partes pidió la deducción de testimonio» y que nada impide a cualquiera de ellas a formular denuncia al empresario, por lo que «el reproche al tribunal es innecesario».
Desde que el Ministerio Público había presentado en pleno mes de agosto un escrito para reclamar la redacción de un nuevo fallo añadiendo todas las aclaraciones reclamadas, el tribunal había emplazado a todas las partes para que se pronunciaran.
El plazo para responder a las peticiones de aclaraciones de Fiscalía Anticorrupción termina oficialmente a las 15.00 horas de esta tarde. Todos los escritos presentados se remitirán al tribunal para que tome una decisión.
Una vez zanjadas todas estas peticiones empezarán a correr los plazos para recurrir ante el Supremo. Un extremo sobre el que ya se ha pronunciado formalmente la defensa de Alperi al avanzar que sí recurrirá la condena de multa por el viaje a Creta. Los fiscales por su parte ya están preparando el suyo.
EU respalda que la sala incluya todas las omisiones
Esquerra Unida, que ejerce la acción popular en la causa del PGOU, ha pedido al tribunal que dictó la sentencia la redacción de un nuevo fallo que incluya todas las omisiones reclamadas por la Fiscalía. El letrado José Luis Romero asegura que estas ausencias pueden generar una «manifiesta indefensión de la parte acusadora» porque el Supremo no se podría pronunciar sobre extremos que no aparecen en la sentencia. EU también considera que la conformidad de Ortiz «se hizo con todas las garantías» y el fallo debe explicar porqué se le permitió renunciar a ella.
