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Justicia anuncia un cuerpo de peritos para investigar la corrupción económica

La iniciativa se pondrá en marcha de manera experimental con una unidad en cada provincia de la Comunidad

El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena (segundo por la izquierda), antes de su conferencia. | ALEX DOMÍNGUEZ/ INFORMACIÓN

Peritos especializados para ayudar a los juzgados a investigar los delitos económicos. La consellera de Justicia Gabriela Bravo anunció la medida este viernes durante la clausura en Alicante de las IV Jornadas sobre Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales organizadas por la Cátedra DeBlanc. Un congreso que contó con la presencia del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que dio una conferencia sobre los límites de las empresas para revisar los correos de sus empleados en las investigaciones para prevenir delitos.

Bravo anunció que este nuevo cuerpo de peritos se tratará de una medida piloto en la que se contará con tres unidades, una por cada provincia de la Comunidad: Valencia, Alicante y Castellón. De las cuales, la de Valencia está empezando a arrancar. A juicio de Bravo, sería necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la creación de un cuerpo de peritos especializados en finanzas, contabilidad y economía cuyos informes sean tan válidos desde un punto de vista procesal como lo pueden ser los de los médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal. Mientras llega la reforma, estos expertos procedentes de la cátedra DeBlanc apoyarán la labor de jueces y fiscales tanto en materia formativa como en labores de asesoramiento especializado en materia económica y de manejo de datos complejos.

El blanqueo de capitales se trata de una materia complicada de investigar y que requiere unos conocimientos especializados y que cuenta con el añadido de que cada vez esta delincuencia se apoya más en las nuevas tecnologías y tiene carácter transnacional, ha explicado la consellera. «Que el ciudadano no perciba que existe impunidad en este tipo de delitos», ha asegurado Bravo, insistiendo en que la delincuencia económica «nos debilita como pueblo, como democracia y como país».

Bravo explicó que en función de las necesidades que tengan los juzgados este cuerpo se iría reforzando en función de las peticiones que reciban de apoyo por los distintos órganos judiciales de la Comunidad.

Gabriela Bravo durante la clausura.

Marchena y los dispositivos

Durante su intervención, Manuel Marchena se mostró favorable a que las empresas puedan acceder a los dispositivos de sus empleados para investigar una posible conducta desleal. Sin embargo matizó que no se trataría de un derecho ilimitado y que una vez acreditada la existencia del delito debe tomar las actuaciones que corresponda. El presidente de la Sala Segunda del Supremo recordó los años en que se produjo la situación contradictoria en que mientras que la jurisdicción Social sí que aceptaba que la empresa revisara los correos de sus trabajadores para justificar despidos, no se tenía el mismo criterio en la Penal. Ahora los tribunales sí que están aceptando estas pruebas para la investigación de delitos y recordó que la propia empresa podría ser acusada como responsable civil de la conducta desleal de su trabajador. No hay norma general y se tiene que ver caso por caso, respetando los límites del derecho a la intimidad.

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