Las escuchas telefónicas durante la investigación de un crimen en Alicante desvelaron tráfico de móviles en el interior de la prisión de Villena, así como supuestas presiones del entorno del acusado a los testigos que estaban citados a declarar en el juzgado. El juicio por este asesinato cometido en la zona norte de Alicante la madrugada del 18 de noviembre de 2018 arrancó este lunes en la Audiencia Provincial con un jurado popular.
La víctima fue asesinada de cinco disparos, uno de ellos en la cabeza, y como presunto asesino se sienta en el banquillo un joven con antecedentes por tráfico de drogas. El sospechoso se entregó en la Comisaría Norte a los dos días, aunque se declara inocente del crimen. A pesar de que el presunto autor estaba entre rejas, la Policía continuó investigando al entorno del acusado y los pinchazos de sus móviles desvelaron que la familia seguía hablando con él a través de un móvil clandestino desde dentro de la cárcel. De estas conversaciones, las acusaciones concluyen que estaban visitando a posibles testigos de los hechos antes de que fueran a declarar al juzgado por la investigación del asesinato. El contenido de estas escuchas se reproducirá ante el jurado al final del juicio.
El acusado negó cualquier vinculación con el asesinato y sostuvo que, mientras ocurrieron los disparos, él estaba durmiendo y no se enteró de nada. «Me había tomado quince tranquimazines y fumado varios porros y no me enteré de nada. Tenía una depresión porque mi mujer me había dejado», dijo. El procesado aseguró que no conocía de nada a la víctima, aunque pero que a la mañana siguiente, nada más levantarse, le llegó que se estaba extendiendo el rumor de que estaban culpando a su familia del crimen, motivo por el que huyeron a San Vicente, primero y luego a Monforte del Cid para evitar posibles represalias del otro entorno.
«Al saber que me buscaban a mí, me fui a entregar a la Comisaría Norte porque yo no tenía nada que ver y soy inocente», dijo. En esta línea, sostuvo que había oído que a la víctima le perseguían unos sicarios porque se dedicaba «a robar droga a otros traficantes».
La Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercen la pareja y la madre del fallecido piden para el procesado penas que suman 23 años de cárcel por asesinato y tenencia ilícita de armas. Por su parte, la defensa, el abogado Miguel Ángel Cánovas, reclama la libre absolución, alegando la falta de pruebas.
Parte de interrogatorio se centró en las escuchas telefónicas. En algunas de ellas, el acusado asegura que «yo maté al payo». El procesado adujo que en esas conversaciones se atribuía el crimen para mantener el respeto de otros presos con quien compartía módulo en la prisión de Villena. La defensa insistió en que hay muchas otras conversaciones en que el acusado dice que él no había hecho nada. El acusado admitió haber comprado un teléfono de contrabando a otro preso para seguir en contacto con su familia desde dentro de la cárcel.
En otras escuchas se hablan de pagos de 15.000 euros, pocos días antes de que fuera al juzgado a declarar uno de los testigos que le incriminó. El acusado sostuvo que el dinero del que se habla es de la minuta de su abogado y negó que su familia hubiera hablado con ese testigo para que se retractara y lo negara todo. Ese testigo dijo en el juzgado que no sabía lo que estaba firmando cuando la Policía le dio la declaración, porque «no sabe leer».
Unidades de élite de la Guardia Civil para evitar incidentes entre clanes durante el juicio
La Guardia Civil desplegó ante el inicio del juicio efectivos de una de sus unidades de élite para evitar posibles incidentes por posibles enfrentamientos entre las familias del acusado y de la víctima. Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USESIC) se desplazaron a la Audiencia de Alicante durante la llegada del detenido y estuvieron velando por mantener el orden.
El primer día del juicio se ha desarrollado sin incidentes, pero la tensión ha continuado durante la sesión de este martes, cuando han acudido a declarar tanto los familiares del fallecido, así como vecinos del Barrio Virgen del Carmen.
Desde las acusaciones se incidió en la conflictividad de la zona y las dificultades de las Fuerzas de Seguridad para encontrar a testigos dispuestos a ir a declarar por miedo. «Posiblemente alguno no va a querer hacerlo, aunque como testigos están obligados a decir la verdad», recalcó al jurado durante su alegato inicial una de las acusaciones. El fallecido tenía 28 años y había empezado a trabajar recientemente como peón de obra para la Diputación Provincial reparando carreteras. Su pareja sentimental estaba embarazada de cinco meses cuando él fue asesinado, mientras que con ella ya tenía una hija en común de pocos meses de edad.
En la causa están personadas como acusación tanto la madre del fallecido, como su pareja sentimental. La Fiscalía reclama indemnizaciones de 300.000 y 120.000 euros para ellas.
Para hoy está prevista la declaración tanto de los vecinos de Virgen del Carmen, como de los policías responsables de la investigación. Entre el primer grupo de testigos, se encontraría una de las personas que incriminó al acusado en aquellos primeros momentos.
El procesado aseguró durante su interrogatorio que su relación con ese testigo no era buena, «porque pertenecía a un clan rival». El acusado negó tanto haberle pagado dinero por cambiar su testimonio como haber tenido contacto con él para hablar de este juicio. «Mi abogado dijo que no podíamos hablar con él», aseveró.
