La Audiencia de Alicante inicio ayer el juicio a tres acusados de traer a una menor de 16 años de Nigeria a Benidorm con la intención de explotarla sexualmente, aunque no llegó a ser obligada a ejercer la prostitución al intervenir la Policía tras la denuncia de una ong de Málaga. Los tres acusados, de la misma nacionalidad que la víctima y entre los que se encuentra una tía de la menor, negaron ayer ante el tribunal de la Sección Tercera su implicación en el traslado de la joven con la intención de prostituirla en España y todos coincidieron en que el motivo del traslado era estudiar para ayudar a su familia en Nigeria.
La menor que motivó la intervención policial, que tiene concedida la condición de testigo protegido, tampoco ha podido ser localizada para el juicio y ayer se emitió su declaración prestada a mediados de 2017 en sede judicial como prueba preconstituida. En ella, la menor aseguraba que no la amenazaron para ejercer la prostitución ni la sometieron a vudú para viajar de Nigeria a España. La vista se reanudará hoy en la Audiencia con la declaración de los policías y varios testigos.
La Fiscalía acusa a los procesados, dos mujeres y un hombre, de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de personas y pertenencia a grupo criminal e inicialmente pide penas de 13 años de prisión para cada uno, así como una indemnización de 9.000 euros a la víctima por los daños morales, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público.
Según la acusación pública, la tía de la menor logró embaucar a la menor, a través de terceras personas de su núcleo familiar, y tras someterla al rito «conocido como vudú o ayelala» abandonó su ciudad natal en Nigeria a finales de 2016 para emprender un viaje a Europa cuya verdadera finalidad era la explotación sexual de la niña, que entonces tenía 16 años.
El trayecto de Nigeria a Libia, primera escala del viaje hasta Benidorm, se prolongó tres meses. Según la Fiscalía, la menor y otra persona llamada «tía Helen» iban ocultas en maleteros de vehículos y realizaban paradas en campamentos tipo guetos donde tuvieron que pagar dinero a varios hombres que trataron de llevárselas para venderlas y obligarlas a ejercer la prostitución.
Una vez en Trípoli, subieron a una embarcación tipo patera en la que viajaban unas 50 personas y tras ser rescatadas por un barco español llegaron a Sicilia en octubre de 2016. En la isla, siempre según el escrito de la Fiscalía, la tía volvió a engañar a su sobrina para que abandonara el campamento donde estaba alojada. Embarcó en un barco junto a la «tía Helen» y tras llegar a Roma, otro de los compatriotas juzgados ayer supuestamente las trasladó al aeropuerto y les facilitó pasaportes y permisos de residencia. Volaron todos a Barcelona y desde allí viajaron en autobús a Benidorm.
La menor estuvo alojada en casa de su tía, de donde no salía, y en marzo de 2017 fue trasladada a la embajada de Nigeria en Madrid por tramitar su pasaporte por el hombre juzgado ayer, aunque este negó dicho viaje y que le entregara documentación.
En abril de ese mismo año, el Ministerio Público sostiene que la otra mujer acusada trasladó a la menor de Benidorm a Málaga para obtener documentación para poder permanecer en España y tras llevarla a una ong el personal alertó a la Policía al detectar incoherencias en el relato de la joven. La tía de la menor declaró que su sobrina vino para estudiar y que ella nunca se ha dedicado a ejercer la prostitución, sino que realiza labores de limpieza en bares. El acusado de traerla desde Roma hasta Benidorm afirmó que viajó a Italia para visitar a un familiar enfermo y que estando allí le llamó la tía para que ayudara a su sobrina en el viaje.
La acusada de trasladarla a Málaga manifestó que fue a Benidorm para buscar trabajo y, a preguntas de la fiscal, dijo que no sabía que la menor guardaba «ropa provocativa» en la bolsa que se llevó a la Costa del Sol.
