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Las defensas niegan la trama de las basuras de Calp y achacan el proceso a «razones políticas»

Visto para sentencia el juicio por los supuestos amaños en el pesaje de los residuos por los que las acusaciones reclaman 4,2 millones para el Ayuntamiento u «Tenía el perfil idóneo para imputarle por su carisma político», dice del exdiputado del PP Juan Roselló su abogado

El exalcalde de Calp Javier Morató y detrás, con gafas de sol, su abogado, Enrique Botella. | ALEX DOMÍNGUEZ

«Proceso mediático», «lapidación pública», «denuncia por motivos políticos», «investigación prospectiva», «necesidad de meter a un alcalde en el proceso para que el asunto no se fuera a pique»... Estas fueron solo algunas de las expresiones que se escucharon este lunes en el salón de los juzgados de Benalúa donde quedó visto para sentencia el juicio por la trama de las basuras de Calp, una de las piezas del caso Brugal.

Un proceso que pretende aclarar si, como sostienen las acusaciones, cargos públicos del Ayuntamiento calpino pidieron dinero al empresario de Orihuela Ángel Fenoll a cambio de la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos de la localidad. Unas supuestas mordidas que el «padre» del caso Brugal recuperaría mediante artimañas como la alteración del pesaje de las basuras o la introducción de vertidos que inicialmente no estaban en la contrata, algas o material de construcción entre otros, para elevar de un modo fraudulento la facturación modificando al alza los pesos.

Junto a Fenoll y a su hijo se sientan en el banquillo por estos hechos el exalcalde de Calp Javier Morató (PP); el exedil y exdiputado provincial por el mismo partido Juan Roselló; su mujer, Amparo Femenía; su cuñado Francisco Artacho, el también exedil Fernando Penella y el técnico Juan Cervantes. Se les imputan delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y blanqueo de capitales por los que se enfrentan a petición de penas de cárcel que oscilan entre los dos y los cinco años además de inhabilitación para cargos públicos.

El exdiputado Juan Roselló con su defensor, Carlos Barona. | ALEX DOMÍNGUEZ

La defensa del exdiputado provincial y exedil de Calp Juan Roselló fue la primera en arremeter contra la instrucción y la Fiscalía. Luego vendrían las demás. El letrado Carlos Barona destacó que a su cliente no se le ha visto recibiendo dinero de nadie. La Fiscalía sostiene que el encargado de estos menesteres era su cuñado Artacho, grabado por Fenoll en su despacho contando cuatro millones de pesetas y considerado el intermediario entre los políticos y el empresario. Que no se especifica cuándo ni cómo se cometieron la prevaricación y el fraude, que su cliente «nada sabía de la supuesta trama porque no existe» y que «tampoco existía el sobreprecio ni la sobre facturación». Un incremento que las acusaciones fijan en 4,2 millones y cuya devolución a las arcas municipales reclaman de forma solidaria a todos los acusados, con la excepción de la mujer de Roselló, señalando a la empresa de Fenoll, antes Colsur y ahora Sirem, responsable civil subsidiaria

El abogado del expolítico popular defendió que la adjudicación de la planta a Fenoll «fue por unanimidad y obedeciendo a criterios técnicos», que sus competencias municipales eran playas y turismo, y no las basuras, y que «su incremento patrimonial lo obtuvo de forma lícita».

Barona insistió en que no hay pruebas de que Roselló «realizara artimaña alguna para beneficiar a Fenoll» y que «quien lo tenía que demostrar era la Fiscalía y no lo ha hecho». Y atribuyó la implicación de su representado en este proceso a que «tenía el perfil idóneo por ser diputado provincial y por su enorme carisma político», dijo.

Una teoría, la del trasfondo político de caso, a la que también se apuntó la defensa del exalcalde de Calp Javier Morató. «Se imputó a mi cliente porque tenía que haber un alcalde a ver si así tenía lustre y evitar que se desmoronara el castillo de naipes de la Fiscalía», dijo el abogado Enrique Botella.

Imputado por noticias

El letrado añadió que a Morató «se le incluyó en la causa por noticias de la Prensa», que no se ha probado que negociara con Fenoll antes de la adjudicación de la contrata, que no existen indicios del delito de cohecho y que «hay un intento desesperado de hacernos colar una prevaricación».

Destacó Botella que la acusación particular, que se ejerce en nombre del Consistorio, no le acusa, resumió el proceso en que «el Ayuntamiento no quiere pagar un servicio que ha prestado Colsur» y sentenció que «por el bien del Estado de Derecho no se puede tener a alguien implicado en un proceso sin indicios durante una década».

No se apartó mucho de estos argumentos Manuel Roura, defensor del exedil de Hacienda Fernando Penella y de la mujer de Roselló, Amparo Femenía, de quien negó que hubiera blanqueado el dinero de las mordidas que habría recibido su marido, de lo que se le acusa. Para Roura, sus clientes han sufrido una «lapidación pública» y un «juicio mediático» por un asunto en su opinión prescrito.

El abogado y también exedil en Calp por EU, aunque con competencias delegadas por el PP, recordó que a favor de la adjudicación de la planta Fenoll votaron los 17 concejales y se preguntó «¿por qué se tendría que pagar dádiva alguna si la contrata fue legal?».

Criticó que «todos los informes sobre pesajes se basen en estadísticas y no en hechos» y aseguró que la planta «estaba pensada para todo tipo de residuos». Insistió también en el «carácter político de la denuncia» y añadió que «el que su cliente fuera concejal de Hacienda nos significa que tuviera acceso ilimitado y sin control a las arcas públicas».

De técnico Juan Cervantes su defensa enfatizó que no debió hacerlo tan mal cuando se le reintegró a su puesto en el Ayuntamiento e incluso se le ha ascendido, además de conseguir que nombraran a un vigilante de la planta. Y el abogado de la mercantil de Fenoll ahondó en la «falta de pruebas de la Fiscalía para afirmar que se alteró el pesaje».

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