La Policía Nacional ha detenido en Alicante a siete personas de entre 41 y 62 años acusadas de formar parte de un grupo criminal especializado en cometer estafas inmobiliarias y fraudes a la Agencia Tributaria. Son viejos conocidos de la Policía y al frente de la organización sitúan a un abogado de Alicante y a otro varón, ambos detenidos con anterioridad por hechos similares. En esta ocasión han sido acusados de estafar a 18 víctimas a las que concedieron préstamos y de apropiarse ilícitamente de trece propiedades inmobiliarias por un valor superior a los 300.000 euros, según ha informado la Comisaría Provincial.
La operación ha sido realizada por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y por el momento han sido identificadas 18 víctimas de la trama, algunas de ellas en riesgo de exclusión social.
El grupo ahora desarticulado tiene abiertas varias causas en diferentes juzgados de Alicante y de otros partidos judiciales de la provincia. Según la Policía, uno de los cabecillas de la trama era un abogado en ejercicio que ya ha sido detenido en varias ocasiones y se aprovechaba de la confianza que tenían en él las víctimas para consumar el engaño y apropiarse del patrimonio de las personas estafadas.
El entramado desmantelado por la Policía comenzaba con anuncios en medios de comunicación donde se ofertaban como una empresa que concedía préstamos a particulares. Los máximos responsables contaban con una amplia red de testaferros y colaboradores y buscaban como clientes a personas con graves apuros económicos o en riesgo de exclusión social.
La condición exigida por los prestamistas era que los prestatarios pusieran como aval una propiedad inmobiliaria para garantizar la devolución del dinero. Sin embargo, todo era un fraude a pesar de la apariencia de legalidad que ofrecían y no solo no entregaron el dinero en algunos casos, sino que muchas personas que pidieron el préstamo no se dieron cuenta de las graves consecuencias de los documentos firmados.
Según la Policía, lo que firmaban en realidad era la aportación de sus viviendas a una sociedad creada por la organización «con un capital social ficticiamente millonario, vía ampliación de capital no dineraria por el importe del préstamo».
Esta empresa, que era controlada por la trama a través de un testaferro, asumía entonces la titularidad de los inmuebles y algunos de ellos fueron vendidos a terceras personas. La Policía ha acreditado la pérdida ilícita de 13 viviendas en la provincia mediante este sistema y cifra el perjuicio en más de 300.000 euros. No obstante, tras la operación policial se han bloqueado la mayoría con el fin de que las víctimas puedan recuperar sus propiedades.
Los cabecillas de la trama ideaban las operaciones mercantiles y les daban cobertura jurídica. Eran los que se quedaban con la mayor parte de las ganancias, mientras que otros miembros se encargaban de contactar con las víctimas y acompañarlas en todo el proceso criminal hasta consumar el engaño. En la trama había un tercer escalón de personas usadas para el cobro de diversos medios de pago recibidos en las operaciones de venta de los inmuebles.
