Los dos hermanos detenidos en Alicante a mediados del pasado noviembre por terrorismo yihadista fueron arrestados en el marco de unas diligencias penales abiertas por la Audiencia Nacional en octubre de 2018 pero que llevaban archivadas desde abril del año pasado, es decir, siete meses antes de que la Policía les apresara con unas horas de diferencia en sus domicilios de Pilar de la Horadada.
Los dos ciudadanos marroquíes fueron puestos a disposición de una magistrada de Orihuela, que decretó su internamiento en un centro de extranjeros (CIE) para su expulsión en aplicación del artículo 54.1 de la Ley de Extranjería. Un precepto que se refiere a «infracciones muy graves», como la de «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley de Seguridad Ciudadana».
Los dos hermanos, de 40 y 44 años y quienes llevan residiendo en esa población de la Vega Baja desde 2003 y 2006 respectivamente, aunque uno de ellos carece en la actualidad de papeles, fueron conducidos desde los juzgados de Orihuela hasta un CIE de Madrid, donde han permanecido los 60 días que fijó la magistrada.
Ambos están ahora residiendo de nuevo en la provincia, desde que quedaron en libertad el pasado día 13, a la espera de que se abra la frontera con Marruecos para ejecutar la expulsión. En su revocación está trabajando Aurora Gámez, su abogada y para quien la detención de sus clientes en el marco de un proceso archivado «es un grave atentado a la Constitución y una patada a los derechos fundamentales», precisó.
Con sus representados en el CIE, la letrada consiguió del titular del juzgado Central 4 de la Audiencia Nacional, donde se iniciaron y cerraron estas diligencias, que se reabrieran. Pero en esa ocasión, para pedir explicaciones de la Policía y saber el motivo de estos arrestos cuando la causa ya estaba cerrada por no haber visto delito.
Lo recoge un auto fechado el pasado 2 de diciembre en el que el magistrado acuerda que se requiera a la Comisaría General de Información un atestado complementario con «los actos de investigación llevados a cabo por la Policía desde el 9 de abril de 2021 (cuando se archivó el caso) con relación precisa de los resultados positivos». Y reclama además «el motivo inmediato y preciso que llevó a la Policía» a practicar estas dos detenciones.
La Comisaría General detalló que de uno de los arrestados habían recibido información policial de Francia, «donde habría demostrado tener un carácter violento hasta el punto de que terminó siendo detenido por violación y amenazas de muerte, lo que motivó el inicio de gestiones adicionales de investigación con vistas a obtener un mejor conocimiento de sus actividades delictivas y potenciales riesgos».
Del otro detenido precisó que en el perfil de Facebook que administraba «aparecen publicaciones acerca del ensalzamiento de la figura del terrorista checheno que en octubre del 2020 decapitó a un profesor en Francia». Además de detectarle en septiembre de 2021 dos vídeos con leyendas en árabe de contenido radical. Ambos estuvieron sometidos a vigilancia «que puso de manifiesto un comportamiento de neutralización de su posible seguimiento policial», concreta la Policía.
Unos argumentos que para la Fiscalía «no aportan elementos innovadores» que le hagan replantearse su postura a favor del archivo al «no poderse establecer con el grado mínimo de certeza y verosimilitud requerido en nuestro sistema procesal que los investigados hayan cometido un delito de terrorismo».
El magistrado únicamente detecta un elemento nuevo a raíz del análisis de sus móviles: los contactos con otro hermano buscado por terrorismo. Pero matiza que «aún aceptando como mera hipótesis que las conversaciones con el presunto terrorista pudieran considerarse encubrimiento, lo que presenta serias dificultades dado que supondría afirmar que con tales contactos se está ayudando a eludir la investigación, debe tenerse en cuenta que el encubrimiento entre hermanos es impune», recoge el auto en el que vuelve a archivarse el caso.
Gámez se queja de que, pese a que la expulsión de los dos hermanos emanó de su detención por presunto terrorismo en el marco de un proceso que ya estaba archivado, la orden siga viva, lo que va a llevar ante el Defensor del Pueblo.
Cronología
31/10/ 2018
El juzgado Central 4 de la Audiencia Nacional abre diligencias por apología del terrorismo
9/4/2021
El magistrado decide el archivo de las actuaciones por no ver delito
14/11/2021
La Policía detiene a dos hermanos en Alicante en el marco de este procedimiento penal
17/11/2021
Una jueza de Orihuela acuerda el internamiento para su expulsión «por seguridad nacional» de los dos ciudadanos
27/12/2021
La Audiencia Nacional reabre el caso para pedir explicaciones
20/12/2021
El procedimiento vuelve a archivarse de nuevo con el informe a favor de la Fiscalía
13/1/2022
Los dos hermanos salen del centro de internamiento tras 60 días y quedan en libertad a la espera de ser expulsados
