La Guardia Civil ha detenido a una funcionaria del Ayuntamiento de Santa Pola, con más de 20 años de experiencia en la administración local, acusada de un delito de apropiación indebida, 19 delitos de cohecho, dos delitos de falsificación de documentos y otro de usurpación de funciones. Todas estas actividades ilícitas las habría cometido en la última década, aseguró ayer la Comandancia en un comunicado en el que resalta que la trabajadora municipal, de baja desde hace varios meses, «ha sido retirada de sus funciones».
Los investigadores han constatado que llegó a apropiarse de unos 40.000 euros. En las actuaciones hay dos empresarios investigados y a los que supuestamente «agilizó la contratación de sus empresas en eventos organizados por el Ayuntamiento». La acusada, de 52 años de edad, que ha ocupado diversos cargos ligados a las fiestas de Santa Pola, quedó en libertad con cargos tras prestar declaración en los juzgados de Elche. Desde el Ayuntamiento han declinado hacer una valoración sobre los hechos mientras continúa la investigación judicial.
La investigación policial se inició hace unos meses por una denuncia ante los agentes del área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Santa Pola por parte de miembros del equipo de gobierno. En ella se relataba la queja que habían recibido por parte de una asociación que debía haber recibido una subvención pero que veía cómo, desde finales de 2020, parte del dinero no llegaba (la cantidad no se precisa en la nota del instituto armado). La funcionaria investigada estaba adscrita a dicho departamento municipal.
Las pesquisas de los agentes permitieron averiguar, además, que dos empresarios habían realizado numerosos ingresos directamente a la cuenta de la funcionaria, supuestamente, a cambio de obtener autorizaciones o la contratación de sus empresas para los eventos organizados por el Ayuntamiento. Los ingresos oscilaban en función de la importancia del acto entre los 500 y los 2.500 euros. De este modo, los agentes tomaron declaración a los responsables de las mercantiles, que también han terminado acusados y cuya actividad no se detalla, para que explicaran estos ingresos en las cuentas de la funcionara pública. La Guardia Civil estableció la correlación entre fechas de contratos e ingresos en la cuenta de la funcionaria.
Otra de las funciones de la arrestada, dice la Guardia Civil, era la de informar las solicitudes de autorización presentadas ante el Ayuntamiento, por parte de empresarios, para realizar determinado tipo de actividades en la villa marinera. Ésta, siempre según los investigadores, pedía dinero a los empresarios interesados en obtenerlas a cambio de informar positivamente sus solicitudes.
Por otro lado, falseando documentación, contratos o incluso, si era necesario, la firma de los beneficiarios. «En ocasiones la presunta autora se quedaba con parte, o con todo el dinero de algunas de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento a distintas asociaciones», dice la nota.
Desde la Guardia Civil de Santa Pola constatan que podría haber estado cometiendo estos hechos al menos durante los últimos diez años, sin haber sido hasta ahora descubierta.
Reclamada
En el momento de su detención, los agentes supieron que estaba reclamada por un juzgado de Murcia, por un delito de estafa cometido contra un prestamista.
En el marco de esta operación, la Guardia Civil ha investigado también a dos hombres de 58 años, directivos de dos empresas, una con sede en Cox y otra en Molina de Segura. A ellos se les imputan delitos de cohecho activo, al haber entregado retribuciones a esta trabajadora para que, en aprovechamiento de su cargo y del ejercicio de sus funciones, aprobara o agilizara la contratación de sus empresas en eventos.
Las diligencias han sido puestas a disposición del juzgado de Instrucción de Elche. Al igual que la funcionaria, los empresarios se encuentran en libertad con cargos.
