César Augusto Calderón y su madre habían encontrado, por fin, casa. Firmaron el alquiler de un bajo en la Pobla de Vallbona por cinco años en enero de 2021, por un precio de 400 euros al mes. El contrato es perfectamente válido y lo hicieron a través de un agente inmobiliario. Domiciliaron los suministros y pagaron sus rentas cada mes durante más de año y medio. Lo que no sabían es que en la inmobiliaria nadie conocía al supuesto trabajador que les alquiló, que su nombre (Miguel) es falso, y que el NIE y el DNI que figuran en el contrato tampoco existen. "Nos han timado 9.000 euros con un alquiler falso", denuncia.

César lo descubrió este jueves. Decidió acudir al registro de la propiedad y al juzgado tras varios detalles que le hicieron sospechar, y allí se llevó la amarga sorpresa de que este lunes había prevista una orden de desahucio sobre la casa. Poco importaba que adjuntara recibos o el pago de suministros, el contrato es falso y él no tenía ningún derecho a estar allí. Sin saberlo había "okupado" la vivienda durante más de un año. La noche del domingo no pegó ojo por verse en la calle con su madre, medio paralizada por un ictus y con un estado de salud todavía muy delicado. Empacó las cajas que pudo y, como último recurso, explicó su caso por correo electrónico a la Sareb (propietaria real del inmueble) varias veces y le reclamó tiempo para poder buscarse otra vivienda que alquilar con sus recursos económicos. La entidad, que no estaba al tanto de lo que ocurría, suspendió el lanzamiento.

César Augusto ya ha denunciado a su presunto estafador, que ha resultado ser el anterior inquilino de ese mismo piso. "Él sabría todo lo que pasaba y que no estaban pagando el alquiler, así que puso el piso en una aplicación para estafar a alguien", explica César. Es más, este mismo jueves, cuando destapó lo que ocurría él le reclamó "padrón, pago de recibos y suministros para 'presentar un recurso extraordinario con su abogada'. Está claro que lo que quería era tenerme entretenido para que no hiciera nada", explica. Calderón no es la única persona en esta situación, hay más vecinos de la finca víctimas de alquileres falsos firmados con los antiguos inquilinos.

Doble engaño

La situación, pese a lo que parece, tiene muchas más aristas. El estafador de César Augusto había sido estafado antes. Todo empieza con las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria, con un promotor (el que construyó la finca) que debe más de 4 millones de euros a entidades bancarias. Esas entidades bancarias, en su mayoría cajas de ahorros, cierran y la deuda es absorbida por la Sociedad de gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que la ejecuta al ver que el promotor no paga.

Con toda esa situación encima de la mesa la promotora decidió alquilar los inmuebles. Pero el 18 de febrero del año 2020 el juzgado de primera instancia número 6 de Llíria sentenció que 23 contratos firmados eran fraudulentos, más aún cuando la propiedad aseguró a Sareb que el inmueble estaba "libre de ocupantes", según reza la sentencia. La sociedad estatal, al ver que no era así, reclamó y los juzgados le dieron la razón al sentenciar que 23 inquilinos "no tienen derecho a permanecer en las fincas [...] al no poseer título suficiente". En resumen, los propios inquilinos (que después estafaron a otros), ya eran víctimas de un contrato fraudulento.

La promotora ya había creado contratos de alquiler fraudulentos a los antiguos inquilinos

Fuentes de la Sareb explican que no estaban al tanto de esta situación ni de que estas personas habían sido realquiladas y estafadas, y lo confirma el hecho de que suspendieran el lanzamiento al enterarse. Añaden que "el promotor dejó de pagar y se desentendió de la propiedad, lo que se hizo fue ejecutar la deuda pensando que las fincas estaban libres", aseguran. No es el primer caso de este tipo que se conoce en la C.Valenciana, recientemente 61 familias de un residencial de Sagunt descubrieron que habían sido estafadas con contratos fraudulentos por la promotora, que también debía varios millones.

"Ustedes no han pagado"

César Augusto empezó a sospechar cuando empezaron a llegar documentos de impagos y de empresas de cobro a nombre de una persona que no conocía, pero no le dio más importancia, descubrió que algo iba mal cuando intentó empadronarse en la Pobla de Vallbona. "Me dijeron que no era posible porque los datos de la inmobiliaria no cuadraban, que no existían", cuenta. Es entonces cuando indaga y pide una nota simple en el registro de la propiedad en la dirección de su casa y ve que ni él ni su madre aparecen por ningún lado.

A raíz de esto es cuando otros vecinos se percatan de que su situación se repite, pero con sus respectivos antiguos inquilinos. Cuando pide información en el juzgado salta la liebre "ustedes no han pagado desde hace años, tienen una orden de desahucio este lunes", les espetó el funcionario. "¿Pero cómo que no hemos pagado? Si llevo más de un año en alquiler", cuando intentó volver a contactar con el supuesto casero, era imposible hacerlo de ninguna manera.

César y su madre aún tienen el susto en el cuerpo. Hace un par de días se veían en la calle y no habían tenido tiempo a penas de reaccionar. En el Colegio de Abogados le proporcionaron una letrada de urgencia y un documento explicando su situación cuando llegara la comisión judicial. Las cajas de mudanza siguen en casa, pero todo permanece empaquetado para marcharse de allí en cuanto encuentren un alquiler de verdad en el que poder vivir tranquilos.