El juez procesa a la exedil del Partido del Campello -la marca blanca de Podemos- y exlíder de la formación morada, Mari Carmen de Lamo, así como al actual secretario municipal Carlos del Nero y la técnico Carolina López, por el caso Pativel. El titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Alicante ve indicios de delito en la actuación de estas tres personas, después de que EU denunciara ante la Fiscalía Anticorrupción en 2019 un supuesto trato de favor de la concejal, ya retirada de la vida política, al maniobrar presuntamente para que no se protegiera una finca de su suegro afectada por el plan de la Generalitat que blindaba el litoral. Y la Fiscalía pide penas de prisión para los tres.
El magistrado decretó el pasado 9 de septiembre el auto de incoación de procedimiento abreviado por el que se cierra la instrucción del caso y se procesa a estas tres personas, dando 10 días a Fiscalía y EU para la presentación de escrito de acusación.
La denuncia de EU, formalizada por su edil Pedro Mario Pardo, alertaba de presuntos delitos de tráfico de influencias y de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios contra De Lamo. El magistrado abrió una investigación para aclarar si la ya exedil maniobró para modificar un informe de alegaciones municipales al plan Pativel para evitar que se catalogara como suelo no urbanizable protegido la finca de su suegro, en el entorno del río Seco, y para eliminar una propuesta presuntamente firmada por ella, que finalmente fue suscrita por el entonces alcalde, Benjamí Soler (Compromís).
Tras un primer archivo de la causa, la Audiencia Provincial ordenó el año pasado la reapertura del caso al advertir que sí que existían indicios de delito, y las nuevas diligencias practicadas han desembocado en este procesamiento, del que se excluye al jefe de los Servicios Informáticos, para el que se ha decretado el archivo de la causa. Y ahora aboca el proceso a juicio, que ya se une a otro pendiente, con el que nada tiene que ver, por el que están procesados los dos últimos alcaldes, tres ediles y una funcionaria, por supuesto fraccionamiento de contrato, con origen también en una denuncia de EU.
El juez ve indicios de que De Lamo presuntamente actuó para «ocultar» la propuesta que firmó ella misma pese a tener intereses directos, siendo borrado del expediente en colaboración con los otros dos funcionarios, y cambió las competencias al técnico responsable, que había dictaminado a favor de las afecciones del Pativel, por otro que proponía «salvar» la zona del río Seco, donde se ubica esta parcela. E impulsó las alegaciones para levantar la afección sobre la zona de los terrenos, manteniéndolos urbanizables.
Así, el fiscal Anticorrupción Pablo Romero pide para De Lamo por los delitos continuados de prevaricación administrativa y de tráfico de influencias, de negociaciones prohibidas y de infidelidad en la custodia de documentos penas que suman 21 años de inhabilitación y 42 meses de prisión. Para el secretario y la técnico, por infidelidad en la custodia de documentos, 21 meses de cárcel, que de no tener antecedentes no les llevarían a prisión, a ser menos de dos años.
La Fiscalía sostiene que De Lamo "tuvo una trascendental participación (...) pese a los significativos intereses económicos" en las alegaciones del Ayuntamiento a la Generalitat sobre el Pativel, ya que "desde el negociado que Carmen de Lamo dirigía se promovió el expediente relativo a las alegaciones a presentar por el Ayuntamiento de El Campello, siendo ella quien, prevaliéndose de sus funciones, decidió el informe "su desclasificación a no urbanizable de protección litoral, anulando, por lo tanto, cualquier desarrollo urbanístico del mismo, y el consiguiente beneficio económico que ello podría suponer para su titular y personas allegadas".
Un primer informe del jefe del Servicio de Planeamiento, de 28 de noviembre de 2016, manifestaba que "los objetivos generales del Pativel se consideran positivos y plenamente justificados en orden a buscar un desarrollo armónico y equilibrado del litoral. Así mismo, los puntos elegidos para delimitar áreas de afección directa se consideran acertados en cuanto a su interés ambiental y paisajístico a preservar, siendo que todos ellos ya tenían un enfoque similar en el Plan General", por lo que la Fiscalía entiende que "por lo tanto el jefe de Planeamiento del Ayuntamiento estimaba adecuado desclasificar la parcela del suegro de la concejal acusada, desde el punto de vista ambiental y paisajístico, atendiendo al interés general".
Pero la Fiscalía señala que "como consecuencia de una 'Instrucción de Servicio'", dictada por el alcalde Benjamí Soler (Compromís) a propuesta por la concejala acusada, en fecha 5 de diciembre de 2016, es decir tres semanas después del primer informe, "se le asignan provisionalmente 'las materias y funciones ordinarias de planeamiento urbanístico' al jefe de servicio de la Oficina Técnica", el 5 de enero de 2917 se emite "informe suscrito por el arquitecto jefe de la Oficina Técnica Municipal".
Y la Fiscalía destaca respecto a este segundo informe que "a diferencia del informe del jefe de servicio de Planeamiento, el del jefe de la Oficina Técnica, consideró que debía alegarse contra la afección en el área de río Seco, donde, como se ha expresado, se ubicaba la parcela del suegro de la concejala delegada de urbanismo, De Lamo". Así, "mediante dicha alegación del Ayuntamiento, de aceptarse, los terrenos del suegro de la concejal acusada volverían a la clasificación de suelo urbanizable que el documento inicial del Pativel desclasificaba a suelo no urbanizable de protección litoral". Y ese mismo día en el que este segundo técnico "emitió su informe, claramente favorable a los intereses urbanísticos de la familia de la concejal acusada, esta dictó propuesta de acuerdo", suscrita el mismo día 5 de enero de 2017, por medio del cual propuso a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo: Primero.- Asumir el informe elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal, en fecha 05 de enero de 2017. Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Dirección General de Territorio, Urbanismo y Paisaje".
"Es decir, en el ejercicio de sus funciones y en un asunto en el que tenía manifiestos intereses personales y patrimoniales, no se apartó del mismo, presentando la correspondiente abstención, sino que, incumpliendo la obligación que le compelía a abstenerse, propuso al órgano que debía de decidir sobre las alegaciones municipales que se remitirían desde el Ayuntamiento de El Campello a la Generalitat para la redacción definitiva del Pativel, que las que se elevaran fueran las que se fundamentaban en el informe que le era mas favorable, sin explicar ni dar ningún tipo de motivo del por qué no se escogía" el primero, apunta el Ministerio Fiscal.
Desaparición de documentos
Y aquí es donde el tema trasciende de Lamo a los dos funcionarios, ya que esta primera propuesta de acuerdo firmada por Lamo y que se basa en el segundo informe, "pese a existir, no figura en el expediente remitido por el Ayuntamiento al Juzgado de Instrucción, ni en formato papel ni en formato electrónico. La acusada realizó cuantas actuaciones estuvo en su ámbito de influencia a fin de entorpecer e impedir el acceso a esta propuesta de acuerdo, la cual pudo ser aportada por el denunciante, Pedro Pardo, concejal, en aquellas fechas, en la oposición del Ayuntamiento de El Campello, gracias a tener acceso al expediente en formato papel".
Del mismo modo, "pese a su intervención determinante en las alegaciones del Ayuntamiento al documento inicial del Pativel, la concejala acusada, una vez que desplegó toda la influencia que le confería el ejercicio de su función en el ámbito urbanístico para que la decisión que se adoptara fuera la que mas beneficiara los intereses económicos de su familia, se ausentó en la votación de las alegaciones en la Junta de Gobierno Local celebrada el 23 de enero de 2017, por medio de la cual se aprobó la propuesta de acuerdo del mismo día suscrita por el alcalde, Benjamín Soler".
Así, la edil "no formó parte de la junta dado que por indicaciones del secretario de la Corporación, el acusado Carlos del Nero, tuvo que apartarse de la misma al tener intereses en los asuntos que se iban a decidir, pese a lo cual, lo que se hizo fue validar todo lo que ella había realizado hasta la fecha, es decir, toda la tramitación del expediente de las alegaciones al Pativel, habiendo escogido, sin dar razonamiento alguno, aquellas que mas le beneficiaban". Finalmente la Generalitat atendió la alegación del Ayuntamiento, basada en el segundo informe, dejando sin protección la finca del suegro de la concejal, entre otras parcelas.
Por todo ello la Fiscalía concluye que "mediante esta torticera maniobra la concejal acusada pretendía dar apariencia de legalidad al cambio de funciones, instrumental a sus intereses y fruto de su arbitraria voluntad, y conseguía relegar al técnico municipal competente, cuyo informe no satisfacía los intereses patrimoniales de su familia. Una vez apartado del servicio de planeamiento" el firmante del anterior informe, "la acusada podría forzar un nuevo informe, así como darle mayor consistencia y valor al que fuera emitido" después, "y ello para beneficiar el interés económico de su suegro, que también era el suyo", informe que fue "el que la propuesta de acuerdo tomó en consideración, exclusivamente, omitiendo por completo la existencia del anterior, del jefe del servicio de Planeamiento, informe este último (el excluido por la concejal acusada) dirigido exclusivamente a satisfacer el interés público municipal".
Secretario y técnico
En lo que respecta al secretario y a la técnico, "el mismo día en el que, tras realizar las correspondientes peticiones, el portavoz del grupo municipal de EUPV, Pedro Mario Pardo Amorós, denunciante en esta causa, tuvo acceso al expediente administrativo electrónico, que fue el 15 de febrero de 2019, fue eliminada, al menos apartada de la vista principal, del expediente electrónico, la propuesta de acuerdo de alegaciones del Ayuntamiento de El Campello al Pativel, en el trámite de consultas y participación pública, documento oficial de fecha 5 de enero de 2017, suscrita por la acusada, Carmen de Lamo, lo que se llevó a cabo merced a las mendaces actuaciones realizadas por esta en connivencia" con los otros dos acusados, según la Fiscalía.
De esta forma, 15 minutos antes de dar acceso el secretario a Pardo, se cambió en nombre de uno de los documentos por el de "anulado" y se eliminó, 10 meses después de haberse cerrado el expediente. Por ello la Fiscalía considera que "los tres acusados actuaron concertadamente a fin de privar, intencionadamente, de que el documento en cuestión, la propuesta de acuerdo suscrita por la Sra. de Lamo, pudiera cumplir la función que el ordenamiento jurídico le reconocía, al menos la de ser examinada por un concejal de la oposición y ser sometida a examen y crítica". Ese informe estaba firmado por De Lamo, pero finalmente se incorporó otro firmado por el alcalde, de idéntico contenido.
"A las 13.29.14, la concejal acusada, modificando las propiedades del documento electrónico, cambió el título o nombre del documento, en cuestión, es decir, la propuesta que firmó con fecha de 5 de enero de 2017 sobre alegaciones al Pativel, que se llamaba “Propuesta Alegaciones PATIVAL” y en su lugar lo tituló ANULADO, tras lo cual, a las 13.34.09, el jefe del servicio de Informática, lo movió a la “papelera”, la carpeta de elementos eliminados". Este funcionario "realizó esta operación desconociendo lo ilícito de su proceder, y lo hizo a instancias de la Técnico de Administración General encargada de la tramitación del expediente, que utilizó al anterior como instrumento siendo aquella plenamente consciente de lo ilícito de su proceder y quien podía dar esta orden, quien, a su vez, actuó instada por Carmen de Lamo, que pidió a la Sra. López que 'revisara' este expediente, en clara referencia a que hiciera todo lo posible por hacer desaparecer el documento en cuestión, dado que se iba a dar acceso al mismo a un tercero, en este caso al Sr. Pardo, y urgía cierta prisa ya que así lo había advertido el secretario municipal, Sr. del Nero, que fue el que dio aviso a la Sra. de Lamo del propósito del denunciante de examinar el expediente electrónico, con las adversas consecuencias que suponía a la concejal acusada la constatación de la existencia de la tan referida propuesta de acuerdo suscrita por la misma".
EU y Podemos
EU ha venido reiterando la necesidad de seguir investigando este caso para aclarar la actuación de la exedil, recordando que pese a las acusaciones de que se trataba de una "invención absurda y sin fundamentos", "burdas mentiras de EU", o incluso de una denuncia por calumnias e injurias que anunció De Lamo, la reapertura del caso por parte de la Audiencia no hacía más de constatar la existencia de indicios de ilegalidad. Pardo manifestó a INFORMACIÓN en 2019 que "somos de la opinión que la secretaría general de Podemos del Campello y concejal de Urbanismo, tiene una línea muy fina entre sus intereses urbanísticos particulares y familiares y los del interés general", lo que le valió esta querella, de la que no se ha vuelto a saber nada.
Por su parte Lamo negó en su día en declaraciones a este medio que cualquier tipo de ilegalidad o irregularidad, señalando que ella no había firmado ningún documento del Pativel, sino el alcalde. Y desde Podemos el año pasado celebraron el archivo inicial de la causa y reclamaron la dimisión del portavoz de EU, denunciando las "mentiras" de EU y el "daño personal" que estaba causando.
