La Policía encontró en la clínica dental de Alzira un bote vacío de anestésico distinto del aportado por el anestesista a Sanidad

La jueza de la plaza 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, que investiga la muerte de una niña de 6 años y la afectación grave de otra de 4 tras ser atendidas en la Clínica Dental Mireia de Alzira el pasado 20 de noviembre, ha vuelto a hacer una ronda de interrogatorios tras la sucesión de contradicciones destapadas por la investigación de la Policía Nacional y del propio juzgado.

De hecho, este lunes no solo han vuelto a comparecer ante la magistrada los padres de las dos pequeñas y varios testigos, sino que también lo ha hecho la odontopediatra que practicó distintas intervenciones a las menores, aunque esta vez ha sido citada como investigada, es decir, se suma a los dos ya imputados: el anestesista, sobre quien recaen la mayor parte de las sospechas de por qué una de las niñas murió y la otra estuvo a punto, y la dueña de la clínica, cuya presunta responsabilidad reside en si el centro estaba o no habilitado para realizar sedación consciente a los pacientes y, en todo caso, si las instalaciones eran las adecuadas a ese tipo de acción.

Los primeros en hablar ante la magistrada han sido los padres de la menor fallecida, en tratamiento psiquiátrico desde que ocurrieron los hechos, ya que la pequeña era su única hija, fruto además de un prolongado tratamiento de fertilidad. Tanto ellos como los padres de la menor que se salvó están personados en la causa como acusación particular, por lo que en el acto de ayer se reafirmaron en que quieren permanecer en el proceso y llegar hasta las últimas consecuencias.

Demasiadas contradicciones

La jueza ha estado esperando a recibir buena parte de los resultados de las pruebas solicitadas tanto a instancias del grupo de Homicidios de la Policía Nacional como por las partes personadas, y que han servido para poner sobre la mesa datos que contradicen principalmente la versión aportada por el anestesista. Como se recordará, la niña de 6 años fue la primera en ser atendida. A las 9.40 horas fue dormida con sedación consciente por el anestesista y a lo largo de dos horas, la odontopediatra le practicó tres extracciones -una de ellas, solo la raíz- y siete empastes. La niña fue llevada a otro gabinete a modo de sala del despertar y pasadas las 12.00 horas, la madre se la llevó a casa.

Cinco horas después, a las 17.00 horas, la clínica recibió una llamada desde el Hospital de la Ribera en la que la médica de urgencias le pedía saber qué fármacos le había administrado. El ahora investigado le dijo dos: midazolam y propofol. Sin embargo, cuando la Policía le tomó declaración como testigo, agregó tres fármacos más -ketamina, atropina y dexmedetomidina- y dio todo tipo de explicaciones de cuántas dosis y cada cuanto tiempo le había administrado a la niña: para entonces, ya había entregado muestras de todos ellos a los inspectores de la Conselleria de Sanidad y suponía que los agentes iban a registrar la clínica, como así fue.

Dos botes distintos de propofol

Ese registro sirvió para recuperar de los contenedores de desechos clínicos no solo las vías empleadas para la administración intravenosa, sino también los envases vacíos. Segunda contradicción: Homicidios detectó que a los inspectores de Sanidad les había facilitado una muestra de propofol, el fármaco bajo sospecha ya que es el más expuesto a contaminarse con microorganismos que pueden llegar luego al paciente a través de la administración intravenosa y generar una sepsis, que no era la utilizada en la clínica con las dos menores. ¿Y cómo lo averiguaron? Porque el desechado en el contenedor de la sala donde fueron intervenidas ambas menores era de una partida totalmente distinta, con diferente número de lote y fecha de caducidad.

No son las únicas contradicciones en las que ha incurrido. También 'olvidó' en la primera declaración hacer referencia a que hubo una tercera menor que tuvo problemas. Era una niña de 5 años atendida en una clínica de Paterna, que la Policía localizó tras esa primera declaración del entonces aún testigo, después de que este confesara, por un lado, que sustraía los fármacos y el resto de elementos sanitarios -las vías, las llaves...- del Hospital de Manises, donde había estado trabajando hasta el 31 de octubre, y por otro, que había tratado a otros menores en centros de Paterna y de Sagunt.

El 'olvido' de la niña de Paterna

Solo después de que los agentes de Homicidios tomasen declaración al dueño y los empleados de ese centro dental de Paterna, de lo que fue advertido el anestesista, este llamó a los investigadores y pidió volver a declarar para ampliar su primera declaración argumentando que había olvidado comentar un asunto. El 'asunto' era, precisamente, las complicaciones experimentadas por esa niña, con la que había utilizado los mismos medicamentos para someterla a sedación consciente.

Es más, él mismo reconoció que había llegado incluso a hablar con la madre de la menor para preguntarle por los síntomas de la niña, después de que la progenitora se pusiese en contacto con la clínica anunciando que iba a llevar a su hija a urgencias del hospital. Pese a ello, el anestesista no lo mencionó en su primera declaración.

Ofrecimiento de acciones al hospital

Además, de a los padres, la jueza ha ofrecido acciones al responsable de Farmacia del Hospital de Manises, precisamente como perjudicado por la presunta sustracción de fármacos y material sanitario por parte del ahora investigado, tal como adelantó en su momento Levante-EMV.

De hecho, el farmacéutico fue quien aportó a la Policía en su declaración ante los investigadores de Homicidios el listado de facturas de compra de la mayor parte de los medicamentos intervenidos al anestesista, ya que algunos de ellos no procedían de ese centro.

Por lo que respecta a la odontopediatra, la magistrada le formuló prácticamente las mismas preguntas que ya le había planteado Homicidios cuando la interrogó en calidad de testigo, y sus respuestas han sido idénticas. La jueza no ha dictado ninguna medida cautelar en su caso.

En cuanto a la dueña de la Clínica Dental Mireia, que fue detenida en su momento por la Policía Nacional, al igual que el anestesista, la investigada ha vuelto a argumentar que se limitó a acatar la escasa normativa autonómica, aprobada en diciembre y ampliada en febrero. De hecho, la Comunitat Valenciana es una de las cuatro autonomías que menos legislación tiene respecto a este tipo de prácticas en el ámbito extrahospitalario.