La banda del Mauri niega haber secuestrado al empresario apalizado y aunque sus teléfonos los sitúan en Montserrat

Nadie conoce a nadie. Y los que se conocen nunca estuvieron en la cuadra donde ocurrieron los hechos. Además, ningún teléfono de los situados en el lugar donde secuestraron y agredieron a un empresario pertenece a los acusados. Es el resumen de la penúlima sesión del jucio celebrado este lunes contra seis personas que interceptaron a un empresario de 45 años, tras haberlo seguido en su día a día, y al que le exigieron 200.000 euros tras propinarle una paliza en Montserrat.

Tras el aplazamiento la pasada semana hasta que se localizara a dos testigos, este lunes se reanudaba el juicio en la Sección Tercera de la Audiencia de València. Nada más comenzar, una de las testigos que declaraba por videoconferencia, pro en el mismo instante se negaba ha hacerlo porque no quería saber nada y "todo esto me produce ansiedad" por lo que su intervención apenas duraba un minuto. El segundo testigo, llegaba con retraso, justo cuando ya estaban declarando los acusados por lo que, al parar la sesión, quienes lo habían propuesto finalmente rechazaban que declarara.

Los teléfonos no eran suyos

Así las cosas, el juicio contaba con la declaración de los acusados quienes han seguido el mismo patrón de solo contestar a las preguntas de sus respectivos abogados. Han negado los hechos así como números de teléfono que les situaba en los lugares donde sucedieron los hechos.

Sí han reconocido algunos, ante las pruebas del posicionamiento de los teléfonos, haber estado juntos y hasta incluso, en un cruce con semáforo cerca de la vivienda de uno, haberse cruzado con la víctima pero nada más. Cada uno siguió por su camino, explicaban, así como todo lo que hicieron el 29 de noviembre a partir del mediodía y hasta la noche.

Compraventa de "cochecillos" nada más

Joaquín Martins, conocido como El Mauri, reconocía que la víctima era amiga suya desde pequeño pero que no tenían relación alguna salvo haberse visto en una despedida. Y que el vehículo que la Guardia Civil sospecha relacionado con el secuestro, un BMW X5, es propiedad de su hermano Enrique, ya fallecido. Mauri explicaba a su abogado que se dedicaba a la compraventa de "cochecillos" y de ahí la relación con algunos de los acusados. Hasta acudía con una nota simple relacionada con la historia de unos terrenos de su excuñada, así como la supuesta coartada de haber estado la tarde de los hechos en una discoteca de València donde ocurrió un apuñalamiento.

El resto de acusados, negaban su participación y explicaban a sus abogados que se conocen de sus pueblos -Catarroja, Albal, Torrent y Picassent- y cuando les decían el número de teléfono que obraba en la causa y los situaba en los "puntos calientes" de lo sucedido, todos ellos negaban que utilizaran esos teléfonos a pesar de aparecer posicionados en distintos escenarios relacionados con el secuestro del empresario.

"Nunca he tenido ese móvil"

Es más, hay quien lo daba en los bares y lo anunciaba para su trabajo al tiempo que negaba que fuera el de él. Otro decía que llamaban siempre al de su madre o incluso un tercero que aludió a que ese día una persona le dejó llamar desde su teléfono, o simplemente que "nunca he tenido ese móvil". En definitiva, todos coincidían en desvincularse al máximo de los posicionamientos de las antenas con respecto a los teléfonos móviles pues en ellos aparece el recorrido que hicieron así como las vigilancias y encuentros que tuvieron.

Como versión para intentar desmontar la acusación de la Fiscalía, uno de los acusados reconocía haber estado en la nave-cuadra donde la víctima denunció haber sido secuestrada y apalizada. Explicaba que había quedado con "El Negro" para decirle los trabajos de limpieza de la cuadra que tenía que hacer y, respecto a las otras dos personas que aparecen en el mismo lugar -por el posicionamiento de sus teléfonos móviles- se explicaba diciendo que había quedado con ellos para mostrarles y venderles un caballo.

"Obra de ingeniería policial"

La Fiscal se mantiene en la petición de 27 años de cárcel para los acusados con el agravante de disfraz y alevosía, al que se sumaba la acusación particular. La Fiscal Elena Llinares, dejaba claro que "no hubo mala praxis por parte de la Policía Judicial de Carlet al informar a Homicidios de la Guardia Civil" la presencia de una furgoneta balizada en la zona donde se habían producido los hechos.

De la misma manera, la representante del Ministerio Público calificó de "obra de ingeniería policial" el hecho de que los agentes de Homicidios de la Guardia Civil llegaran a analizar más de un millón de datos hasta lograr atribuir esos teléfonos a los acusados.

Petición de nulidad e investigación prospectiva

Por su parte, las defensas pedían la libre absolución si bien la que ejerce Nati García iba más allá y solicitaba "la nulidad del procedimiento" al entender que se había utilizado los datos de una baliza instalada en una furgoneta relacionada con robos para obtener la información del posicionamiento de los teléfonos antes de que se solicitara la autorización. Y además, no existía certificación de los datos aportados.

También Ignacio Castillo Castrillón, abogado de uno de los acusados incidía en la nulidad de la causa dado que la situaba como una "investigación prospectiva" recalcando que los agentes de la Guardia Civil "accedieron fraudulentamente a los datos" en referencia al procedimiento seguido. Para Castrillón el juzgado de Instrucción 3 de Carlet no tenía competencia en los hechos, por lo que "se da forma a una ilegalidad" indicando que "dicta un auto, sobre el que no es competente, autorizando a la Guardia Civil" recordando además que a los agentes de les daba autorización al acceso y visionado pero no copiado.

Por último, Castillo Castrillón recalcaba que su cliente está inmerso en la causa "por una llamada que hizo" a una compañía de seguros y porque "en el año 2019 se le relacionó en Sueca con uno de los acusados".

Fuente: Levante - EMV