El juicio por la primera red china de blanqueo en la provincia de Alicante ha arrancado este martes con la declaración de los 21 acusados que se sientan en el banquillo en una intensa mañana. Un interrogatorio que ha estado marcado por los silencios de buena parte de los procesados, mientras que los que sí han hablado ha sido para negar la existencia de las irregularidades que les imputa la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Nadie sabía nada y todo era legal, hasta que un atraco puso a la Policía sobre la pista del entramado en el que las personas que aparecían como administradores de las mercantiles investigadas aseguraban ser un trabajador más. De todos los acusados, solo dos se han acogido a la oferta de conformidad planteada por el fiscal y han admitido los hechos que se les imputan. Otros cinco se han acogido a su derecho a no declarar y no han respondido a ninguna de las partes; mientras que otros seis procesados solo han contestado a sus respectivos abogados, entre ellos los principales acusados. Aunque diez sí que han querido contestar a todas las partes, la mayor parte de su declaración ha consistido en decir que no recordaban nada, ya que los hechos enjuiciados ocurrieron entre los años 2005 a 2009; o los que sí recordaban, aseguraban que los envíos a China era para la adquisición de nuevos productos y que de toda la mercancía que llegaba a España se pagaban los aranceles correspondientes para poder salir del Puerto.
Se acusa a este entramado de haber desviado hasta 168 millones de euros a China de ventas procedentes de calzado asiático en la provincia de Alicante entre los años 2005 y 2009, eludiendo el pago a Hacienda de estas operaciones. La mercancía llegaba a España en contenedores y el dinero de sus ventas, a precios más baratos que sus competidores nacionales, regresaban a su país a través de transferencias bancarias, sin pagar impuestos, lo que les permitía esos precios, sostienen las acusaciones. Entre los procesados hay cinco empresarios de nacionalidad española que habrían ayudado a los ciudadanos chinos a encubrir estas transferencias de dinero. Entre estos acusados se encuentra J. A. V. G., el hombre que fue atracado a punta de pistola en el barrio alicantino de San Gabriel en diciembre de 2008 cuando se disponía a ingresar un millón y medio de euros para transferencias bancarias a China. La Policía logró arrestar a los atracadores, pero también abrió una investigación para tratar de esclarecer la procedencia del dinero, dado el alto volumen de las cantidades que manejaban.
"Parecía que había sido yo el que me había robado a sí mismo", aseguró cargando contra la investigación de la Policía este empresario, que solo respondió a preguntas de su letrado, y recalcó que el robo se denunció porque no había nada ilícito en esa operación. "Todo el dinero que se enviaba a China era para pagar nuevos envíos de material", aseguró, al tiempo que explicó que con cada operación se aportaban al banco las facturas correspondientes. Según sus explicaciones, el trabajo de su empresa era despachar contenedores que llegaban desde China. "Desde Aduanas no dejaban salir la mercancía si no estaban pagados los aranceles y eran ellos los que inspeccionaban que todo estaba correcto", aseveró. "Esta gente no se dedicaban a vender droga, ni era una red de trata. Son vendedores de zapatos y su actividad era legal", ha dicho.
En el banquillo se sientan también la nuera y el hijo de este acusado, a quienes se imputa el haber participado en las operaciones de la mercantil del principal procesado para enviar el dinero a China. La mujer aseguró que ella solo era una empleada de la mercantil y que era su suegro quien se ocupaba de todo y que ocasionalmente había hecho alguna transferencias por orden de éste. En cuanto al hijo, aseguró que no trabajaba con su padre y que solo a principios de 2009 había acompañado a su mujer al banco a hacer alguna transferencia, porque se había quedado sin empleo porque no tenía nada más que hacer.
Otro de los acusados es un transitario en cuya empresa J. A. V. G. tenía un despacho en el que se ocupaba de sus negocios, aunque éste no concretó qué labor realizaba allí este otro procesado, "Era un acuerdo que tuvo con mi padre", aseguró. Este transitario insistió en que su empresa, que ya no está en activo, era una mercantil familiar pequeña de transportes internacionales que operaban en Alicante y Murcia "como meros intermediarios" al contactar al cliente con el proveedor. Según explicó, durante aquellos años interpuso una denuncia ante su banco y ante el Banco de España porque había detectado movimientos en las cuentas de su mercantil que él no había autorizado. "Yo denuncié en su día y nadie me ha avisado a posteriori de qué pasó", aseguró, respondiendo negativamente cuando el abogado del Estado le preguntó si había recuperado alguna de esas cantidades. Otro de los transitarios acusados ha asegurado que en su día "tanto el asesor fiscal como en los bancos les habían dicho que no había ninguna ilegalidad en estas actuaciones".
Algunos procesados, aunque aparecieran como responsables de algunas de las mercantiles que desviaban fondos a China procedentes de las ventas del calzado en la provincia, aseguraban que en realidad eran meros trabajadores y que aparecían como tales en el registro porque era más barato para sus jefes tenerles como socios y que se dieran de alta como autónomos a tener que darles de alta en la Seguridad Social. Otro de los procesados admitió que tenía una mercantil sin actividad, que había creado para futuros negocios y la desvinculó del entramado, negando haber hecho algunas de las operaciones que se le imputaban. El hecho de que los acusados de nacionalidad china no hablaran con fluidez castellano, por lo que era necesario el uso de una intérprete, y el carácter técnico de los interrogatorios impidió que se pudiera arrojar mucha más luz sobre estas operaciones.
Dos acusados aceptan seis meses de cárcel
De seis años de prisión que les pedían a seis meses de cárcel y el pago de una multa. Éste es el acuerdo que alcanzaron los dos únicos acusados que han cerrado un acuerdo con la Fiscalía, un matrimonio de nacionalidad china. Una rebaja similar se mantenía para el resto de los procesados, pero ninguno ha querido llegar a acuerdo alguno. Las penas reclamadas para los procesados oscilan entre los seis y los 22 años de cárcel, en función del grado de participación de cada uno, sumando un total de 229 años por fraude fiscal, blanqueo de capitales y más de 725 millones de euros en multas. Fuentes cercanas al caso precisaron que no ha siso posible llegar a un acuerdo ante la falta de garantías de que la pena se vaya a suspender en el caso de que se aceptara la condena, lo que supondría el ingreso en prisión de los procesados, así como que Hacienda no está dispuesta a renunciar al dinero que se reclama por las cantidades presuntamente defraudadas. La Audiencia tiene el criterio de que para suspender la pena en los delitos económicos debe haber una voluntad de pago del dinero.
El hecho de que la causa se remonte a 2008 permite importantes rebajas de las penas pedidas, ya que ocurrieron hace más de catorce años, por lo que la aplicación de la atenuantes por dilaciones indebidas se aplicaría de manera automática. El juicio ha tenido numerosos intentos fallidos para celebrarse. Las últimas veces fue el estallido del covid y la llegada del estado de alarma, las que determinaron que en febrero de 2020 no pudiera celebrarse. Algunos de los procesados alegaban precisamente que estaban en Wuhan, la ciudad donde empezaron los primeros contagios, para no poder venir a España.
La Audiencia ha habilitado el salón de actos de los juzgados de Pardo Gimeno como sala de vistas para poder albergar un proceso con más de veinte procesados y sus respectivos abogados, para cumplir con las medidas de seguridad que marcaban los protocolos sanitarios. El primer día del juicio se encontraron con que la huelga de Letrados de la Administración de Justicia obligaron a otra suspensión, pero ayer se pudo recuperar el día perdido.
