La directiva de un club cannábico de Alicante se ha conformado con penas que oscilan entre los dos y los tres años de prisión y multas cercanas a los 10.000 euros tras el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial. La Fiscalía y las defensas han alcanzado un acuerdo por el que los acusados se han declarado culpables de los delitos que se les imputaban a cambio de una rebaja en las penas que se les solicitaban, y que alcanzaban hasta los cinco años de prisión. Se les acusaba de un delito de tráfico de drogas y de asociación ilícita. El acuerdo implica también una suspensión de la pena de prisión para los procesados, que no tendrían que entrar en el centro penitenciario. En el caso del presidente de la asociación y que ha aceptado penas que suman los tres años de prisión, la pena se sustituirá con trabajos en beneficio de la comunidad. Para el resto se impone un año por cada uno de los dos delitos. La Fiscalía reclamaba también la disolución de esta asociación por considerar que promovía el consumo de sustancias estupefacientes.
El juicio no fue escenario para que el colectivo plantara batalla para la legalización del cannabis en España. Todos se declararon culpables de los delitos que se les imputaban. Sobre el papel no entrarán en prisión, aunque por cada dos cuotas impagadas de las multas que se les reclaman se transformarían en un día de cárcel.
El citado colectivo se creó inicialmente el 7 de junio de 2014 con el nombre Paradise Club Social Cannábico y se encontraba en las proximidades de la Universidad de Alicante, pero el 20 de junio de 2016 pasó a denominarse Buena Vista Social Club y trasladó su sede a la calle Segura de Alicante, en pleno centro de la ciudad. En el banquillo se sentaban el presidente, el secretario y el tesorero de la asociación, así como otros colaboradores. Una se encargaba de controlar el acceso y otro de dispensar las entregas a terceros. La Fiscalía les acusaba de valerse de la asociación como pantalla para dar apariencia de legalidad a la distribución de sustancias estupefacientes, utilizando el local para su venta indiscriminada.
La imputación es resultado de una operación realizada por la Policía Nacional en abril de 2019 a raíz de establecer vigilancias en la sede e identificando a personas que salían del local y a las que se intervinieron pequeñas cantidades de cannabis. Tras un registro practicado en julio de 2019 se intervinieron más de dos kilos de cannabis y de resina de esta sustancia que hubieran alcanzado un valor de 10.000 euros en el mercado.
Los estatutos de la asociación tenían entre sus finalidades el informar a los usuarios y a la sociedad sobre la planta cannabis sátiva desde el punto de vista científico, social, medioambiental, cultural, médico y legal; el estudio e investigación de esas cuestiones; el seguimiento y la denuncia, en su caso, de las actividades públicas que menoscaben derechos inalienables de la persona y buscar la normalización y legalización del cannabis. En los estatutos se hacía constar que no constituía el objeto de la asociación el fomento, ni la apología de sustancia alguna, ni el facilitar el consumo de drogas, pero sí fomentar actividades encaminadas a la prevención de los riesgos asociados a su uso. Desde la Fiscalía se consideraba, que la asociación no estaba autorizada por la Agencia Española del Medicamento para ejecutar actos de cultivo o de distribución de cannabis, careciendo de autorización administrativa de Urbanismo para el ejercicio de actividad alguna.
