Empezó su carrera judicial en Barcelona y ha pasado por Dénia, Vinaroz, Massamagrell y Moncada, donde es el juez decano. En todos sus destinos pasaron por su juzgado casos de corrupción y allí es donde empezó a preocuparse por esta forma de delincuencia. Este jueves Joaquím Bosch presenta a las 19.00 horas en la sede Universitaria de Alicante (calle San Fernando, 40) un libro donde analiza esta lacra, «La patria en la cartera».
PREGUNTA: ¿Hay voluntad en España de acabar con la corrupción?
RESPUESTA: Si hubiera habido voluntad política suficiente, la corrupción habría acabado hace décadas. Frente a otros países democráticos, en España tiene la singularidad de que está muy centrada en el ámbito político y a la financiación ilegal de los partidos. La actuación de las fuerzas políticas es fundamental para impulsar reformas que acaben con el problema. Pero ha sido un deporte nacional embestir contra la corrupción del partido rival y al mismo tiempo ante hechos similares proteger a los corruptos propios.
P.: ¿Es una cuestión solo de falta de medios?
R: Lo que fallan son los mecanismos de prevención y de persecución de la corrupción. La legislación en materia de contratación pública ha dejado muchos agujeros por los que se han colado las prácticas corruptas. El Tribunal de Cuentas Europeo detectó que las autopistas españolas en igualdad de condiciones costaban el doble que las alemanas. En España conocemos aquello que se ha llamado la geografía del despilfarro en multitud de obras faraónicas innecesarias, de adjudicaciones con presupuestos que triplican el precio de mercado. Y en ese ámbito hay que hacer un trabajo de prevención importantísimo. Pero por otro lado, debe perseguirse de manera eficaz y en los juzgados tenemos recursos muy insuficientes. Las tramas corruptas cuentan con más medios para eludir la acción de la Justicia que los que tenemos los juzgados para perseguirlas.
En España hay cerca de 100.000 altos cargos puestos a dedos por las fuerzas políticas
P. : ¿Qué medidas propone?
R.: Una legislación en materia de contratos públicos más reglada y con menos elementos discrecionales. Que haya controles independientes e imparciales dentro de las Administraciones. En España, hay cerca de 100.000 altos cargos puestos a dedo por las principales fuerzas políticas. Necesitamos más transparencia en el funcionamiento de los organismos públicos y partidos con más rendición de cuentas, en los que los militantes puedan ejercer un control real y sobre todo con unas tesorerías que no funcionen de manera tan opaca. Y también necesitamos mecanismos más sólidos de separación de poderes.
P.: ¿Agilizaría dejar la instrucción judicial en manos de los fiscales?
R.: Lo fundamental es dejar de estar persiguiendo con una ley del siglo XIX a la alta delincuencia política y económica del siglo XXI. A partir de ahí, podemos empezar a ver cuál es el sistema. Pero para ello debería acabar la enorme dependencia que tiene en España la Fiscalía del poder político.
P.: ¿Qué le parece el hecho de que ninguna de las piezas separadas del caso Brugal haya acabado en condena de momento?
R.: Es resultado de actuaciones judiciales motivadas, pero que nos pone luz sobre algunos problemas generales. Es una práctica habitual que procedimientos muy largos y muy farragosos acaben en absoluciones o en sentencias con penas muy bajas. A menudo las pruebas se han volatilizado ante la lentitud de la maquinaria judicial. Los testigos siempre recuerdan menos cosas, es habitual incluso que fallezcan por el camino algunos relevantes. Ese largo tiempo también genera atenuantes de dilaciones indebidas; o que los hechos prescriban. Con lo cual, macrocausas como el caso Brugal o algunas piezas del caso Gürtel u otras similares nos demuestran que las patologías del sistema institucional y la falta de recursos puede acabar teniendo consecuencias en el resultado.
P.: ¿A qué atribuye la proliferación de tantas causas de corrupción en la Comunidad?
R.: Varias instituciones valencianas han estado gobernadas durante mucho tiempo con mayoría absoluta. Esto ha generado concentraciones de poder y también dinámicas clientelares de todo tipo. Esto se ha visto acompañado de una ausencia de controles internos suficientes.
Los casos ligados a la financiación ilegal de partidos son más peligrosos porque acaban irradiando al conjunto del sistema
P.: ¿Diría que los políticos corruptos roban para sus partidos?
R.: La corrupción vinculada a la financiación es mucho más peligrosa, porque no es individual, es estructural, organizada, tiene la capacidad que tienen los grupos organizados de poder y por eso es la que acaba irradiando al conjunto del sistema institucional. La corrupción ralentiza la economía y dificulta la libre competencia entre las empresas. Los expertos nos dicen que, si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con la corrupción que venía de la Dictadura, hoy España tendría una renta per cápita superior a la renta europea y cercana a la de Finlandia.
P.: ¿Los fraccionamientos de contratos esconden prácticas corruptas o son irregularidades administrativas?
R.: Dependerá de lo que se busque con el fraccionamiento. Es algo que debe demostrarse en el juicio. Pero su uso debe desatar todas las alarmas porque posibilita las contrataciones directas y por ello elude todos los controles. Las contrataciones de urgencia facilitan siempre poder adjudicar, siempre a tramas corruptas, a familiares y a amigos. Estoy convencido de que en los próximos meses conoceremos muchos más casos de corrupción surgidos durante la pandemia.
P.: ¿Los aforamientos han sido sinónimo de impunidad?
El aforamiento no implica que se quede sin condena el aforado. Puede ser juzgado pero con la singularidad de que tiene una especie de tribunal especial. El alto nivel de aforados en España explica ciertas batallas por el control del Consejo General del Poder Judicial, que es quien configura esos tribunales.
R.: ¿Debe revisarle la inviolabilidad del Rey?
Puede haber organismos públicos y representantes institucionales, entre ellos el jefe del Estado, que tengan una protección para el ejercicio de las funciones públicas, pero lo que es desproporcionado y carente de justificación es que ese blindaje alcance ese extremo exagerado de permitir la impunidad cuando se pueden cometer delitos en conductas privadas y que esto no tenga ninguna consecuencia penal. Esto es muy peligroso porque genera una percepción de que no hay igualdad ante la Ley.
P.: ¿Ha limitado mucho las investigaciones de corrupción la reforma de Gallardón poniendo tope a la duración de las investigaciones?
R.: Lo ha limitado y en algunos casos ha imposibilitado en algunos casos el poder seguir investigando, como es el caso del expresidente de la Comunidad de Murcia, por ejemplo. Ha sido positiva la última reforma que cambió la norma de límite, porque lo que resulta inadmisible es que haya un periodo acotado sin recursos suficientes en los tribunales.
Con un sistema automatizado de alertas, la descoordinación en el caso del asesinato del niño de Chueca no habría pasado
P.: ¿Ha habido fallos de coordinación entre los juzgados para evitar el crimen de un niño a manos de su padre en Sueca?
Ha habido un fallo estructural del sistema que no cuenta con instrumentos para evitar que estas situaciones ocurran. Con los recursos que tenemos no hay mecanismos de alerta que informen a un juez que debe resolver determinadas cuestiones de carácter familiar, entre ellas un régimen de visitas de los menores con sus progenitores, de lo que está ocurrieron en el ámbito penal. Aquí si nos fijamos no hubo una decisión judicial con una motivación errónea. El juez que valoró esta situación suspendió las visitas, pero en otro juzgado se estaba tramitando un divorcio sin ningún tipo de información de que existía la otra decisión. Y por lo tanto se tramitaron en paralelo dos procesos con resultados incompatibles. Es evidente que si ese juez de Familia hubiera tenido conocimiento de lo decidido por el juzgado no habría resuelto en el divorcio lo que se acordó. A mi me parece que en estas situaciones deberían servir para que los poderes públicos reflexionaran sobre las situaciones precarias con las que trabajamos en los juzgado. Con un sistema automático de alertas que simplemente informara en el procedimiento de familia de que estaba esta resolución, esto no habría pasado.
