La Audiencia de Alicante ha condenado a diez meses de prisión a una mujer acusada de crear empresas fantasma sin actividad alguna con el único propósito de conseguir devoluciones indebidas en el Impuesto del Valor Añadido (IVA) y a las que no tenía ningún derecho, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Mediante este sistema intentó que Hacienda le ingresara cantidades cercanas a los 75.000 euros, pero los pagos no llegaron a efectuarse al detectarse los hechos. La mujer se declaró culpable en la vista que se cerró con una conformidad en la Sección Primera y no tendrá que ingresar en prisión por estos hechos, ya que la pena ha sido suspendida. Se la considera autora de un delito de estafa en grado de tentativa en concurso con otro de falsificación de documentos públicos.
Sin embargo, esta acusada no actuó sola. De la causa se desprendía que fue utilizada por un entramado mucho mayor que la utilizaron como testaferro para quedarse con el dinero, sin dejar rastro de sus verdaderas identidades. La acusada nunca supo quiénes eran los auténticos beneficiarios de estas operaciones. "Esto me ha pasado porque no soy muy lista", repetía en varios ocasiones a lo largo de la vista oral. En este caso concreto, la red no llegó a cobrar porque Hacienda ya había sufrido otras estafas similares y esta vez decidió hacer comprobaciones adicionales. En otros pagos, el dinero desaparecía de la cuenta inmediatamente tras la transferencia de la Agencia Tributaria.
En las próximas semanas, la Audiencia de Alicante tiene pendientes de celebrar hasta otros dos juicios por hechos similares cometidos por este entramado. En todos los casos se usaban a personas insolventes y sin recursos para ponerlas al frente de las sociedades y hacer la fraudulenta declaración por vía telemática. Hacienda no podía hacer nada por la recuperación del dinero porque estas personas eran insolventes y no había ninguna pista de quiénes había detrás. Los investigadores trataron de localizarlos a través de las IPs por las que se había hecho la declaración por vía telemática, pero se trataban de líneas asignadas a las zonas comunes de un hotel, por lo que no había posibilidad de saber en qué habitación pudieron haber estado alojados, o si realmente llegaron a hacerlo.
El fallo considera probado que la acusada se dedicó a la creación de sociedades instrumentales que carecían de actividad real y con el único propósito de obtener devoluciones indebidas del IVA. Para ello, en el último trimestre del año creaba un gran número de sociedades instrumentales que solamente presentaron por vía telemática declaraciones correspondientes al IVA del cuarto trimestre del año, normalmente fuera de plazo y por cantidades que oscilaban entre los 11.000 y los 15.000 euros. El domicilio fiscal que se comunicaba era falso, por lo que resultaba ilocalizable; y en el caso de que se notificara al administrador un requerimiento para que justificara documentalmente esa devolución, no contestaba.
Las mercantiles no tenían ningún activo y únicamente disponían de una cuenta bancaria abierta para cobrar el dinero de las devoluciones. Dichas cuentas apenas tenían movimientos y eran vaciadas inmediatamente tras recibir la transferencia. Las mercantiles bajo sospecha se dieron de alta durante el último trimestre de 2014. A lo largo del mes de enero de 2015 solicitó la devolución de 71.711 euros que debían ser ingresados en cuentas bancarias abiertas en sucursales de Alicante y en la que únicamente estaba autorizada la acusada y sin que se llegara a reintegrarla cantidad interesada.
A lo largo de la sentencia, se desliza que la procesada pertenecía a un entramado mucho mayor que se dedicaba a realizar este fraude a gran escala. En todo momento, se declaraban pequeñas cantidades con la confianza de que la operación no levantara ninguna alarma ante la Agencia Tributaria y pagara sin hacer ningún tipo de comprobación.
Otros juicios en la Audiencia por hechos similares
La Audiencia de Alicante tiene previsto sentar en el banquillo esta semana a otra acusada por hechos similares entre los años 2014 y 2015, donde se lograron devoluciones por falsas declaraciones del IVA de hasta 56.000 euros. Las cantidades reclamadas no eran muy elevadas, lo que perseguía un control menor por parte de Hacienda, rondando entre los 11.000 y 15.000 euros. En cuanto se realizaba el ingreso de dicha devolución en la cuenta bancaria de la procesada, se retiraba en efectivo el mismo día. La Fiscalía reclama una pena de cinco años de cárcel. J. A. M.
