La Policía Nacional de Alicante está investigando si el presunto cabecilla de una de las mayores estafas de bitcoins en la provincia ha podido seguir manejando los fondos virtuales de las víctimas desde la cárcel y con el objetivo de hacerlas desaparecer, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Héctor C. P. se encuentra en prisión desde junio del año pasado. En teoría y sobre el papel, los fondos, que se estiman en cerca de treinta millones de euros, están bloqueados en sus ordenadores sin que hasta el momento hayan podido ser recuperados. El número de perjudicados sigue creciendo y supera ya los 200 en toda España. En la causa, hay siete personas imputadas, entre los que se encuentran, además del principal encausado, sus socios y otros trabajadores de la mercantil.
Desde la acusación particular que lleva al mayor número de perjudicados a través del abogado Julio Sánchez, se ha alertado al juzgado de que las criptomonedas se están moviendo en la red y que podría perderse la trazabilidad de estos fondos. Los hechos se han producido cuando todavía se está decidiendo si la causa debe ser remitida a la Audiencia Nacional. Mientras se aclara el cambio de jurisdicción, el titular del juzgado de Instrucción número ocho de Alicante ya se ha puesto en contacto con la Policía para que investigue si es cierto lo que ha planteado la acusación.
Héctor C. P. ingresó en prisión en junio del año pasado, meses después del inicio de la investigación. Desde el juzgado se le había requerido para que aportara las claves con las que desbloquear los bitcoins que estaban almacenados en los ordenadores que le confiscó la Policía. Un trámite que podría haber puesto un desenlace inmediato para el caso, ya que hubiera supuesto que los perjudicados recuperaran su dinero. Pero el día de la comparecencia, el acusado dijo que no podía acceder a las criptomonedas. Que los ordenadores habían estado en poder de sus exsocios, también investigados en la causa, y que al haber tratado de manipular el sistema para acceder a los fondos, había perdido el control. Desde el juzgado se decretó el ingreso en prisión del sospechoso, por considerar que había riesgo de destrucción de pruebas y por la gravedad de los hechos.
Informe pericial
A pesar de que Héctor C. P. lleva meses en prisión, la acusación particular ha alertado de que el dinero se está moviendo en la red. El abogado Julio Sánchez que representa a setenta de los perjudicados ha presentado en el juzgado un informe pericial con el que pretende acreditar que ha habido actividad en las criptomonedas del litigio. Según el escrito aportado al juez, las 27 wallets o carteras de criptomonedas asociadas a Héctor C. P. han tenido movimiento en la red después del verano del año pasado y durante los primeros meses de 2022, esto es, cuando el principal acusado ya estaba en prisión preventiva. A juicio del letrado, según el escrito que ha presentado al juez el rastreo de las wallets que se ha hecho en la red demostraría que el acusado" ha realizado movimientos durante su estancia en la cárcel lo que demuestra su voluntad de seguir ganando capital con capital externo y no pagar a los querellantes estafados lo que implica de afectación y ataque al patrimonio de las víctimas del delito".
Uno de los aspectos sobre los que se ha puesto el foco de alerta es que el procesado podría estar usando un programa informático para mezclar bitcoins de unas carteras a otras, con el fin de blanquearlos y de dificultar su rastreo. A juicio del letrado, que representa a 73 perjudicados, los movimientos indicarían que bien desde dentro de la cárcel a través de un móvil o de otro dispositivo el acusado podría estar moviendo estos bitcoins; o bien, cuenta con un colaborador externo que podría estar haciéndolo desde el exterior; o se trataría de acciones automatizadas que fueron programadas meses atrás. De cualquier manera, el temor es que con un simple click todo este dinero pueda volatizarse. El letrado ha presentado el escrito para que sea remitido tanto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional como a los peritos judiciales a fin de colaborar en el desarrollo de las investigaciones.
El acusado se promocionaba como un experto trader capaz de sacar la mayor rentabilidad a los bitcoins. Los contratos más antiguos se remontan a 2018, pero la actividad de la mercantil y la de sus socios se intensificó a finales de 2019 y comienzos de 2020, por parte de inversores que pretendían sacar la máxima rentabilidad a sus criptomonedas. Las primeras denuncias llegaron cuando el acusado dejó de pagar los beneficios prometidos. El procesado ha negado que se tratara de estafa piramidal alguna, sino que la interrupción de los pagos se había debido a las disputas con sus socios que pretendían arrebatarle el control de la empresa.
Pendientes del traslado a la Audiencia Nacional
La causa está pendiente del traslado a la Audiencia Nacional. La acusación particular es la que ha pedido el cambio de jurisdicción, ya que considera que es el órgano competente para asumir la investigación al haber perjudicados de varias provincias españolas. Por el contrario, algunas de las defensas estiman que la causa debería seguir investigándose en la provincia de Alicante. En estos momentos, la Audiencia Provincial de Alicante está a la espera de resolver los recursos de las partes que se oponen al cambio de juzgado y pronunciarse sobre el traslado.
