La Audiencia de Alicante ha ordenado el ingreso en prisión de Luis Santiago Alarcón para cumplir la condena de dos años de prisión por la estafa de más de un millón y medio de euros a una empresa de seguridad, según el auto al que ha tenido acceso este diario. El acusado había sido condenado inicialmente por la Sección Tercera a una pena de cinco años de prisión por estos hechos, tras los que la mercantil acabó en la ruina. Una condena que el Supremo redujo a dos años de cárcel, al no considerar probada una de las agravantes que aplicaba la primera sentencia. Con la resolución del Alto Tribunal, al llegar al momento de ejecutar la resolución, el acusado había pedido que se le suspendiera la condena y no tener que ingresar en prisión. Sin embargo, la sala le ha dicho que no, previos informes de la Fiscalía y de la acusación particular en los que se concluía que el procesado fuera a la cárcel. Ante la decisión de la Audiencia, solo cabe un recurso de súplica que, a la vista de la resolución, todo apunta a que será desestimado.
El auto señala que todavía "subsiste la obligación por parte del acusado de indemnizar a los perjudicados en sumas que alcanzan el millón y medio de euros" y que "no ha realizado esfuerzo alguno para reparar tan alta responsabilidad civil", ni ha ofrecido un plan de pagos para poder cubrirla. La Audiencia señala que es "evidente que los hechos enjuiciados denotan un enriquecimiento ilícito por parte del penado en una suma muy considerable de dinero" y que la documentación aportada por la acusación particular evidenciaría que "una hipotética insolvencia formal del penado no se correspondería con la realidad material". Por todo ello, la sala concluye que no cabe la suspensión de la pena de prisión y procede que el acusado ingrese en la cárcel. Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que en un plazo de dos semanas, Luis Santiago Alarcón podría entrar en prisión.
El acusado fue contratado en el año 2009 por la empresa alicantina de seguridad Thron como experto para intentar reflotarla ante la delicada situación que atravesaba como consecuencia de la crisis económica. Dos años después la mercantil acabó en la ruina y con su patrimonio volatilizado. La Audiencia y el Tribunal Supremo consideraron probado que el acusado diseñó una trama para engañar a los socios de Seguridad Thron para descapitalizar a la mercantil, aprovechándose de la situación de crisis económica que atravesaba el país y el enfrentamiento entre los socios de la mercantil. Luis Santiago Alarcón se presentó ante ellos como un profesional de elevada solvencia y experto en reflotar empresas en crisis, lo que le permitió fijarse unos honorarios de 5.000 euros al mes. En una junta de socios celebrada el 28 de septiembre de 2009 se puso al frente del consejo de Administración.
Uno de los actos clave para la descapitalización de la empresa fue la venta por parte del acusado a la mercantil de seguridad de un edificio de cinco viviendas en construcción por 400.000 euros y sobre el que pesaba una hipoteca de 120.000 a través de una sociedad, Malvalana, al frente de la que se encontraba la madre del acusado. Se da la circunstancia de que la Agencia Tributaria estaba investigando un presunto fraude fiscal en relación con ese inmueble y por el que el acusado está pendiente de ser juzgado. La Audiencia concluyó que esta operación inmobiliaria no era necesaria para los fines con los que el procesado convenció a sus socios para aprobar la operación. El 21 de noviembre de 2011 el acusado constituyó la sociedad Malvalana Sistemas de Seguridad que, según la sentencia, "se constituyó para ser la futura destinataria de los activos de Seguridad Thron cuando el acusado la liquidara" y que acabó siendo la sociedad única y exclusiva de Seguridad Thron y que acabó vendiendo toda la cartera de clientes a una empresa de Madrid.
Otras causas
Luis Santiago Alarcón está pendiente de ser juzgado por el fraude fiscal y a finales de 2020 fue imputado por su presunta implicación en una red dedicada a cometer estafas para apropiarse de casas de personas fallecidas. Una operación en la que fueron detenidas quince personas como presuntos miembros de un entramado que estaría dirigido por un abogado de Benidorm. La investigación apunta a que las casas eran vendidas a un precio sensiblemente superior al pagado para inscribirlas a nombre de testaferros mediante la falsificación de poderes notariales o escrituras de donación. Con estas operaciones los implicados habrían ganado más de tres millones de euros. Los investigadores situaban a Luis Santiago Alarcón como otros de los principales implicados de la trama.
