La Audiencia de Alicante dejó este lunes visto para sentencia el juicio por el agujero contable de cerca de medio millón de euros en el colegio de Graduados Sociales de Alicante. Como acusado del desvío de fondos se sienta en el banquillo quien fue su presidente durante 14 años hasta su dimisión a causa del escándalo en el año 2016. La actual presidenta del colegio, María Antonia Oliva, describió al tribunal la precaria situación en la que quedó la entidad tras el escándalo: dificultades para pagar las nóminas y los seguros de los empleados y corte del teléfono a causa de los impagos. Un negro panorama que ya han dejado atrás. Oliva había pertenecido a la junta de Méndez Jara y señaló que éste tenía el todo el control de las cuentas, «porque teníamos plena confianza en él. Nunca nos pudimos imaginar lo que pasó. Hasta habíamos estudiado juntos».
La Fiscalía y la acusación particular que ejerce el colegio a través del abogado Evaristo Llanos reclaman que sea condenado a cuatro años y medio y a seis años de prisión respectivamente, penas que han mantenido al final del juicio.
Tal como anunció su defensa la semana pasada, Francisco Javier Méndez Jara se acogió a su derecho a no declarar en el juicio. Aunque ha intentado negociar una conformidad y declararse culpable, el acuerdo no fue posible al no haber podido reunir los 200.000 euros que le reclamaban las acusaciones. Éste es el dinero que se comprometió a pagar en un reconocimiento de deuda que firmó en 2016 antes de presentar la dimisión al frente del colegio. El informe pericial aportado por la entidad con los presuntos desvíos de fondos es una de las principales pruebas de la acusación, que cifra el agujero en más de 440.000 euros.
La defensa de Méndez, el abogado Rafael Mira Miralles, ha intentado cuestionar en el juicio las conclusiones del informe, incidiendo en que Méndez siempre ha reconocido la existencia de la mitad de la deuda y que hay un compromiso para devolverlo, habiéndose abonado ya 50.000 euros en el momento de la renuncia.
Los desvíos contables detectados en el informe corresponderían a transferencias de las cuentas del colegio a la cuenta particular de Méndez, pagos indebidos con la tarjeta del colegio, hasta el punto de que llegó a vincular sus tarjetas particulares con la del colegio; y gastos de viajes ajenos a la actividad colegial. Más de 90.000 euros se transfirieron en concepto de un proyecto que nunca llegó a funcionar, el programa Metis, que iba a financiar la puesta en marcha de una red intranet para la conexión entre los distintos colegios de España y los colegiados. Lo que se vendió como un programa pionero que iba a comenzar en Alicante, las acusaciones consideran que se trataba de un programa fantasma. La defensa incidió en que el programa Metis existió y que no llegó a ponerse en marcha porque se perdieron las subvenciones con las que se iba a financiar porque la junta del colegio se retrasó en presentar la documentación. Otro concepto de estas transferencias investigadas era el pago de otro programa para que los graduados sociales participaran en juicios.
Transferencias
Méndez Jara pertenecía a la directiva del Consejo General de los Graduados Sociales y justificaba ante los empleados del colegio a la hora de ordenar las transferencias como aportaciones del colegio al consejo general. «Si él estaba en los dos sitios y nos ordenaba la transferencia, no había ningún motivo para que lo cuestionáramos», declaró una de las empleadas del colegio.
«La junta teníamos confianza plena en Méndez. Al cierre de cada ejercicio nos presentaba sus balances con las cuentas y nunca veíamos nada irregular. Luego descubrimos que esos balances no se correspondían con la realidad», aseguró Oliva.
El presidente del Consejo General de los Graduados Sociales, Javier San Martín, que promovió el inicio de la investigación, declaró que le llegó por parte del presidente del colegio en Murcia que desde Alicante «nos estaban prestando dinero y que por ese motivo no se estaban haciendo aprobaciones de cuentas». Según explicó, le pidió explicaciones a Méndez Jara y éste le dijo que era todo un bulo y «yo le creí porque tenía confianza plena en él». Sin embargo, aprovechando un viaje de Méndez a Nueva York se presentó por sorpresa en el colegio de Alicante para preguntar a los trabajadores qué era lo que estaba pasando y fue cuando descubrió que Méndez había hecho transferencias del colegio a sus cuentas.
«Le dije que lo mejor era que lo reconociera y que lo fuera devolviendo», explicó. Ese mismo día presentó su dimisión, pidió perdón a la junta diciendo que había sido un error y devolvería el dinero, firmando un reconocimiento de deuda. Sin embargo, San Martín incidió en su declaración que otros miembros de la junta debían tener responsabilidad en las irregularidades. Méndez es el único acusado y tanto la que era la contadora del colegio y actual presidenta, como la tesorera hasta 2016 señalaron que Méndez era quien llevaba el control y que a final de año les presentaba los balances y que todo parecía estar en regla.
El acusado preparaba el salto a la dirección nacional
Antes de que estallara el escándalo, Francisco Javier Méndez iba a ser el presidente del Consejo General de los Graduados Sociales, la dirección nacional de los colegios profesionales del colectivo. Según se ha desvelado en el juicio, Méndez iba a relevar a San Martín en Madrid y éste había puesto recientemente a Maria Antonia Oliva como vicepresidenta del colegio en Alicante para sucederle tras su marcha. Al final ha sido Oliva quien acabó asumiendo la presidencia tras su dimisión y presentado la querella por el agujero contable. J. A. M.
