Los acusados de matar en Benidorm a la mujer discapacitada a la que cuidaban para quedarse con su pensión se enfrentan a la prisión permanente revisable. Ésta es la pena que pide la Fiscalía en el juicio con jurado popular que se desarrollará durante la primera quincena de julio en la Audiencia Provincial de Alicante. El Ministerio Público entiende que la víctima era especialmente vulnerable a causa de su discapacidad, con malformaciones en los brazos y en las piernas, que la impedían defenderse y la obligaban a usar permanentemente una silla de rueda de ruedas de grandes dimensiones. Una silla que para la acusación pudo ser el arma del crimen y con la que los acusados habrían intentado simular una muerte accidental. El Ministerio Público sitúa como móvil del asesinato una pensión de 7.000 euros mensuales que la víctima cobraba a causa de su discapacidad, una prestación que recibía por ser afectada por la talidomina.
Los hechos ocurrieron en la segunda quincena de junio de 2020 en el domicilio de la víctima, donde los Bomberos y la Policía de Benidorm localizaron su cadáver alertados por los vecinos, dado que llevaba días sin saber nada de ella. Aparentemente todo parecía un accidente casero en el que la mujer, de 57 años de edad, habría muerto asfixiada al volcar la silla de ruedas con la que se desplazaba y quedar atrapada debajo. Sin embargo, un análisis más detallado de la escena, desveló que la hipótesis del accidente no cuadraba, ya que la mujer había sido golpeada en la cabeza hasta en cuatro ocasiones antes de morir. Las investigaciones se centraron en el entorno más cercado de la víctima y enseguida la atención de la Policía se centró en un matrimonio residente en la Seu d'Urgell (Lleida) que hasta poco tiempo antes de su muerte habían estado ocupándose de la víctima.
Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, los dos acusados mantenían una estrecha relación con la fallecida, a la que ayudaban en sus labores cotidianas y quedándose a cuidarla durante largos periodos de tiempo. Por este motivo, la mujer había llegado a pagarles el alquiler de su vivienda en Lleida y a comprarles un vehículo. Sin embargo, algo pareció haberse torcido porque antes del crimen la mujer les cerró el grifo y ya no quiso seguir pagándoles nada más. La investigación apunta a que la pareja era conocedora, por la estrecha relación que habían tenido con ella, de que la mujer guardaba grandes sumas de dinero en efectivo en la una caja fuerte que tenía en la vivienda. El Ministerio Público sostiene que a comienzos de 2020 los acusados empezaron a planear el crimen al atravesar una difícil situación económica.
El escrito de acusación relata que entre el 2 de mayo y el 2 de junio, el acusado escondió una cámara de videovigilancia en la habitación donde se encontraba la caja fuerte, para descubrir la combinación y así poder hacerse con el dinero de su interior. El fiscal sostiene que los acusados cometieron el crimen el 14 de junio de 2020, una vez que lograron saber cómo abrir la caja. El escrito no precisa qué botín lograron de la caja fuerte, aunque da por hecho que se llevaron dinero en efectivo y otros efectos que se guardaban en el interior.
El fiscal sostiene que fue el marido quien golpeó a la mujer en la cabeza en el curso de una discusión con una herramienta para reparaciones en la vivienda que se encontraba sobre la mesa del salón. Cuatro golpes en la cabeza de manera sorpresiva, súbita y violenta, que dejaron a la mujer inconsciente en la silla de ruedas. Relata el fiscal que a continuación el procesado volcó la silla, dejándola caer al suelo y colocó el respaldo sobre la espalda de ésta, de manera que empezó a presionar con fuerza hasta que dejó de respirar. La causa de la muerte fue la asfixia. Una vez perpetrado el crimen, el procesado llamó a su mujer, y entre ambos estuvieron limpiando la casa de restos incriminatorios y vaciando la caja fuerte, regresando a su domicilio en Lleida.
A pesar de que en sus primeras declaraciones los sospechosos habían dicho ante la Policía que desconocían que la mujer hubiera fallecido, limitándose a manifestar que se marcharon a casa cuando dejaron de trabajar para ella, imágenes de cámaras de seguridad lograron establecer que se encontraban en Benidorm en las fechas próximas al crimen. Dispositivo que les habrían grabado portando la bolsa en la que llevaban tanto el botín, como algunos de los efectos utilizados para perpetrar el asesinato.
La Fiscalía les acusa a ambos de asesinato a persona especialmente vulnerable, por el que reclama para ambos la prisión permanente revisable. A esta pena, se le suman otros cinco años más de prisión por otro delito de descubrimiento y revelación de secretos, por la instalación de la cámara en la vivienda, en concurso con otro de robo con fuerza. Asimismo reclama que los dos acusados indemnicen con 48.000 euros a los tres hermanos de la víctima. Los dos acusados comparecerán ante un jurado popular.
