Un jurado popular juzga desde este martes a un indigente acusado de matar a golpes a otro durante una pelea en una casa okupa de Benidorm. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2020 en la partida de Armanello, donde la Policía localízó el cadáver de la víctima abandonado en mitad de un camino dentro de un carrito de supermercado. El procesado, a quien se conoce como Alex el Ruso, ha admitido que se vio envuelto en una pelea con el fallecido, pero que él no fue el causante de los golpes que lo mataron. Según dijo, acudió a la casa donde ocurrieron los hechos "para ayudar" porque otros okupas, entre los que se encontraba el fallecido, pretendían echar de allí a las personas que se habían instalado en ella, una familia de nacionalidad rumana. La Fiscalía le reclama una pena de quince años de prisión por un delito de homicidio.

Los hechos ocurrieron el 13 de septiembre de 2020. El fallecido, que tenía 30 años, sufrió golpes por todo el cuerpo como consecuencia de una brutal paliza. Los golpes le destrozaron la cabeza, le causaron un desgarro en el hígado y le afectaron el riñón derecho. El cadáver fue introducido en un carrito de supermercado y abandonado en un camino de tierra próximo al lugar donde ocurrió la pelea. El procesado fue detenido diez días después tras la investigación policial como presunto autor del crimen. En su día fue arrestado un segundo implicado como presunto encubridor del crimen, pero la causa se archivó para él tras no haber quedado probada su participación en los hechos.

Los investigadores consideran al acusado una persona violenta y experta en artes marciales que tenía atemorizados a otros indigentes que pernoctan en la zona. La fiscal del caso ha incidido en el hecho de que los otros indigentes a los que el acusado pretendía ayudar no hayan querido declarar y dijeran abiertamente a la Policía que tenían miedo de él. La mayoría de estos testigos no van a venir a declarar al juicio, una posibilidad para la que ya se preparó el juzgado de Benidorm que investigó estos hechos que grabó el interrogatorio para que pudiera servir como prueba durante la vista oral. Mañana miércoles está previsto que el jurado vea la grabación de los interrogatorios a estos testigos, que en la actualidad se encuentran en paradero desconocido.

Por su parte, desde la defensa, el abogado Sergio Baeza subrayó que el miedo no es causa para no venir a declarar a un juicio y que si estos testigos no están disponibles hoy es porque "la instrucción ha sido una chapuza". Un descontrol que ha motivado que la mayoría de ellos ya no se encuentren en Benidorm y hayan regresado a sus países europeos de origen. En la declaración del propio acusado se habla de personas de nacionalidad rumana, checos y búlgaros en el lugar de los hechos. En este sentido, recalcó que saber artes marciales o tener tatuado un Kalashnikov, un arma de repetición de fabricación rusa, "no es ningún delito". La defensa insistió en que el acusado carece de antecedentes y en que no hay pruebas directas contra él. "Si efectivamente hubiera sido el autor, habría tenido tiempo de sobra para huir de Benidorm antes de que le detuvieran", aseguró.

El acusado aseguró que el día de los hechos le pidieron ayuda porque un grupo de okupas iba a echar a un matrimonio de rumanos de la casa en la que ellos se alojaban. Según declaró, la víctima llegó a atacarle con un abrelatas y mantuvo una breve pelea con él. Pero, según su versión, él no fue el autor de los golpes que acabaron con su vida. De hecho aseguró que la víctima llevaba una bolsa con pertenencias que alguien acabó robando. El acusado ha asegurado que vio el cadáver de la víctima abandonado en un carrito de supermercado y que él trató de avisar a la Policía, pero que no le creyeron. "Tuve que hacer una foto con mi teléfono y llevarla a la Comisaría", aseguró. Sin embargo, en este punto del interrogatorio, la fiscal le recalcó que el aviso a la Comisaría no llegó por esta vía y le preguntó por qué no había aportado esas fotos hasta ahora en el juzgado. El procesado dijo que le quitaron el teléfono nada más ser detenido y que ya no tuvo acceso a su contenido.

Desde la Fiscalía se recordó al jurado que el acusado se había venido acogiendo a su derecho a no declarar desde un primer momento, hasta que un año después pidió declarar ante el juzgado para decir que actuó en legítima defensa. En este sentido, desde la acusación se recordó al tribunal popular que el acusado tiene derecho a no decir la verdad, poniendo en duda la versión de éste. El juicio continúa este miércoles con la declaración de los testigos y está previsto que el jueves el jurado delibere el veredicto.