La red de falsificación de billetes falsos de 500 euros desmantelada esta semana en La Nucía planeaba funcionar bajo la pantalla de una empresa de servicios de impresión fotográfica. Así lo explica el juez que investiga la causa desde Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) en el auto por el que se acuerda la prisión para los seis detenidos. Se les imputa un delito de falsificación de monedas, castigado con hasta doce años de cárcel, y otro de pertenencia a grupo criminal, penado con otros dos años más. Los presuntos miembros de la organización negaron ante el juez cualquier relación con el dinero falsificado y sostienen que la maquinaria intervenida iba a ser utilizada para labores de impresión lícitas.

Según la resolución a la que ha tenido acceso este diario, la producción de billetes estaba paralizada a causa de la pandemia, ya que habían dejado tener acceso a los materiales que adquirían de China. La red estaba preparada para reanudar la actividad tras contactar con nuevos financiadores procedentes de Bélgica y fondos de un inversor marroquí «que iban a aportar el dinero para la puesta en marcha de las nuevas tiradas y el uso de nuevos equipos de impresión y offset disponibles». Además, el grupo disponía de una red de distribución en los mercados de Sudamérica y el este de Europa afincada en la Comunidad Valenciana, añade el auto.

Como ya publicó este diario, el hallazgo de una mochila con 4,3 millones de euros en billetes de 500 falsos dentro de una zona boscosa de Cervelló (Barcelona) el 14 de agosto de 2021 fue la pista de la que tiraron los Mossos d’Esquadra para desmantelar esta red en una operación conjunta con la Policía Nacional. En algunos de estos billetes se localizaron huellas dactilares de personas con antecedentes por falsificación de moneda, entre ellas las del presunto cerebro de la red, que se había afincado en La Nucía. El botín hallado en Cervelló ha sido el único dinero localizado en esta operación, ya que, según las fuentes consultadas por este diario, no se han localizado más billetes en los siete registros ordenados el miércoles por el juzgado. Las defensas han recalcado que la maquinaria intervenida a los detenidos no se iba a usar para la falsificación de billetes, sino para negocios lícitos. Además del practicado en La Nucía, los registros se realizaron de manera simultánea a primera hora del pasado miércoles en La Vila Joiosa; en las localidades valencianas de Xirivella y Sagunto; en Teruel; y finalmente en Cervelló y Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

El abogado Francisco González, que defiende del presunto cabecilla del grupo y detenido en La Nucía, denunció la existencia de irregularidades procesales, empezando porque la causa debería ser instruida por la Audiencia Nacional, que debería ser el órgano competente para investigar estos hechos. El letrado alertó de que los Mossos habían tomado declaración a su defendido con un abogado de oficio, a pesar de que su cliente le había designado expresamente a él; y finalmente que los agentes habrían estado presionando a los detenidos para que implicaran a sus compañeros a cambio de eludir la prisión. Ninguno de ellos ha querido testificar contra los demás e inicialmente tenían previsto acogerse a su derecho a no declarar. Sin embargo, algunos sí que ha declarado para negar los hechos y denunciar esas presuntas presiones de los Mossos. El juez ha tomado la decisión de encarcelarlos por petición de la Fiscalía y una vez que todos los implicados han comparecido en su juzgado. De momento, el juzgado no se ha inhibido a la Audiencia Nacional.

El letrado también tiene impugnar las intervenciones telefónicas en las que se han basado los investigadores para desmantelar el entramado.