¿Se precipitaron los Mossos y la Policía en el golpe a las redes de falsificación de billetes de 500 euros de la semana pasada en La Nucia? Las defensas plantean que sí porque no se halló dinero falso en los registros, incidiendo en que las impresoras intervenidas tienen múltiples usos que no son delictivos.
Una semana después de que el juez enviara a prisión a los detenidos por la red de falsificación de billetes desmantelada en La Nucia, las defensas de los implicados han empezado a pedir la puesta en libertad de éstos tras valorar que en los registros efectuados no se ha encontrado ni un solo billete que se pueda vincular con las impresoras intervenidas. El abogado del presunto cerebro de la trama ha presentado un escrito al juez incidiendo en que las Fuerzas de Seguridad podrían haberse precipitado y reclamar su libertad. El letrado Francisco González plantea que los Mossos han podido hacer aquello del dicho popular de vender la piel del oso antes de haberlo cazado.
«Por parte de la fuerza policial, en nuestra opinión, se ha actuado con precipitación, anticipándose al momento de posible comisión delictiva, llevando a cabo entradas y registros, así como detenciones antes de hora, lo cual nos ha impedido conocer si realmente el investigado pretendía o no llevar a cabo una actividad delictiva de falsificación de moneda dando al traste tórpidamente con meses de investigación», sostiene en el escrito presentado ante el juzgado de Sant Feliu de Llobregat que investiga a esta trama.
Como ya publicó este diario, la operación se inició tras el hallazgo de una mochila con 4,3 millones de euros falsos en billetes de 500 en un bosque el 14 de agosto de 2021 por un hombre que paseaba a su perro por un paraje boscoso de Cervelló (Barcelona). Las huellas dactilares encontradas en esos billetes llevaron a los Mossos a identificar a los implicados en la trama, que situaron en el municipio alicantino de La Nucia al presunto cabecilla de la trama, Tomás M. J. En una nave alquilada por el sospechoso se encontraron impresoras offset que, para los investigadores, tenían como destino la impresión de los billetes falsificados. El juzgado acordó la prisión de los seis detenidos, en su mayoría personas con antecedentes por delitos similares.
En el escrito presentado por la defensa del presunto cabecilla se incide en que no se ha encontrado moneda falsificada en ninguno de los registros practicados en los domicilios de Tomás M. J. «Se han encontrado unas máquinas de impresión que tienen múltiples usos», argumenta el letrado, que sostiene que la mera posesión de esas impresoras «no son actos penalmente relevantes».
La investigación apunta a que los implicados pretendían usar negocios con apariencia de legalidad como pantalla de la falsificación de moneda. Laboratorios fotográficos e incluso tintorerías son algunos de los negocios lícitos que para los investigadores eran una pantalla de las otras actividades de la organización.
Las defensas han reclamado también la nulidad de las intervenciones telefónicas en las que se basa la investigación. Unas escuchas que habrían puesto a las autoridades sobre la pista que la organización estaría planeando el sacar las máquinas del país para tratar de establecerse en Brasil. Dólares y reales brasileños eran otras de las monedas que pretendían también falsificar, según los investigadores.
Impresiones sin acabar
Los billetes encontrados en el interior de la mochila y que dieron inicio a toda la investigación no estaban terminados. Según apunta la investigación judicial, estaban pendientes de que se les añadiera un parche holográfico que suelen llevar y que se adhieren con técnicas de termo impresión. Un aspecto que para las defensas también podría apuntar a que la investigación se habría precipitado, puesto que, al no estar terminados estos billetes, era muy fácil distinguir que se trataban de meras falsificaciones. No habría posibilidad real de que circularan en el mercado, ya que la propia persona que los encontró sabía desde el primer momento que eran falsos y fue entregarlos a los Mossos. Motivo por el que tampoco serían atribuibles los delitos que les imputan desde el juzgado.
La defensa ha reclamado la libertad del presunto cabecilla de la organización o en su defecto que se le fije una fianza por un importe máximo de 10.000 euros y con un régimen de comparecencias periódicas ante el juzgado para garantizar que se presentaría a un eventual juicio por estos hechos. El letrado ha recurrido ante el propio juzgado la decisión de encarcelar al investigado y anuncia su intención de recurrir también la prisión ante la Audiencia de Barcelona.
Desde la defensa se cuestiona también que el juez haya asumido la competencia de esta causa, puesto que se considera que desde el primer momento debería haberse instruido por la Audiencia Nacional. «Desde que la causa se encontraba en estado embrionario, era evidente que el delito que se estaba investigando era el de falsificación de moneda», argumenta el letrado, que considera que desde ese momento el juez debería haberse inhibido en favor de los juzgados centrales de Madrid.
Del mismo modo, ha denunciado ante el juez que los Mossos tomaron declaración al detenido en dependencias policiales asistido de un abogado de oficio, a pesar de que el procesado le había designado a él expresamente para llevar la defensa. El letrado considera que debe ponerse en contacto las supuestas irregularidades en conocimiento del juez y el fiscal por si consideran oportuno deducir testimonio.
