“Algo no hacemos bien”. Con esta frase se refirió este lunes la fiscal superior de la Comunidad Teresa Gisbert al preocupante aumento de agresiones sexuales cometidas por menores de edad en la autonomía. Gisbert intervenía en el acto de apertura del año judicial 2022/2023 en la Comunidad Valenciana y en el que la preocupación por la violencia de género fue nota común durante los discursos. El acto se celebró en la Ciudad de la Justicia de València y estuvo presidida por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pilar de la Oliva.

Para la fiscal, el error podría situarse en la prevención de este tipo de delitos, apuntando a que es una labor que “debe llevarse a cabo en la educación de los jóvenes y los menores, con valores de igualdad y solidaridad”. También apuntó la necesidad de crear juzgados especializados en violencia de género, puesto que esta iniciativa “facilitaría la especialización de los juzgados penales”. A su juicio, es “imprescindible” ahondar en la formación sobre la perspectiva de género.

“Ninguna sociedad democrática puede ni debe tolerar la violencia sobre las mujeres. Debemos combatirla con firmeza y sin consentir ningún paso atrás, pero especialmente prevenirla para no solo salvar la vida de las mujeres, sino también para evitar las gravísimas consecuencias perjudiciales de todo tipo, que se derivan en los ámbitos físico, psicológico y económico, que afectan tanto a ellas como a sus hijas y a sus hijos”, ha dicho.

En este sentido, Gisbert ha destacado la importancia y la eficacia de las Unidades de Valoración Forense Integral y de las Oficinas de Atención a la Víctima, que de nuevo en Alicante han sido ampliadas durante el pasado 2021 con la creación de tres nuevas oficinas y ha puesto de relieve el magnífico trabajo que realizan al constituir una herramienta imprescindible para proteger adecuadamente a las víctimas.

En el caso de la violencia de género, Gisbert ha querido resaltar asimismo el aumento del uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en delitos como las amenazas, las coacciones, el acoso o la revelación de secretos, “siendo mayor la incidencia en relación con los más jóvenes”.

La violencia de género también ha estado presente durante el discurso de la presidenta del TSJ. Pilar de la Oliva, que recordó que de las 33 mujeres asesinadas este año en España, dos lo han sido en la Comunidad Valenciana; mientras que en los juzgados de Violencia sobre la Mujer se han registrado 6.000 denuncias en las tres provincias, un 28% más que en el mismo periodo del año anterior. De la Oliva se refirió al crimen de Sueca, donde un hombre mató a cuchilladas a su hijo de once años, después de que a causa de un error judicial un juzgado le diera la custodia compartido pese a estar denunciado por malos tratos. De la Oliva remarcó la necesidad de una mejor coordinación entre los juzgados de familia y los de violencia y la utilización de todas las herramientas tecnológicas para dar mayor protección y seguridad a las víctimas, petición que trasladó en su día al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La presidenta del TSJ recordó la apuesta conjunta con la Conselleria de Justicia por la comarcalización de los juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer. El próximo 31 de diciembre está prevista la entrada en funcionamiento de varios juzgados de malos tratos exclusivos o comarcalizados, aunque todavía no se ha dictado el decreto de creación.

Entre los asistentes al acto se encontraban la consellera de Justicia, Gabriel Bravo; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; la vocal del CGPJ, Carmen Llombart; así como una representación del mundo judicial alicantino, entre los que se encontraban el presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón; el juez decano, César Martínez; y el fiscal jefe, Jorge Rabasa.

Durante su alocución, De la Oliva señaló que en el primer trimestre de 2022, el índice de asuntos pendientes había disminuido cerca de un seis por ciento, a pesar de que el ingreso de asuntos se había incrementado en un 6%, una tendencia que se arrastra desde el año pasado, donde la caída fue del 18%. Para la presidenta del TSJ, a este descenso ha ayudado la creación de nuevas unidades judiciales, cinco en la Comunidad, cuatro de las cuales se encontraban en la provincia de Alicante (dos nuevos juzgados civiles en Alicante y Dénia, un Social en Benidorm y un Penal en Alicante) y a los que se suma la Sección Undécima de la Audiencia alicantina con sede en Elche y que refuerza los juicios penales en esa zona.