Otra pieza del caso Brugal en el Tribunal Supremo. Los cinco condenados por la trama de las basuras de Calp han anunciado ante la Audiencia que recurrirán el fallo ante el Supremo. Aunque los plazos todavía no han empezado a correr oficialmente, ya que se han pedido varias aclaraciones a la sentencia de 180 folios, las defensas ya han anunciado su intención de acudir al Alto Tribunal. El fallo condenó al empresario Ángel Fenoll, al exalcalde de Calp Javier Morató, así como a los exediles Fernando Penella y Juan Roselló, así como al cuñado de este último, Francisco Artacho por una trama de sobornos en la concesión municipal. Buena parte de los recursos se van a centrar en una presunta vulneración de derechos fundamentales, alegando que se les ha condenado con unas pruebas que otra sección de la Audiencia había declarado nulas.
Una vez que se remitan los recursos, serían ya tres las piezas del caso Brugal pendientes de resolver en el Alto Tribunal. El primero de ellos es la que afecta a la pieza que dio origen a todo el caso Brugal, una presunta trama de sobornos en la adjudicación de la contrata de las basuras de Orihuela. Los pinchazos telefónicos al empresario Ángel Fenoll fueron desvelando a la Policía y a la Fiscalía Anticorrupción nuevas líneas de investigación de otros hechos irregulares y que generaron hasta una veintena de piezas separadas. La Sección Séptima de la Audiencia de Alicante, desplazada a Elche, absolvió a los 33 acusados de la trama de las basuras de Orihuela, tras declarar nula la investigación. La Fiscalía Anticorrupción fue la que recurrió absoluciones y en estos momentos una sala presidida por el magistrado Manuel Marchena decidirá sobre la petición del Ministerio Público para anular el juicio y celebrar uno nuevo. Asimismo, está pendiente otro recurso por el fallo del Plan General de Alicante, que zanjaba el caso con penas de multa al empresario Enrique Ortiz y al exalcalde de esta ciudad Luis Díaz Alperi. En aquella sentencia, no se anularon las escuchas, pero el tribunal o no vio delito en la actuación de buena parte de los acusados, entre ellos la exalcadesa Sonia Castedo, o no consideró probadas las imputaciones.
La Audiencia de Alicante impuso penas de hasta dos años y medio de cárcel a cinco de los implicados en el caso Brugal de Calp. El tribunal vio probado que los representantes políticos cobraron sobornos de 100 millones de las antiguas pesetas del empresario Ángel Fenoll a cambio de no ejercer ningún tipo de control sobre las condiciones en las que se estaba desarrollando la contrata de recogida de basuras. Artacho, defendido por el abogado José Javier Saez Zambrana, habría sido el intermediario entre el empresario y los políticos. Las penas están muy por debajo de lo que se reclamaban, al estimar el tribunal que existen dilaciones indebidas en la tramitación de la causa. Para dar por probados las acusaciones, la sala no se ha apoyado tanto en las escuchas telefónicas, sino en conversaciones grabadas por el propio Fenoll y que requisó la Policía cuando registraron su despacho.
"Ni se han encontrado por ninguna parte los cien millones de pesetas, ni Javier Morató aparece en ninguna de las escuchas telefónicas", aseveró Enrique Botella. letrado del exalcalde de Calp, a este diario. Las defensas coinciden en señalar que "es un disparate" que las mismas escuchas anuladas por la Sección ilicitana de la Audiencia, sí hayan sido validadas en Alicante por otro tribunal. Una cuestión sobre la que van a tener que entrar los magistrados que ahora están estudiando la sentencia de Orihuela. Asimismo, en estos momentos otro tribunal está pendiente en Elche de dictar sentencia sobre otra de las piezas principales del caso Brugal, la que afecta a la tramitación del Plan Zonal de Residuos y en el que estaba acusado, entre otros, el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll.
En la sentencia por el Brugal de Calp fueron absueltos la mujer de Roselló, Amparo Femenía, así como el técnico Juan Cervantes y el hijo de Fenoll, Antonio Ángel. El tribunal tampoco vio acreditada la cantidad en la que resultaron perjudicadas las arcas municipales por las facturas infladas que se pasaban al cobro al Ayuntamiento. Las acusaciones las calcularon aportando estudios sobre consumo de agua y población censada, pero no se aportó ningún ticket o factura de lo que se presentaba al cobro, por lo que la sala considera que las pruebas que se aportaron no son suficientes para una condena en la esfera penal. Buena parte de las aclaraciones de sentencia que se están planteando se centran precisamente en la responsabilidad civil.
