Aumentar la capacidad inspectora para las residencias de mayores y revisar al alza los ratios de personal de atención directa. Ésta es una de las propuestas de la sección de personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía Provincial de Alicante para mejorar la calidad asistencial en este tipo de instalaciones. A lo largo de 2021, se incoaron 522 diligencias preprocesales en la Comunidad Valenciana por parte del Ministerio Público, que es el instrumento mediante el cual se inician investigaciones desde el ámbito civil para que se puedan adoptar medidas de apoyo a los residentes.
La medida aparece recogida en la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Valenciana de 2021. En concreto, la fiscal coordinadora de la sección expone que las residencias en las que se atiende a personas mayores o con discapacidad son «cada vez más necesarias» dada la evolución de la edad poblacional. La actividad de esta sección fue especialmente intensa durante los meses de la pandemia. "El objetivo es que no sean los mayores y personas con discapacidad quienes se adapten al modo de vida en las residencias, sino que estas se amolden en lo posible a ellos, a sus rutinas e intereses: que los centros se asemejen mucho más al concepto de hogar y mucho menos al de institución. Es muy importante el control e inspección por las entidades encargadas de otorgar las licencias, centros de atención primaria, asignándoles hospitales de referencia donde se fomentarían unidades de hospitalización a domicilio que podrían trasladarse a los centros residenciales", se explica en la memoria.
Así, aboga por aumentar el número de plazas y revisar al alza los ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial. En este punto considera «muy importante» que las comunidades autónomas mejoren y aumenten su capacidad inspectora y que se incremente la atención sanitaria y la formación del personal que atiende a los mayores.
Con este objetivo, la coordinadora considera «muy recomendable» una reforma, a través de ley orgánica, que establezca un procedimiento específico para los ingresos residenciales, su seguimiento y control, y para el control también de las posibles sujeciones que puedan realizarse.
Patria Potestad
Por su parte, en Valencia, la decana autonómica de la sección Civil y Personas con Discapacidad, Ana Lanuza, propone, en relación con la patria potestad, reformar la competencia en el sentido de que, en los supuestos en los que ninguno de los progenitores ni los menores residan en el partido judicial del juzgado que dictó medidas, no correspondiera la competencia a dicho juzgado, sino al del domicilio de los menores o del demandado.
La decana justifica esta petición en que se están dando supuestos de demandas relativas a menores y progenitores que, en la actualidad, no residen en el partido judicial del juzgado que dictó las medidas, sino en poblaciones muy alejadas de dicho partido, comprobándose la dificultad material y económica de acceso a la justicia.
«Si bien la competencia del juzgado que adoptó las iniciales medidas sería lo deseable, si al menos alguno de los progenitores o menores residiera en el partido judicial, cabría plantearse si efectivamente beneficia al interés de los menores y la mayor accesibilidad a la justicia la atribución de la competencia a un juzgado correspondiente a una población en que no resida ninguno de los afectados», ha manifestado.
