La Audiencia de Alicante ha empezado a recibir las primeras peticiones de revisión de condenas a la baja por delitos contra la libertad sexual tras la entrada en vigor de la conocida Ley de «Solo sí es sí» del Gobierno Central. No se ha tratado de revisiones de oficio, sino que se trata de peticiones de las defensas solicitando penas inferiores para los condenados en aplicación de las nuevas penas. Por el momento solo se han registrados dos casos, pero se da por hecho que en próximas semanas se podría recibir un aluvión de peticiones. La nueva Ley de Libertad Sexual entró en vigor el pasado 7 de octubre y ha causado un efecto no deseado, tras empezar a recibirse peticiones de agresores sexuales pidiendo rebajas de sus condenas acogiéndose a la nueva norma.
La Audiencia alicantina no se ha pronunciado sobre si procede o no la rebaja de las condenas en ambos casos y, por tanto, la excarcelación de estos reos. Pero las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que se revisaría caso por caso. Ni excarcelaciones automáticas, ni rebajas generalizadas para los agresores sexuales. En todo caso, precisaron que si procede la rebaja de las penas de manera retroactiva, tendrá que aplicarse.
Uno de los casos en revisión se trata de una agresión sexual en la provincia de Alicante a una joven a la salida de una discoteca por un hombre que la llevó en su coche. La Audiencia le impuso seis años de prisión en su día. La defensa ha planteado que con la nueva Ley la condena tendría que ser de cuatro años. La Fiscalía ya se ha pronunciado que en este caso la pena impuesta encaja en los límites legales, pero deja a criterio de la sala la decisión de reducir o no la condena. El tribunal todavía no se ha pronunciado.
El segundo caso es el del monitor de un colegio privado de Alicante condenado por abusar de dos compañeras del centro y por la violación de una de ellas. La Audiencia le impuso seis años por la agresión sexual y otros dos por cada uno de los abusos. En total, diez años. La defensa plantea que la condena por la violación debería ser de cuatro años de acuerdo con la nueva Ley. En estos momentos, el tribunal está a la espera de que la Fiscalía emita su informe.
Según informó este jueves el Tribunal Superior de Justicia, en estos momentos se están revisando un total de 25 condenas por agresiones sexuales en la Comunidad Valenciana. Dado que en Alicante fueron condenadas solo durante el pasado año 143 personas por delitos sexuales, se da por hecho que a lo largo de las próximas semanas se reciban muchas más peticiones de revisión de sentencias. También se cuenta con que en cuestión de unos días, tanto el Supremo como la Fiscalía General del Estado unifiquen criterios y den pautas de actuación.
Fuentes judiciales apuntaron a que no es necesario esperar a que haya una sentencia firme para pedir esta revisión. Algunas defensas podrían plantear la aplicación de la nueva legislación en casos de juicios que aún están pendientes de celebrarse.
Horquilla de penas
La Ley de Libertad Sexual eliminó la diferencia entre agresión sexual y abuso sexual, de modo que todo pasaba a considerarse como agresión sexual con una nueva horquilla de penas. Las penas máximas se agravaron, pero es las penas mínimas donde las defensas están viendo la puerta abierta y reclamar la reducción de los condenas. En los casos en estudio en Alicante, esta rebaja llegaría a los dos años de cárcel, en el caso en que se aplicara.
Algunas de las fuentes señalaron que sería en los casos en los casos donde se impusiera la pena mínima y esté argumentado el por qué de la condena no se agravara los que serían susceptibles de que se aplicara la revisión. La existencia de circunstancias atenuantes que justificaran que no se agravaran las condenas serían otros de los casos susceptibles de revisión.
«Nos habíamos centrado en analizar el consentimiento y al final la clave de la norma van a ser las penas mínimas», explicó a este diario el abogado Francisco González, abogado que ejerció la acusación en el caso de la manada de Callosa d’En Sarrià. Fue precisamente evitar una respuesta tibia de la Justicia ante los casos de violaciones en grupo uno de los motivos por los que se impulsó esta norma. El letrado subrayó que en todo caso las rebajas no serían sustanciales, ya que se piden por reos que llevan cumplida gran parte de la pena y ven una posibilidad de anticipar su salida de prisión.
Disposición transitorio y efectos no deseados
Algunas de las fuentes consultadas por este diario lamentaron la ausencia de algún tipo de disposición transitoria que hubiera podido evitar ese efecto perverso de reducción de condenas. Una medida que en anterior revisiones del Código Penal ha podido evitar situaciones como las que ahora se plantean. En todo caso, estas fuentes precisaron que no serviría de nada una nueva reforma de la ley para corregir posibles errores. «Basta que haya estado vigente un solo día para que la retroactividad tenga que aplicarse», señalaron.
Por el momento, desde la Fiscalía todo apunta a que el criterio que se va a seguir es defender el mantenimiento de la condena impuesta, siempre que la sentencia no haya entrado a valorar las circunstancias por las que procedía una condena inferior. En todo caso, desde el Ministerio Público se espera que en los próximos días la Fiscalía General del Estado les dé directrices sobre futuras líneas de actuación.
En todo caso, tanto en la judicatura como en el Ministerio Público han causado gran malestar las palabras de la ministra de Igualdad Irene Montero achacando a actitudes machistas de los jueces estas rebajas de condenas a los agresores sexuales aplicando su ley estrella contra este tipo de delitos y consideran que el legislativo tendría que haber previsto lo que ahora ocurre.
