Tres agresores de un hombre de 74 años en la actualidad que estuvo 21 días en la UCI tras ser apaleado, agredido sexualmente y desvalijado en su domicilio de Orihuela en 2014 no entrarán en prisión siempre que no delincan en los próximos años. Así lo acordó ayer la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, en un juicio donde las defensas alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y los procesados se declararon culpables. A cambio, el Ministerio Público modificó sensiblemente su acusación y rebajó su petición inicial de penas para estos tres acusados que sumaban 166 años de prisión por un delito de tentativa de asesinato, cuatro de agresión sexual y uno de robo con violencia en casa habitada a tan solo seis años y siete meses de cárcel, ya que el intento de homicidio y la violación solo lo mantuvo para un procesado y además estimó las atenuantes de dilaciones indebidas, reconocimiento de los hechos y reparación del daño.
Un cuarto acusado, para el que también se pedían 55 años de prisión y es uno de los principales implicados junto a uno de los condenados, se encuentra en rebeldía.
El magistrado José Teófilo Jiménez, presidente de la Sección Séptima, dictó «in voce» la sentencia de acuerdo a la petición de la Fiscalía y condenó a dos de los acusados, defendidos por los abogados José Luis Sánchez Calvo y Francisco Miguel Galiana Botella, a sendas penas de 10 meses y 15 días de cárcel y de 16 meses por un delito de robo con violencia en casa habitada. A estos dos acusados, que deberán pagar 884 euros a la víctima por los efectos robados, se les retiró ayer mismo la acusación por los delitos de agresión sexual y tentativa de asesinato.
Indemnización de 10.000 euros
El tercer procesado ha sido condenado a dos años de prisión por tentativa de asesinato, a 18 meses de cárcel por un delito de agresión sexual y a 10 meses y 15 días por el robo, así como al pago de una indemnización a la víctima de 10.000 euros, cuando inicialmente el fiscal pedía unos 80.000 euros. Los tres condenados no podrán comunicarse ni acercarse durante cinco años a la víctima, que acordó ayer la rebaja de la indemnización con los abogados defensores.
Los hechos enjuiciados ocurrieron sobre las 20.30 horas del 5 de febrero de 2014 en el domicilio de la víctima en Orihuela. Uno de los acusados mantenía relaciones íntimas con el dueño de la casa, que entonces tenía 66 años, y tras personarse en la vivienda estuvieron tomando café y licores. Poco después llegó el procesado que ahora está en rebeldía y tras tomar algunas bebidas comenzaron a golpear a la víctima y lo arrastraron hasta una habitación. Allí le quitaron la ropa, le maniataron y estos dos acusados empezaron a violarlo. Tras la agresión sexual le golpearon brutalmente con un palo de hierro y lo dejaron atado y encerrado en la habitación mientras le decían «muérete, maricón de mierda».
Los otros dos procesados llegaron luego al domicilio y entre los cuatro registraron la casa y sustrajeron numerosos efectos, dinero y joyas -todo ello tasado en cerca de 1.400 euros- y se marcharon.
Gravemente herido
El hombre quedó gravemente herido y habría muerto si no hubiese sido rescatado al día siguiente por su sobrina, quien acudió a la casa al extrañarse de que no contestara a sus llamadas.
El hombre, que necesitó 311 días para curarse y estuvo 21 días en la UCI, sufrió un traumatismo craneoencefálico con contusiones hemorrágicas y fracturas de la nariz y de costillas. Como secuelas padece un trastorno neurótico por estrés postraumático y deterioro de las funciones cerebrales.
VISTA A PUERTA CERRADA
Después de casi tres horas de negociaciones entre las defensas de los tres acusados y el fiscal del caso, el juicio se celebró ayer por conformidad, pero la vista oral fue a puerta cerrada al acordarlo así el magistrado José Teófilo Jiménez, presidente de la Sección Séptima de la Audiencia en Elche. La vista oral apenas duró unos minutos y no se permitió a este medio fotografiar a los acusados del salvaje ataque sufrido por el vecino de Orihuela. Las defensas no solicitaron que fuera a puerta cerrada, sino que fue una decisión del tribunal, según fuentes judiciales.
