La Audiencia de Alicante ha convocado una junta de todos sus magistrados para tratar de unificar criterios y posturas ante las peticiones de revisiones de condenas por agresiones sexuales a cuenta de la ley del “sí es sí”. Se trata de una decisión ya tomada en otras audiencias españolas ante la previsión de recibir un aluvión de solicitudes y garantizar que todas ellas reciban una respuesta unitaria. La reunión convocada por su presidente, Juan Carlos Cerón, se celebrará este viernes y ya se ha pedido a todas las secciones penales que hagan un rastreo de todas aquellas sentencias que sean susceptibles de ser revisables para la aplicación de las nuevas penas. Por el momento se estima que puede haber cerca de 180 resoluciones. Aunque se prevé que haya un aluvión de escritos en las próximas semanas, sobre todo, una vez que se sepa cuál es el criterio que van a seguir los magistrados. La Fiscalía General ya se pronunció este lunes para ordenar a los acusadores que no apoyen las rebajas y con toda probabilidad el Tribunal Supremo podría pronunciarse este jueves, tras el pleno que tiene convocado. Es decir, un día antes de la reunión de los magistrados de Alicante.
La Ley de Libertad Sexual, conocida como la Ley del sí es sí, ha causado toda una tormenta política y judicial, tras empezar a recibirse peticiones de revisiones de condenas por abogados de agresores sexuales, al entender que la nueva norma les beneficia. Una reducción que, en caso de que fuera de aplicación, sería aplicable de manera retroactiva, porque se le aplicaría la legislación que beneficia al reo. Desde la semana pasada, en la Audiencia se ha empezado a recibir un goteo de solicitudes de revisiones de sentencias. Una de las más mediáticas ha sido la de la manada de Callosa, donde algunos no solo han planteado la rebaja, sino también la excarcelación. Por el momento, se ha recibido la petición de dos de los cuatro condenados, pero se da por hecho que al final se van a sumar todos.
A lo largo de este lunes, se han ido presentando nuevas peticiones y se estima que van a ser muchas más a lo largo de los próximos días, especialmente dependiendo de cuál sea el criterio que se adopte por los magistrados en la reunión del viernes. Por el momento, todas las decisiones han quedado paralizadas hasta ese momento. No hay constancia de que la Audiencia de Alicante se haya pronunciado hasta el momento, mientras que en el Ministerio Público en los casos sobre los que ya se ha tenido que pronunciar ha dicho que las penas estaban conformes con las previstas en las horquillas de la Ley.
Uno de los primeros puntos sobre los que se van a tener que pronunciar los magistrados de la Audiencia en esa reunión es sobre si abordan las revisiones de oficio o bien se esperan a que sean las defensas de los reclusos quienes las planteen. En un primer muestreo, se estima que cada sección de la Audiencia puede tener cerca de treinta sentencias susceptibles de poder ser revisadas. Hay cuatro secciones penales en la Audiencia entre Alicante y Elche, más una quinta de reciente creación.
Estudiar caso por caso
Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que no en todas ellas tendrán que aplicarse rebaja alguna. De todas maneras, eso sí, admiten que en aquellos en los que ya se les hubiera impuesto la pena mínima, la reducción se va a tener que imponer. “Poco margen hay para la interpretación o para los criterios de género, si la ley dice que ésa es la pena mínima, se le tendrá que aplicar”, señalaron esas fuentes. Por el contrario, en todos aquellos casos en los que la pena impuesta superara a la mínima, los jueces van a tener margen para confirmar las resoluciones y mantener todas las sanciones. Desde el primer día de la polémica se ha precisado que habrá que ir caso por caso. Los ataques de la ministra de Igualdad, Irene Montero, hacia el colectivo de jueces no han sentado especialmente bien en el seno de la judicatura, donde se le recuerda que ellos se encargan de aplicar las normas que se han impulsado desde su Ministerio.
La situación creada por la ley del “sí es sí” no solo va a afectar a los casos que ya se hayan enjuiciado, sino que también afectará a aquellos que todavía están pendientes de enjuiciar. Esto implicará que la Fiscalía tendrá que revisar todos los juicios por agresiones sexuales en los que hayan presentado escritos de acusación en los últimos meses, para analizar si corresponde solicitar condenas más bajas. El Ministerio Público celebró este lunes una junta entre sus coordinadores para unificar criterios, aunque estaban a la espera de lo que finalmente se les indique desde la Fiscalía General del Estado. Una respuesta que llegó esa misma tarde al ordenar a todos los acusadores que no apoyen rebajas de condenas si la pena impuesta está contemplada en la horquilla prevista en la ley.
La Ley de Libertad Sexual eliminó la diferencia entre agresión sexual y abuso sexual, de modo que todo pasaba a considerarse como agresión sexual con una nueva horquilla de penas. Las penas máximas se agravaron, pero es las penas mínimas donde las defensas están viendo la puerta abierta y reclamar la reducción de los condenas. En los casos que se están planteando se trata de agresores que llevan cumplida buena parte de la pena y ven con esta rebaja la posibilidad de salir de prisión de manera anticipada.
