La Audiencia juzga una red por envíos de marihuana a Europa desde Alicante simulando que eran zapatos

Uno de los quince acusados admite haber transportado paquetes pero aduce que desconocía su contenido. El presunto cabecilla asegura que estaba al frente de empresas de construcción

Los acusados, al inicio del juicio. El presunto cabecilla, en el primer banco a la izquierda.

Los acusados, al inicio del juicio. El presunto cabecilla, en el primer banco a la izquierda. / ALEX DOMINGUEZ

J. A. Martínez

J. A. Martínez

La Audiencia de Alicante sentó este viernes en el banquillo a los quince presuntos integrantes de una organización dedicada a la venta de marihuana y hachís a distintos países europeos simulando envíos de zapatos. En la primera sesión del juicio declararon diez de los procesados, de los que solo uno asumió haber participado en estos envíos. Un trabajo que hizo para una empresa de la que no dio ni un solo dato y para el que desconocía el contenido de los palés que transportaba. “Me llegaban los palés totalmente cerrados y precintados y yo me limitaba a hacer los portes”, aseguró. El resto negó cualquier vinculación con los envíos de marihuana o el cultivo de esta droga. Los cinco acusados que faltan por declarar comparecerán en la siguiente sesión del juicio, señalada el próximo 6 de febrero. La Fiscalía reclama penas que oscilan entre los ocho y los once años de prisión por delitos contra la salud pública, organización criminal, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

La investigación de la Policía Nacional apunta a que los procesados formaban parte de un entramado que entre finales de 2018 y comienzos de 2019 estaría dedicado al envío desde Alicante a otros países europeos de paquetes con droga oculta a través de una empresa tapadera que figuraba como emisora de los envíos. Entre los destinos estaban Alemania, Holanda, Suecia, Dinamarca e Italia. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el grupo contaba con una serie de inmuebles como chalés, naves y fincas donde llevar a cabo tanto el cultivo de la droga, como el empaquetado y el envío de los paquetes a una empresa de transportes internacionales.

La acusación sostiene que la droga se empaquetaba en un chalé de la partida de El Moralet y otra en una nave de Agost. La Policía comprobó que la mercantil vinculada a los acusados envió hasta 81 palets a estos países entre abril y noviembre de ese año. Asimismo, el entramado contaba con una plantación de marihuana en un polígono de Sierra Mediana en Alicante. Durante el registro, llevado a cabo el 14 de febrero de 2019 se localizaron cerca de 70 kilos de cannabis. El valor de toda la droga intervenida ascendía a 304.272 euros.

El presunto cabecilla del entramado tiene el sobrenombre de El Linterna y hasta dos días antes del juicio se encontraba en prisión preventiva por otra causa, por su presunta pertenencia a otra red que traía hachís desde Marruecos a la provincia en lanchas. Durante la pandemia, la Policía disolvió en su casa, un chalé en la Partida de la Cañada del Fenollar, una fiesta con más de un centenar de personas. El acusado, que está defendido por el abogado Aitor Esteban Gallastegui, aseguró en el juicio que tenía una empresa de construcción y se desvinculó del envío de drogas. Señaló que algunos de los acusados trabajaban para él para realizar obras.

Uno de estos empleados fue el hombre que admitió haber trasladado palets intervenidos por la Policía, pero éste aseguró que desconocía cuál era su contenido. “Una empresa contactó conmigo para que le hiciera portes”, explicó. Pero esos paquetes que trasladaba venían totalmente cerrados y precintados. “Me decían que eran zapatos, bolsos, juguetes… pero yo no sabía lo que había dentro”, dijo.

La organización colocaba GPS en los palets para tener localizados los envíos

Fue el único acusado que admitió alguna relación con los paquetes. El resto negaron cualquier vínculo tanto con los envíos como con la preparación de los paquetes. En una de las fincas supuestamente usadas para el empaquetado de la droga, los acusados aducían que estaban llevando a cabo una reforma para un chalé que uno de ellos acababa de alquilar.  Las defensas plantearon que en los registros en las supuestas plantas de envasado no llegó a encontrarse droga. Solo bolsas para envasados a vacío que para la Fiscalía son las mismas que las que se utilizaban para preparar los palets. En esa finca había cámaras de vigilancia, que el acusado que vivía allí atribuyó a los anteriores dueños. «Ni siquiera estaban en funcionamiento», dijo.

En varios registros efectuados por la Policía en la empresa de transportes se encontraron diversas cantidades de marihuana en el interior de esos palets. La organización contaba con dispositivos GPS para tener localizados los envíos, vehículos con habitáculos preparados para esconder paquetes con droga e inhibidores de frecuencia, según el escrito de acusación de la Fiscalía. También disponía de testaferros que figuraban como titulares de algunos de los bienes de la organización a fin de ocultar la identidad de los miembros del entramado. Uno de los acusados aparecía como titular de hasta cuatro vehículos.

Nulidad

La vista arrancó con peticiones de nulidad por parte de las defensas que reclamaron a la sala que se invalidara los registros de la operación, alegando la falta de motivación para autorizar la medida. El letrado Roberto Sánchez planteó que se había pedido el registro sin más argumento que el haber visto una furgoneta descargando material en una de las fincas y sin haber siquiera identificado a la persona que estaba residiendo en la vivienda. Entre los abogados que también reclamaron esta nulidad se encontraban Joaquín de Lacy, Mari Paz Alarcón y Moisés Candela.