Así actuaba una mafia okupa en la provincia de Alicante: "Paga 14.000 euros o te dejamos sin casa"

El modus operandi era similar. Alquilaban una casa por un corto periodo de tiempo, unos días o una semana para poder acceder al interior. Una vez allí, se negaban a marcharse y llenaban la casa de familiares para que siempre hubiera alguien y no pudieran echarles. En algunos casos llegaban a exigir el pago de elevadas cantidades de dinero para marcharse y con claras amenazas. O el propietario pagaba 14.000 euros o se quedaba sin casa, porque la iban a destrozar. Ante el temor de los daños que pudieran ocasionar o a que la situación se eternizara en el tiempo, los perjudicados acababan pagando.

Así lo relata la Fiscalía en el escrito de acusación por el que ha llevado al banquillo a seis acusados de pertenecer a una presunta mafia okupa y que operaba en la zona de La Vila Joiosa. A cada uno de ellos les reclama penas que suman poco más de diez años de cárcel. Se les imputan delitos de extorsión, usurpación de vivienda, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. El juzgado de La Vila Joiosa que investigaba los hechos ya ha culminado la instrucción y la ha enviado a juicio. Solo falta que se le ponga fecha.

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El fiscal relata que esta actividad representaba no solo el acceso a una vivienda de los acusados, sino que constituía su modo de vida y su principal fuente de ingresos. No se conformaban con cualquier casa, sino que elegían zonas turísticas y con vistas al mar para asentarse. Entre los procesados, había un reparto de funciones. Uno hacía las veces de portavoz y negociaba las cantidades que debían pagar los propietarios, así como las formas de pago, con lo que a veces en el reparto obtenía un beneficio suplementario al resto de los integrantes del grupo. Otra de las acusadas era la que gestionaba mediante engaños el alquiler de las casas y realizaba los trámites con los dueños.

Reparto de funciones

El resto de los acusados son dos hermanas del presunto cabecilla del grupo y sus respectivos compañeros sentimentales que, según el fiscal, se dedicaban ocupar las casas para que siempre estuvieran habitadas por mucha gente, ejerciendo medidas de presión para cuando los propietarios se personaban en el edificio. Para ellos se piden penas ligeramente inferiores.

Los hechos que ahora van a juicio ocurrieron entre los años 2021 y 2022 en complejos residenciales ubicados en la zona de la Cala. Los acusados accedieron a la primera de las tres viviendas en pleno mes de agosto de 2021, tras haber firmado un contrato de alquiler de tan solo un fin de semana. Cuando la propietaria acudió al inmueble para tramitar la salida de los inquilinos, se encontró con que estos se negaban a irse, asegurando que habían alquilado la casa por una larga temporada.

Petición de rescate

Un mes después, el portavoz contactó con el marido de la propietaria para advertirle que si no les pagaba 14.000 euros (5.000 para él y 9.000 para repartir entre el resto) se quedaría sin casa porque se la iban a destrozar por completo. Las víctimas accedieron a pagar, pero exigían la firma de un documento en el que se comprometían a devolver las llaves y marcharse. Tras el pago, los acusados se marcharon pasados unos días. Aunque al cabo de unos meses de relativa tranquilidad, volvieron a llamarse exigiendo el pago de 9.000 euros más o volverían a ocupar la casa. Esta vez denunciaron y no lograron usurpar la vivienda.

Tras abandonar la casa, se instalaron en otra vivienda también en una zona turística. Esta vez para alquilarla usaron el DNI de otra persona para firmar el contrato en la inmobiliaria. Otra casa en la que usaron la misma estrategia para lograr que su dueño pagara. Únicamente pagaron el arrendamiento del primer mes de estancia.

Amenazas de recurrir

En mayo de 2022, alquilaron un nuevo inmueble, donde la historia volvió a repetirse. Sobre el papel, solo se iban a quedar una semana por un importe de 400 euros. Al acabar el periodo, la señora que se encargaba de la limpieza del piso se encontró a los acusados y sus familias, diciendo que ellos se iban a quedar porque habían firmado un contrato para un año. A los pocos días, se presentó el dueño y se encontró con que los acusados y sus familias se negaban a marcharse y se encararon con él, diciéndole que se fuera. 

Los afectados acudieron a la vía judicial para recuperar su casa y, tras un juicio que se celebró al cabo de un mes, recibieron una llamada de los acusados reclamándoles 2.100 euros o recurrirían la sentencia y, por lo tanto, permanecerían más tiempo en la casa.

Seis detenidos en La Vila por ocupar viviendas turísticas y extorsionar a sus dueños

Los acusados fueron detenidos finalmente en junio de 2022 tras ocupar una cuarta vivienda situada en las proximidades del puerto vilero. El propietario ni tenía conocimiento, ni había consentido que los acusados residieran allí, relata el fiscal. La Guardia Civil los arrestó a raíz de otra intervención y tras descubrir la situación en la que se encontraban en la casa.

En dos de las viviendas, se presentaron informes periciales que cifran en cerca de 2.000 euros los daños sufridos tras la estancia de los acusados, aunque considera el Ministerio Público que no hay constancia de que se produjeran de manera intencionada.

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