Nueve años de cárcel por explotar a un indigente discapacitado en Alicante

Durante nueve años, los acusados le llevaron cada mañana sobre las 6.30 hasta el centro de Alicante donde le obligaban a estar quince horas al día pidiendo limosna. Si no conseguía lo suficiente, le pegaban o le castigaban haciéndole dormir en el suelo del piso en el que habitaban. A veces, le quitaban las muletas con las que se ayudaba para su discapacidad, forzándole a arrastrarse para moverse para dar más lástima a los transeúntes y así obtener más beneficios. Ni siquiera le daban ni agua ni comida en todo el día, teniendo que alimentarse de lo que los viandantes le regalaban, llegando a tener que hacer sus necesidades en la vía pública. A las diez de la noche le recogían de vuelta a casa, aunque en distintos momentos del día se acercaban al lugar donde estaba pidiendo para recaudar el dinero obtenido. La Audiencia Provincial de Alicante ha considerado probados todos estos extremos para imponer nueve años de cárcel a cada uno de los dos miembros de un matrimonio acusado de explotar a un discapacitado para ejercer la mendicidad, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

«Me ponían a pedir en la calle y si no conseguía 80 euros me pegaban»

El fallo, que no es firme y contra el que cabe recurso, condena a ambos por un delito de trata de seres humanos. Junto a ellos en el banquillo se sentaban las dos hijas de la pareja a quienes se condena a diez meses de cárcel, una pena inferior a la de sus padres, ya que se estima que aunque colaboraron en la situación de utilización y sometimiento de la víctima, no tuvieron el mismo papel que los primeros. El quinto acusado era el marido de una de las hijas, que ha quedado absuelto al no haber quedado probada su participación en los hechos.

Encarcelamiento

Una vez que acabó el juicio, celebrado a finales del pasado noviembre, el tribunal dictó el encarcelamiento provisional del matrimonio hasta que se dictara la sentencia al entender que había riesgo de fuga ante las elevadas penas a las que se enfrentaban. Una medida que ya anticipaba que la resolución iba a imponer condenas altas.

Además de los nueve años de cárcel, el fallo dicta una orden de alejamiento por el que no podrán acercarse ni contactar con la víctima durante doce años y también deberán indemnizarle con 20.000 euros. En el caso de las hijas, la orden de alejamiento es de cuatro años y la indemnización de 6.000 euros.

Miedo a hablar

La principal prueba de cargo ha sido el testimonio de la propia víctima, que en un primer momento tenía miedo de hablar. «Es desgraciadamente habitual en los delitos de trata de seres humanos que la víctima se encuentra inicialmente condicionada por sus controladores y progresivamente vaya perdiendo el miedo a narrar los hechos a los que ha sido sometida conforme va ganando confianza en un país donde no tiene arraigo y ante personas que pretenden ayudarla superando las barreras idiomáticas» relata el fallo. Su testimonio se ha visto corroborado por otros testigos.

La Audiencia manda a prisión a un matrimonio acusado de obligar a un compatriota a pedir limosna en Alicante

La víctima vivía con su madre en Rumanía, que era quien cuidaba de él, dadas sus limitaciones físicas. Los acusados, que eran sus vecinos, contactaron con él en el año 2012 una vez que murió su madre con la promesa de que iban a cuidarle, aunque lo que hacían era tenerlo pidiendo en la calle y cobrando el dinero de su pensión. Un año después, le propusieron trasladarse a España, donde le prometieron que iban a ganar mucho dinero. «A la vista de las expectativas creadas y sus circunstancias personales de soledad y cierta confianza en quienes conocía como vecinos de la familia» determinó el «engaño» para que la víctima accediera a venir a España con los acusados razona la resolución judicial.

En ella se argumenta que estas circunstancias determinaron también una situación de superioridad, ya que en cuanto llegaron a España le retiraron la documentación y «le sometieron a un riguroso régimen de explotación», «aprovechando groseramente su situación de minusvalía para mover a la compasión de los viandantes». La situación se mantuvo hasta 2022, en el que la Policía logró reunir suficientes pruebas para actuar contra ellos.

Suscríbete para seguir leyendo