Denuncian a 21 personas por construcciones ilegales en una zona protegida e inundable de Alicante

La Guardia Civil ha desmantelado en Alicante un entramado fraudulento de compra y venta de parcelas en suelo rústico no urbanizable y ha investigado a 14 hombres, 6 mujeres y una persona jurídica por delitos sobre ordenación del territorio y urbanísticos, así como contra los derechos de los trabajadores.

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil inició la investigación tras detectar la parcelación y construcciones ilegales en una finca rústica del término municipal de Alicante. La finca está ubicada en una zona protegida e inundable, donde no está permitida la edificación, según la Guardia Civil.

Los agentes pudieron determinar durante las primeras actuaciones que la parcela, de unos 11.000 metros cuadrados de superficie, había sido dividida en 12 subparcelas, delimitadas y con construcciones en distintas fases de ejecución. Asimismo, se detectó la instalación ilegal de un sistema de suministro de agua no potable sin la correspondiente licencia urbanística, afirma la Guardia Civil.

Las pesquisas revelaron que la finca había sido adquirida por una mercantil creada específicamente para su compra y posterior venta en participaciones a diferentes compradores. Estos contratos privados encubrían la asignación de distintas subparcelas a cada adquirente, que conocían plenamente la ilegalidad de la parcelación y la imposibilidad de construir legalmente en ellas.

Una vez concluida la investigación la Guardia Civil ha procedido a la imputación de las personas físicas implicadas, tanto vendedoras como compradoras, así como de la persona jurídica responsable de la parcelación ilegal. Además, se ha identificado a una persona como constructor ejecutor de la mayor parte de las edificaciones ilegales.

Extranjeros sin contrato

Los agentes también descubrieron durante sus pesquisas que parte de las obras fueron ejecutadas por un constructor que empleaba de manera habitual a trabajadores extranjeros en situación irregular en España. Estas personas carecían de contrato de trabajo y no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

La investigación del Seprona ha revelado que los trabajadores eran contratados sin ningún tipo de medida de protección laboral, sin equipos de seguridad y en condiciones claramente inferiores a las establecidas legalmente. Además, en varios casos no llegaron a percibir el salario por el trabajo realizado, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

A los investigados, 14 hombres y 6 mujeres de entre 25 y 66 años, y una persona jurídica, se les imputan los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, así como delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. La Guardia Civil ha dado cuenta de las diligencias instruidas a los Juzgados de Alicante. 

Enfrentamiento vecinal

«Se vende parcela por menos de 15.000 euros a diez minutos de Alicante». Bajo anuncios con apariencia de chollos se escondía una peligrosa letra pequeña, que se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos de las partidas rurales de la ciudad. En los portales de compraventa de propiedades se acumulan decenas de anuncios en los que se ofertan solares de entre 300 y 10.000 metros muy por debajo del valor medio del suelo urbano en la zona.

En la práctica, estas operaciones inmobiliarias ahora perseguidas por la Guardia Civil se han traducido en la proliferación de asentamientos de chabolas. Una situación que los vecinos ya advirtieron tanto al Ayuntamiento como al propio Seprona. La Asociación de Vecinos La Cañada del Fenollar anunció a las administraciones que los residentes en las zonas afectadas «están experimentando un aumento de la inseguridad y de la degradación de la convivencia», así como que sus propiedades «están perdiendo valor debido a la proximidad de estos asentamientos no autorizados».

Mano dura de la Generalitat contra los poblados de chabolas ilegales en Alicante

Tras ello, la Generalitat Valenciana abrió expediente a unas cuarenta parcelas en las que podría haber cientos de estructuras irregulares, y anunció que reclamaría a sus propietarios que devuelvan los terrenos a su estado original. De lo contrario, podrían exponerse hasta a una decena de multas por cada propiedad.

Ahora, después de la actuación de la Guardia Civil, los vecinos celebran los avances en la lucha contra los asentamientos ilegales aunque advierten de que esta investigación es solo el primer paso, ya que las construcciones de chabolas se han multiplicado en los últimos meses, pese a las denuncias de los residentes. 

«Nos sentimos felices por las actuaciones, la Fiscalía y el Seprona parece que están haciendo su trabajo», ha señalado José Cremades, presidente de la asociación vecinal de la Cañada del Fenollar. Sin embargo, ha apuntado también que «la situación sigue siendo mala», algo de lo que culpa directamente al gobierno local por no haber actuado a tiempo: «Este problema que tenemos es la consecuencia dela inacción del Ayuntamientode Alicante y de la Concejalía de Urbanismo».